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Ana Mato: Una sociedad democrática avanzada pasa por situar como primera de las prioridades la atención a las personas con discapacidad
- Presentación de la Constitución en lengua de signos española y catalana
- En el Día Internacional de la Discapacidad, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad expresa el compromiso del Gobierno para “construir, desde el día a día, una sociedad más justa y solidaria” con la participación de todos
- La Carta Magna garantiza la igualdad ante la ley y conmina a los poderes públicos a realizar cuantas acciones sean necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos
- Mato integrará en “un único cuerpo legal” todas las leyes “trascendentales para la inclusión de las personas con discapacidad” nacidas desde que fue aprobada la Constitución
3 de diciembre de 2012. “Queremos
establecer una sociedad democrática avanzada, que cuente con
todos y para todos. Y eso pasa por situar como primera de las
prioridades la atención de las personas con
discapacidad”. Éste es el compromiso del Gobierno que
ha expresado hoy la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, coincidiendo con el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad y con la semana de la
conmemoración del 34º aniversario de la
Constitución Española.
Mato ha hecho estas declaraciones en el acto de
presentación de la Carta Magna traducida a las lenguas de
signos española y catalana, organizado por la
Confederación Estatal de Personas Sordas en el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales. En el encuentro,
donde ha acudido junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, la ministra ha expresado,
asimismo, la intención del Gobierno de “construir,
desde el día a día, una sociedad más justa y
solidaria que, como dice nuestra Constitución en su
preámbulo, garantice la convivencia de todos los ciudadanos
conforme a un orden económico y social justo”.
Mato ha recordado que “nuestra Norma Suprema consagra a
España como un Estado Social, en el que todos los ciudadanos
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ningún
tipo de discriminación”. Asimismo, en su
artículo 49, conmina a los poderes públicos “a
realizar cuantas acciones sean necesarias para que las personas con
discapacidad puedan ejercer sus derechos como cualquier otro
ciudadano”. En esta tarea, ha asegurado, está
implicado el Gobierno, “especialmente cuando se trata de
apoyar al mundo de la discapacidad”.
Entre las acciones emprendidas para lograr el objetivo de la
plena integración, la ministra ha señalado la
integración “en un único cuerpo legal” de
cuantas leyes para la inclusión de las personas con
discapacidad han nacido desde que fue aprobada la
Constitución.
La ministra también ha destacado el aumento de 117
millones de euros del nivel mínimo de financiación de
la atención a la dependencia, aprobado el pasado viernes en
Consejo de Ministros, para cubrir el incremento del número
de beneficiarios que tienen reconocida la prestación.
