Noticias
El Instituto Nacional de Consumo dicta 2.000 laudos e inicia otros 2.500 expedientes en el primer mes de arbitraje de las preferentes
- Procedimiento especial de la Junta Arbitral Nacional
- El organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad firma un convenio con la Abogacía del Estado para impulsar esta labor, con la designación de 23 abogados del Estado como nuevos árbitros
11 de julio de 2013. Ha transcurrido un mes
desde que, a principios de junio, se iniciara el procedimiento
especial de arbitraje de conflictos generados por la
comercialización inadecuada de preferentes. En este tiempo,
la Junta Arbitral Nacional de Consumo, adscrita al Instituto
Nacional de Consumo (INC), ha dictado 2.000 laudos, todos ellos
estimatorios, y ha iniciado además otros 2.500
expedientes.
Esta tarea la ha llevado a cabo con una decena de
árbitros, técnicos del INC y licenciados en Derecho,
que han hecho frente a un importante volumen de reclamaciones de
consumidores. Ahora, el Instituto prevé agilizar aún
más la tarea, con la firma de un nuevo convenio por el que
se incorporarán nuevos árbitros al procedimiento. Se
trata del acuerdo firmado por la presidenta del INC y secretaria
general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, y la Abogado General
del Estado, Marta Silva, por el que ambas instituciones
colaborarán para llevar a cabo el procedimiento.
En virtud de este convenio, 23 abogados del Estado
serán designados como nuevos árbitros, por lo que la
Junta Arbitral de Consumo estará en condiciones de resolver
el gran volumen de reclamaciones de los afectados que hayan sido
aceptadas, así como de asegurar su resolución en un
plazo de tiempo reducido.
Desde que se designó a la Junta arbitral como encargada
de resolver estos conflictos se pusieron en marcha todos los
mecanismos para dotarla de todos los recursos materiales y humanos
necesarios para encontrar una solución a un problema de
importante repercusión social, tanto por sus
características como por el volumen de afectados.
Todo ello ha supuesto un gran reto para el INC, que ha visto,
desde el primer momento, la necesidad de intervenir para reparar el
daño sufrido por los afectados como consecuencia de una
comercialización inadecuada de estos productos financieros
complejos. Se trata, además, de un gran reto del arbitraje
de consumo, que nunca hasta ahora había resuelto conflictos
financieros ni había tenido que atender un volumen tan
importante de reclamaciones de consumidores.
