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Ana Mato ha destacado que el Plan Nacional para la Inclusión Social es una herramienta necesaria, sobre todo porque el último Plan Nacional de Inclusión se aprobó en 2008, pese a que entre 2008 y 2011 se produjo “el gran salto de la desigualdad en España”.

 

Se trata, ha explicado del “plan más ambicioso de cuantos se han puesto en marcha en España”.

 

En primer lugar, porque se ha elaborado con el consenso de todas las Administraciones. Pero también porque, por primera vez, contempla como objetivo transversal la lucha contra la pobreza infantil, que cuenta con un fondo específico de 17 millones de euros.

 

Además, la ministra ha destacado que “a diferencia de planes anteriores, contempla a todos los grupos que pueden estar en situación de exclusión”. De este modo, y también a diferencia de los planes anteriores, que sólo contemplaban a unos pocos colectivos, éste incorpora a personas con discapacidad, mayores, personas en situación de dependencia, inmigrantes, víctimas de la violencia de género, población gitana, víctimas de discriminación por origen racial o étnico, personas con problemas de adicciones y a los reclusos y ex reclusos. Asimismo, y en particular, contempla a las personas sin hogar, unas 23.000 en España para las que, por primera vez, se desarrollará una Estrategia Nacional Integral.

 

El Plan cuenta con un presupuesto de 136.000 millones de euros para cuatro años y se basa en tres ejes.

 

El primero es el empleo, porque es “la mejor herramienta para combatir y prevenir la pobreza”. Dentro de este eje se enmarcan medidas como la colaboración entre los servicios públicos de empleo, los servicios sociales y las empresas para reforzar su papel en las labores de formación, contratación e inserción laboral de las personas vulnerables. También incluye apoyos específicos para parados de larga duración y mayores de 45 años, fomentando su reciclaje profesional.

 

El segundo eje es la garantía de un sistema de prestaciones que permita apoyar económicamente a las personas más vulnerables y, por tanto, asegurar unos ingresos mínimos a todas las familias.

 

El tercer eje es garantizar la prestación de los servicios básicos. En este sentido, la ministra ha apuntado que gracias a las reformas emprendidas, la sanidad pública sigue siendo plenamente universal y gratuita. Mato ha recordado que los parados de larga duración, que antes de la reforma sanitaria tenían que pagar el 40% del precio de sus medicamentos, por primera vez están exentos de aportación.

 

La ministra ha asegurado que, aunque el contexto actual sigue siendo difícil para muchas familias, las cifras muestran que “las reformas han empezado a dar sus frutos y permiten mirar al futuro con esperanza”.