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1 de febrero de 2012. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha comparecido hoy ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, para explicar las líneas básicas que seguirá al frente del departamento. Mato ha anunciado que propondrá al Parlamento un gran Pacto de Estado Social y Sanitario. La ministra ha propuesto sentar las bases del acuerdo con las Comunidades Autónomas antes de elevarlo a la categoría de Anteproyecto de Ley. Para Mato esta iniciativa será un “propósito irrenunciable”, estará regida por el principio de solidaridad social y sanitaria, y colocará “al ciudadano en el centro del sistema”. El objetivo es llegar a implantar, por primera vez en España, un modelo sociosanitario que integre los cuidados de salud y la atención social.

 

El pacto propuesto por la ministra tendrá su máxima expresión en la Ley de Servicios Básicos anunciada por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura. La sanidad “pública, gratuita y universal” será uno de los pilares del pacto. Mato ha señalado que afrontará los problemas de financiación con una “austeridad” que ya ha empezado a aplicar, con la reestructuración del Ministerio y la reducción en un 25 por ciento de los altos cargos.

 

La ministra, asimismo, ha apostado por la cohesión y la equidad. Una herramienta esencial para lograrla será una cartera básica de servicios común para todo el Sistema Nacional de Salud, con suficiencia financiera. Como ejemplo, ha citado el objetivo de consensuar un calendario de vacunación común para todas las Comunidades Autónomas, que garantice que todos los niños reciben las mismas vacunas con independencia de su lugar de residencia.

 

Con el refuerzo a la cartera de servicios, la ministra también pretende eliminar trabas para los pacientes a la hora de ser atendidos en una Comunidad Autónoma distinta a la suya de residencia, y crear una tarjeta sanitaria única válida para toda España. Se trata de una de las novedades encaminadas a completar la “e-salud”, o incorporación de las nuevas tecnologías a la sanidad. En este punto, Mato ha destacado que se generalizará la historia clínica digital y la receta electrónica.

 

En cuanto a la política farmacéutica, Mato ha recordado que la factura farmacéutica representa un 22 por ciento del gasto sanitario total. Para garantizar la sostenibilidad, ha señalado que se avanzará hacia un nuevo modelo de prestación farmacéutica, con medidas como asegurar el acceso a todos los ciudadanos a los medicamentos necesarios. Además, se impulsará la participación de las comunidades autónomas en la política farmacéutica, y se les facilitará conseguir los fármacos a un menor precio, a través de una central de compras. Los pacientes, por su parte, tendrán garantizado el acceso a los medicamentos más innovadores, siempre que aporten realmente un valor terapéutico añadido. A la vez, se seguirá incrementando el porcentaje de fármacos genéricos hasta alcanzar el promedio de la Unión Europea.

 

En el apartado de la gestión de la asistencia sanitaria, la ministra ha anunciado un sistema integrado de atención centrado en el paciente, que sea más flexible, garantice la continuidad asistencial a pacientes crónicos y la integración entre atención primaria y especializada, reduciendo tiempos de espera y pruebas innecesarias. La ministra ha apostado, además, por la libre elección de los pacientes, para dar cumplimiento a la Ley de Autonomía del Paciente, aprobada en 2002.

 

Sobre los profesionales santiarios, “el principal activo de nuestro sistema”, en palabras de la ministra, ha asegurado que las prioridades serán el Registro de Profesionales Sanitarios, la troncalidad, las Áreas de capacitación específica, la reorientación del grado y del MIR, las nuevas especialidades y un mayor nivel competencial.

 

En cuanto a la investigación, Mato ha asegurado que su propósito es situar a España entre los países líderes a nivel mundial en investigación biomédica, y ha anunciado la creación de una plataforma de innovación sanitaria que identifique y promueva la incorporación de las mejores prácticas.

 

Los servicios sociales son el otro pilar del Pacto de Estado propuesto por la ministra. En este apartado, Mato se ha comprometido a mantener la Ley de Dependencia, “un avance al que no podemos renunciar”. Sin embargo, ha constatado el “fracaso” del modelo de financiación. Por ello, ha anunciado “una evaluación profunda y rigurosa” de la norma, que elimine desigualdades en su aplicación y de la que salgan propuestas que garanticen su viabilidad, y que las prestaciones lleguen antes a quienes más las necesitan.

 

La ministra ha explicado, además, que en el acuerdo que planteará a las Comunidades Autónomas, incluirá la propuesta de un catálogo de prestaciones en servicios sociales, que determine cuáles son las prestaciones a las que pueden acceder los ciudadanos en el conjunto del territorio, así como los requisitos y condiciones para acceder a ellas. En este sentido, la ministra planteará unos criterios comunes básicos.

 

En el bloque dedicado a los servicios sociales, Mato ha hecho una mención especial a las familias, que son “la principal ONG de nuestra sociedad”, en su papel de “red de protección social frente a la exclusión”. Para estudiar los problemas a los que se enfrenta, ha anunciado la elaboración de un Plan Integral de Apoyo a la Familia. Tendrá en cuenta un tratamiento unitario de la familia, y contemplará medidas en materia de conciliación de la vida familiar y laboral que favorezcan la libertad de elección de hombres y mujeres a la hora de gestionar sus responsabilidades, así como en el ámbito de la mediación familiar. También se adoptarán acciones específicas para las familias numerosas. Asimismo, la ministra ha anunciado que se actualizarán y agilizarán los procesos de adopción y acogimiento.

En cuanto a los menores, la ministra ha anunciado un nuevo Plan Estratégico Nacional de la Infancia y Adolescencia 2012-2015. Este proyecto incluirá medidas para “frenar la desprotección de los menores en las redes sociales, Internet y los medios audiovisuales”. Asimismo, contará con un plan específico de prevención de adicciones, en el que se abordará el consumo de alcohol, cada vez más frecuente en menores de edad.

 

En el bloque dedicado a los jóvenes, Mato ha recordado que “España tiene una tasa de paro juvenil superior al 48 por ciento. Para hacer frente a esta situación, el Ministerio impulsará un Plan Estratégico de Emancipación Juvenil, con acciones específicas destinadas a crear empleo y a facilitar el acceso a la vivienda.

 

Para los mayores, la ministra ha adelantado un Estatuto del Mayor. Se trata de un compromiso del presidente del Gobierno que tendrá como objetivo evitar cualquier forma de discriminación o abuso, y de una herramienta con la que se garantizará la autonomía de los mayores y su libre elección de servicios médicos o sociales.

 

 

Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad también le corresponden las competencias en materia de consumo. En este punto, la ministra ha anunciado una Ley de Atención al Consumidor. Esta norma constatará un cambio en los métodos de vigilancia. “Si los consumidores compran hoy de distinta manera, la política también debe cambiar”, ha explicado Mato. De este modo, se prestará especial atención a las ofertas difundidas en Internet y a los sectores donde los usuarios reclaman más atención: telecomunicaciones, transportes, servicios bancarios y suministro de energía.

 

Aunque el próximo 9 de febrero está prevista la comparecencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la Comisión de Igualdad del Congreso, Mato ha aprovechado su primera intervención parlamentaria como ministra para hacer un anuncio sobre la lucha contra la violencia de género. Se trata de un Plan Personalizado contra la Violencia de Género, con el objetivo prioritario de proteger a las mujeres amenazadas y a sus hijos menores de manera individualizada. Mato ha afirmado que la primera tarea del Ministerio que dirige es la de “estar permanentemente vigilante en relación con la violencia ejercida contra las mujeres”.