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27 de febrero de 2013. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha reiterado hoy su ofrecimiento de un gran Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales, pues “hoy es más necesario que nunca un gran acuerdo” en esta materia “que a similitud de lo ocurrido con el Pacto de Toledo, dote con una protección excepcional la viabilidad y sostenibilidad de los servicios básicos del Bienestar”. Así lo ha asegurado durante su comparecencia, a petición propia y para responder a las cuestiones planteadas por los distintos grupos, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados.

 

En su intervención, Mato ha hecho balance de su primer año al frente del Ministerio, tanto en el área de Sanidad como de Servicios Sociales, y ha dado por logrados los objetivos de política social y sanitaria propuestos al inicio de la legislatura para este primer año de gobierno.

 

En concreto, “hemos reformado el Sistema Nacional de Salud para hacerlo más sostenible, equitativo, eficiente y de calidad, manteniendo en todo momento su carácter público y universal, pero reforzando su gestión y orientándolo a las necesidades del paciente”, ha asegurado. En el ámbito sanitario la ministra, además, ha subrayado que el Sistema nacional de Salud ha logrado ahorrar un 42% de los 7.267 millones de euros previstos. Es decir, 3.063 millones.

 

En el área de los servicios sociales, ha destacado la “mejora del Sistema de Atención a la Dependencia, para hacerlo más justo, solidario, equitativo, sostenible y ágil”.

 

Además, la ministra ha explicado que se están dando “los primeros pasos del Acuerdo Sociosanitario” para dar garantía de continuidad en la atención y los cuidados sociales y sanitarios.

 

En materia sanitaria, la ministra ha destacado la Reforma que quedó plasmada en el Real Decreto-ley 16/2012, del que ha dicho que “ha cumplido el propósito para el que fue elaborado: garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”.

 

 

En farmacia, se ha pedido “un esfuerzo a los ciudadanos, pero también, y sobre todo, a la industria farmacéutica”. Mato ha recordado que el gasto farmacéutico estaba cinco puntos por encima del de países como Alemania o Francia. Tras la puesta en marcha de las medidas en política farmacéutica, 2012 ha concluido con un descenso en el gasto en farmacia del 12,26%. La ministra, además, ha anunciado el dato sobre el gasto farmacéutico en enero de 2013, que continúa la tendencia con un descenso superior al 13%, casi 118 millones de ahorro en sólo un mes, con lo que el ahorro interanual (enero 2012-enero 2013) es ya de 1.408 millones.

 

Además, ha subrayado que se ha conseguido “que cerca de 1.000 presentaciones de medicamentos hayan modificado su precio a la baja”. La prescripción de genéricos, mientras, ha alcanzado el 34,4%.

 

Todo ello, con “un nuevo sistema de aportación en la prestación farmacéutica más equitativo y solidario, en el que aporta más el que más tiene, a la vez que salvaguarda a los que menos tienen”. Así, por ejemplo, los parados de larga duración, por primera vez están exentos de pagar sus medicinas.

 

 

En cuanto a las deudas de las administraciones, la ministra ha recordado la puesta en marcha del Plan de Pago a Proveedores, y ha señalado que el 73% de su presupuesto se destinó para pagar facturas sanitarias. Con posterioridad, se puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico, que ha permitido saldar las deudas que mantenían algunas CC AA con las oficinas de farmacia. Como consecuencia de estas medidas, el tiempo medio de pago a la industria farmacéutica se ha reducido a la mitad.

 

 

En cuanto al aseguramiento, la ministra ha destacado que se ha ampliado la universalidad y por primera vez se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, incluyendo no sólo a los parados de larga duración, sino también a grupos tradicionalmente excluidos, como los profesionales colegiados. Gracias al cruce de datos de las casi 45 millones de tarjetas sanitarias individuales se ha constatado que había 800.000 titulares que constaban como beneficiarios cuando debían ser asegurados. De ellos, 200.000 eran beneficiarios de un pensionista.

 

Además, se ha terminado con los abusos del turismo sanitario, que había costado 1.000 millones al año a las arcas públicas. En cuanto a los extranjeros, la ministra ha dicho que “hoy están en igualdad de condiciones ante la sanidad que los españoles cuando viajan”, con la salvedad de que la cobertura para los inmigrantes en situación irregular es mucho más amplia.

 

 

La ministra ha destacado, asimismo, que con la Plataforma de Compras Centralizada se han conseguido unos ahorros de 80 millones, más 37 sólo en vacunas. Mato ha mencionado un caso concreto, “el precio de una de las vacunas que se ha fijado en torno a 31 euros, cuando había CC AA que lo pagaban a 70”.

 

 

Mato también ha recordado que los españoles ya poseen una Tarjeta Sanitaria Interoperable para todo el territorio español, y en breve estarán completamente implantadas la Historia Clínica Digital y la Receta Electrónica. La ministra ha afirmado que, en su última reunión con el comisario europeo de Sanidad, Tonio Borg, acordó incluir la interoperabilidad de las tarjetas sanitarias a nivel comunitario en la Directiva Europea de Derechos de los Pacientes.

