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6 de marzo de 2012. El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, ha manifestado hoy su intención de establecer una norma con el suficiente rango legal como para homogeneizar la edad de acceso al consumo de sustancias legales con potencial adictivo, como el alcohol. Babín ha hecho este anuncio en el Congreso de los Diputados, en su intervención ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, donde ha comparecido para exponer las principales políticas en materia de drogas y adicciones que va a llevar a cabo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

 

Entre las novedades, destaca este proyecto, pues España carece de una ley que unifique la edad a la que se puede acceder a las denominadas drogas legales, a excepción del tabaco. Pero no será la única acción dirigida a los menores. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD) desarrollará acciones de prevención de las adicciones en el ámbito escolar, a través de las AMPAS. También incidirá en el ocio alternativo, sobre todo para los colectivos en especial riesgo de exclusión y de inicio o consolidación de consumos.

 

Asimismo, en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Policías Locales, se pondrá en marcha un protocolo de actuaciones preventivas para menores en situación de riesgo y su entorno familiar. Al mismo tiempo, el delegado del Gobierno ha anunciado que el Plan tendrá “un espacio de trabajo propio, en las redes sociales, como forma de acceder a las poblaciones más jóvenes”.

 

Las acciones dirigidas a los menores no serán las únicas novedades en los próximos meses. De hecho, las estadísticas demuestran que el consumo de estupefacientes no es sólo un problema de los más jóvenes, sino de la población en general: un 7,6 por ciento de la población entre 15 y 64 años ha consumido cannabis en los últimos 30 días, un 5,2 por ciento ha tomado hipnosedantes y un 1,2 por ciento ha consumido cocaína.

 

En este sentido, el delegado del Gobierno ha asegurado que impulsará la atención integral a las adicciones dentro del Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad con el resto de las patologías. De este modo, se potenciarán los “itinerarios terapéuticos personalizados” atendiendo a las características específicas de cada caso.

 

Otra de las novedades anunciadas en la comparecencia es la creación de una Red Nacional de Toxicomanías y Adicciones (RENATA), que establecerá un sistema nacional de información integral e integrado. Esta red incluirá un sistema de alerta temprana en relación con drogas emergentes y otros problemas relacionados.

 

 

En un contexto de crisis económica, Babín ha hecho una mención especial al Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, un elemento esencial para financiar las políticas contra la droga. De su gestión, cuya competencia ostenta la DGPNSD, “depende, en buena medida, la cobertura financiera de las actuaciones y proyectos que se pretenden acometer”.

 

Por ello, ha anunciado que esta legislatura se abordará “una renovación de los instrumentos normativos reguladores del Fondo”. Con esta modificación, se pretende facilitar las relaciones de colaboración con los juzgados en la gestión, tanto de los bienes ya decomisados por sentencia firme, como de los que se determine su venta o destrucción anticipada. De hecho, la nueva regulación incorporará “las medidas necesarias para potenciar la venta o destrucción de los bienes intervenidos” antes de que exista la sentencia judicial firme.

 

Del mismo modo, se pretende definir “nuevas alternativas de destino de los bienes adjudicados”, y permitir que los ingresos obtenidos puedan emplearse “con un horizonte temporal suficiente para asegurar una dotación más estable y homogénea en los recursos anuales”.

 

Por último, el Delegado del Gobierno ha manifestado que todas las actuaciones relacionadas con las personas que tienen problemas con las drogas, estarán orientadas a la integración familiar, laboral y social y ha hecho hincapié en la necesidad de hablar más de personas que de sustancias tóxicas con potencial adictivo.