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8 de octubre de 2012. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha planteado un reto en el Día Mundial de la Salud Mental: “Superar definitivamente el rechazo social asociado a la enfermedad mental”. Mato ha considerado que “vamos en la dirección adecuada”, pero ha reconocido que aún queda mucho camino por recorrer. Así lo ha asegurado en su intervención en la jornada conmemorativa del Día de la Salud Mental celebrada hoy en el Ministerio.

 

A juicio de Mato, “la percepción del enfermo mental ha ido cambiando”. Frente a la visión del paciente como algo que se debía “aislar y ocultar”, hoy, “con la ayuda de profesionales y el adecuado tratamiento pueden llevar una vida plena”. En este cambio, ha ensalzado el papel de la familia, “una pieza clave para afrontar la enfermedad y la reinserción del enfermo”.

 

La ministra ha destacado que promover la salud mental  requiere respeto a los derechos humanos y la dignidad de los pacientes, en cuestiones como el cumplimiento de las terapias y las hospitalizaciones involuntarias. Por ello, y en cumplimiento del compromiso con la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad en materia de capacidad jurídica, ha anunciado que el Gobierno trabaja ya en la adaptación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

La ministra ha explicado que, debido a la alta incidencia de las enfermedades mentales y al hecho de que quienes las sufren, en muchos casos, desarrollen otros problemas de salud físicos y el elevado coste social, económico y familiar, hace que “trabajar para promover el estado de buena salud mental sea la mejor inversión que podemos realizar”. Mato ha indicado que “al menos un 9% de la población española padece algún tipo de trastorno mental”, y hasta el 15% lo desarrollará en algún momento de su vida. De los tres millones de personas con discapacidad, una de cada diez lo es por padecer alguna enfermedad mental.

 

Desde el punto de vista económico, el impacto global de los problemas de salud mental en la Unión Europea supone un coste de entorno al 3-4% del PIB. En este cálculo se tienen en cuenta costes directos (cuidados del enfermo) e indirectos (pérdida de productividad y absentismo laboral).

 

Por todo ello, “las repercusiones de la salud mental a nivel laboral, social y económico son muy importantes”, y para mejorar la atención, “debe realizarse de forma integral”. En esta tarea, Mato ha destacado iniciativas del Ministerio, como la vinculación de las prestaciones sociales con las sanitarias.

Asimismo, ha recordado que, junto con las Comunidades Autónomas y las sociedades científicas y de pacientes, “trabajamos para alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia de Salud Mental 2009-2013”. Se trata de una estrategia que “nos responsabiliza como instituciones sanitarias frente a pacientes y familiares de la protección de la salud mental”, al tiempo que “garantiza la equidad, comprensividad, continuidad y accesibilidad a tratamientos de calidad en toda España”. Finalmente, la ministra ha señalado los trabajos emprendidos para armonizar toda la normativa existente en una única Ley General de Discapacidad, que será una garantía de igualdad de oportunidades y no discriminación para estos pacientes.

 

La ministra ha concluido su intervención agradeciendo la labor de la Confederación Española de Agrupaciones y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES). De esta entidad ha reconocido su “papel fundamental” en la elaboración de la Estrategia de la Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, y a ella le ha ofrecido todo el “apoyo y colaboración del Ministerio”.