Plan de Medidas Antifraude del Ministerio de Sanidad

Uno de los principales objetivos a la hora de gestionar los recursos públicos debe ser siempre el de garantizar la aplicación de una política antifraude. Para ello las administraciones públicas deben asumir en todo momento en su actuación un compromiso claro y efectivo a la hora de perseguir el fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.

El objetivo de la política antifraude debe centrarse en la promoción, dentro de cada organización, de una cultura organizacional que desaliente y persiga toda actividad fraudulenta, facilitando su prevención y detección y promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la erradicación de estos supuestos cuando se produzcan.

El fraude no sólo conlleva consecuencias financieras, sino que además perjudica gravemente la reputación del organismo responsable de la gestión de los fondos públicos que le correspondan. Todo ello adquiere especial relevancia en el contexto actual en relación con los organismos responsables de la gestión de los fondos para España procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión europea (PRTR), fondos “Next Generation EU”, como instrumento temporal de financiación pública para la recuperación de los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus.

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