 

 

En cuanto al consumo, la ministra ha destacado la mejora en el sistema arbitral de consumo, en el que España es pionera en Europa, y la próxima aprobación del Reglamento del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

 

Mato, asimismo, ha informado sobre las actuaciones realizadas en relación con el supuesto fraude de la carne de caballo. Tras hacer un llamamiento a la tranquilidad y recordar que no se trata de un problema de seguridad alimentaria, sino de fraude, ha explicado que España participará en el programa de seguimiento intensivo determinado por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria de la Comisión Europea, entre el 1 y el 31 de marzo. En relación a este caso, la ministra ha afirmado que, “lo que hay que hacer es encontrar a los responsables, perseguirlos y condenarlos”.

 

En el bloque dedicado a los Servicios Sociales y la Igualdad, la ministra ha afirmado que una de las mayores preocupaciones del Gobierno “son las situaciones de pobreza y exclusión social”, que se han disparado con la crisis económica. En este sentido, ha mostrado su “compromiso político y personal” para revertir esta situación.

 

 

La ministra ha recordado que, al final de la anterior Legislatura, en España vivían nueve millones de personas por debajo del umbral de la pobreza. Especialmente preocupante es la situación de los niños pues, de acuerdo con Unicef, dos millones están en esta situación en España.

 

Ante esta situación, el Gobierno, ha asegurado, está “sentando las bases para modernizar la protección social en aras de una mayor cohesión y justicia social”. Por ello, la ministra ha anunciado la presentación, en las próximas semanas, del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, con medidas concretas y específicas para luchar contra la pobreza.

En cuanto a la situación de los menores, Mato ha señalado que el Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia 2013-2015, que aprobará en los próximos días el Consejo de Ministros, mejorará “los sistemas de protección contra la pobreza y contra el maltrato infantil, reforzando los sistemas de detección, registro y notificación de casos de sospecha”.

 

Asimismo, el Ministerio trabaja en una nueva Ley del Tercer Sector de Acción Social, que dé estabilidad financiera a las ONG y mejore la coordinación entre estas entidades y la Administración.

 

 

En cuanto a la Reforma de la Ley de Dependencia, la ministra ha destacado que supone una “mejora del Sistema para hacerlo más justo, solidario, sostenible y ágil”. Así lo demuestran los datos: A principios de 2012, el sistema estaba desbordado, con una lista de espera de 300.000 personas, el 57% de ellas grandes dependientes y dependientes severas. Además, el Estado acumulaba una deuda de más de 1.000 millones de euros por cuotas impagadas a la Seguridad Social de los cuidadores. La falta de control y transparencia fue detectada incluso por el Tribunal de Cuentas.

 

Hoy, sin embargo, se ha hecho frente a la deuda y hay 75.700 personas menos en lista de espera, lo que supone el nivel más bajo desde la puesta en marcha del sistema.

 

 

La ministra ha hecho una mención especial a las familias que “están soportando gran parte del peso de la recuperación”. El Gobierno, ha dicho, quiere ahora más que nunca estar cerca de ellas, especialmente de las familias numerosas, de las que sufren el paro y de las que tienen hijos menores. Tal y como anunció hace un año, Mato ha asegurado que “estamos a punto de culminar el Plan Integral de Apoyo a la Familia”. Con él, el se pretende “trazar una perspectiva familiar a todas las políticas del Gobierno”. En este sentido, la conciliación “es una de nuestras grandes prioridades”.

 

Además de a de familia, la ministra se ha referido a las políticas de juventud y de mayores. En el primer caso, ha destacado la negociación del Gobierno para que del nuevo Fondo Europeo de Desempleo Juvenil, dotado con 6.000 millones de euros, 920 sean para nuestro país. En el segundo, ha recordado la próxima aprobación del Estatuto del Mayor, y ha reconocido el papel de muchos mayores “que se están convirtiendo en el principal apoyo de sus hijos y sus nietos”.

 

 

Aunque la comparecencia de la ministra ha tenido lugar en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, no ha querido terminar sin hacer una mención a la Igualdad de Oportunidades. “Es una cuestión de justicia y de derechos fundamentales, además de un motor de desarrollo económico y de cohesión social”. En este capítulo, Mato ha hecho especial hincapié en la lucha contra la violencia de género. “Este Gobierno no bajará la guardia mientras haya una sola mujer sometida al abuso y a la violencia”, ha dicho, y ha anunciado la próxima presentación de la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género.

 

En suma, la ministra ha concluido su intervención asegurando que se han consolidado las bases para atender de manera eficaz las necesidades de personas de grupos prioritarios, como la infancia, las mujeres, en especial a las que sufren violencia de género, las personas con discapacidad, las familias, los mayores y los jóvenes.