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La decisión, adoptada por los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se ha producido a raíz del aumento en el Sistema de personas dependientes con prestación reconocida, exactamente 21.252. Al mismo tiempo, la lista de espera, que a comienzos de año se cifró en más de 305.000 personas, se ha rebajado en 74.087 dependientes. Habida cuenta de estas cifras, y como quiera que resulta prioritario preservar el modelo de Dependencia incluso en adversas condiciones económicas, el Gobierno cumple una Ley en cuya defensa está plenamente comprometido y eleva en 117 millones de euros este umbral.

 

La reforma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para mejorar y hacer sostenible el Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia está mostrando ya algunos resultados: el ahorro para la Administración General del Estado se sitúa en los 835 millones de euros, cuantía que proviene de la supresión del nivel acordado de financiación (305 millones), de la suspensión de las cotizaciones a la Seguridad Social de la prestación económica para cuidados familiares (330 millones de gasto en 2011) y de la bajada de la prestación para los no profesionales que cuidan a personas dependientes (220 millones de ahorro sobre el nivel mínimo).

 

Ninguna de estas medidas centradas en la reducción del gasto del Sistema de Dependencia y orientadas a convertir en sostenible un modelo acuciado por la escasez de recursos ha evitado, sin embargo, que éste deje de funcionar. Al contrario, han seguido entrando personas en el Sistema y se ha ido ajustando la lista de espera. Ahora, debido a estos dos factores, habrá 117 millones más para que las Comunidades Autónomas financien la Dependencia.

 

La evolución respecto al año pasado es ilustrativa: el crédito inicial en 2011 fue de 1.084 millones de euros, pero también se amplió para cumplir la Ley en 202 millones hasta alcanzar la cuantía de 1.286 millones de euros. Este año, aunque se suprimió el nivel acordado, el Gobierno elevó el mínimo de financiación para dejarlo en 1.288 millones de euros. Tras la ampliación de crédito de 117 millones acordada hoy, la cantidad asciende a 1.405 millones de euros, concretamente 119 más que un año antes. 

 

 

 

La ampliación del nivel mínimo de financiación del Sistema de Dependencia es una medida que beneficia especialmente al colectivo de las personas con discapacidad, pues muchas de ellas son dependientes en diferentes grados, y como tales, se acogen a los recursos y servicios del modelo.

 

Se rubrica así la defensa que el Gobierno hace de este colectivo, pues no se trata de una decisión aislada, sino de un elemento más del listado que en los últimos meses ha ido completando el Ejecutivo con el fin de trasladar a estas personas un mensaje de seguridad y compromiso.

 

Ya en la reforma sanitaria se incluyeron medidas para reducir la aportación al gasto farmacéutico que hacen las personas con discapacidad, y más adelante, con la regulación de la cartera de productos ortoprotésicos, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad igualó los precios en todo el territorio y dejó fuera de cualquier aportación al pago a los ciudadanos de esta condición con inferior volumen de renta.

 

En el Real Decreto Ley para la paralización durante dos años de los desahucios, el Gobierno manifestó su sensibilidad con las personas con discapacidad, ya que incorporó al grupo de colectivos protegidos a las familias con personas con discapacidad a su cargo y a las propias personas con discapacidad.

 

Recientemente, el BOE publicó la resolución por la que se repartía el total de más de 280 millones en concepto de subvenciones con cargo al IRPF. Los programas, proyectos e inversiones relacionadas con la Discapacidad aglutinaron unos 47 millones de euros, lo que convirtió a este colectivo en el segundo más beneficiado de la convocatoria. En esta misma línea, la futura Ley de Justicia Gratuita eximirá del pago de tasas, abogados y procuradores en procesos civiles a estos ciudadanos.

 

Asimismo, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y el de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, transmitieron a los miembros del CERMI esta misma semana que el Gobierno, por medio del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ha abonado ya unos 339,6 millones de euros para cubrir los pagos pendientes con los proveedores de servicios sociales. Las CCAA se encargarán de la tramitación de dichos pagos.