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La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad: Para el Gobierno, la lucha contra la violencia de género es una verdadera política de Estado
- Celebración del V Congreso del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ
- Susana Camarero demanda continuar con el consenso y la unidad que dieron lugar, hace diez años, a la Ley de Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género
- Considera que la norma ha supuesto la constitución de “un sistema pionero” de protección de las mujeres maltratadas, aunque aboga por seguir trabajando para subsanar algunas “lagunas”, como la defensa de los menores ante esta lacra y la implantación de planes personalizados de ayuda a las víctimas
- Demanda, además, “firmeza” en la aplicación de medidas que refuercen la protección de los menores frente a una lacra que en lo que va de año ha causado la muerte de tres menores
1 de
diciembre de 2014. La
secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana
Camarero, ha subrayado hoy que la lucha contra la violencia de
género es para el Gobierno “una verdadera
política de Estado”, y por ello, ha apelado a
continuar con la unidad y consenso que suscitó hace diez
años la Ley de Medidas de Protección Integral, ya
que, a su juicio, ha forjado “la base de un sistema pionero
de apoyo integral a las mujeres” que padecen malos tratos por
parte de sus parejas o exparejas.
Camarero ha
intervenido en representación del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en el V Congreso del Observatorio de
Violencia Doméstica y de Género del Consejo General
del Poder Judicial, que ha congregado en el Senado al presidente de
la Cámara Alta, Pío García Escudero; al del
Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; al Fiscal
General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y a múltiples
representantes de otros ministerios (Interior y Justicia), de las
fuerzas políticas y de los órganos
judiciales.
Tras comenzar su
intervención con un recuerdo a las 45 mujeres asesinadas en
lo que va de año por violencia de género, a los tres
menores víctimas mortales y a los 33 niños y
niñas que se han quedado huérfanos a causa de esta
lacra, la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad se
ha detenido en el caso ocurrido la semana pasada en Asturias, donde
dos menores fueron asesinados por su padre durante el
régimen de visitas. Camarero ha señalado que
“la realidad demuestra que los menores no sólo padecen
la violencia de género como testigos, no sólo se
quedan huérfanos, sino que son víctimas directas de
la misma, incluso en ocasiones son asesinados por sus padres para
hacer daño a sus madres”.
Por ello,
Camarero ha demandado “firmeza” en asuntos especiales
que contribuyen a la defensa de los intereses de los menores, como
en la concesión de órdenes de protección, que
es “un instrumento imprescindible para las
víctimas”; en la implantación de dispositivos
electrónicos de detección de proximidad de los
agresores; y en “la fijación del régimen de
visitas”.
LA LEY
INTEGRAL DE 2004, “EXPONENTE DEL
CONSENSO”
Hace diez
años la unanimidad parlamentaria se cristalizó en la
aprobación de la Ley de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, una norma que bebe
de medidas implantadas antes, como la Ley reguladora de la orden de
protección y que salió del Parlamento como
“exponente del consenso” de los partidos
políticos, en palabras de Camarero.
La Ley,
según sus palabras, ha formado “la base de un sistema
pionero de apoyo integral a las mujeres maltratadas” e
introdujo los juzgados especializados de violencia contra la mujer,
así como aportó “importantes medidas de
protección, apoyo y prevención” en las
órbitas penal, civil, sanitaria, social y educativa. Para
Camarero, dicha norma “ha conseguido dotar de una enorme
visibilidad a esta lacra social, que ha dejado para siempre la
esfera privada para incorporarse a la pública”. De
hecho, ha concluido, hoy el 98% de los ciudadanos rechaza la
violencia de género, un dato arrojado por un reciente
estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género e “inviable” hace diez
años.
Los logros han
sido numerosos, por lo que la lucha contra esta lacra debe
proseguir con esos mismos grados de consenso y de unidad. El
Gobierno así lo pretende, pues se trata de “una
verdadera política de Estado”.
Con todo,
Camarero ha precisado que existen “lagunas”: una de
ellas tiene que ver con la protección de los menores; la
otra con la relevancia de ofrecer a las víctimas una
atención integral y personalizada.
La secretaria de
Estado ha recordado, en este sentido, que el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad trabaja desde el arranque de la
legislatura en dotar a los menores de unos mayores y más
eficientes mecanismos de protección, empezando por su mayor
visibilización en las estadísticas (se ha
añadido al bagaje oficial la tabla de menores
huérfanos o el cómputo de los que son asesinados),
siguiendo por la actualización del protocolo de
actuación contra el maltrato infantil, que introduce
iniciativas de atención integral a los menores que padecen
violencia de género y sin obviar su consideración
como víctimas en la propia Ley o como grupo vulnerable en la
Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres, lo que facilita su acceso a los derechos e
instrumentos del sistema y su asistencia integral. La reforma de la
legislación de protección de la infancia fortalece,
además, la protección de los menores desde la esfera
judicial.
“La sociedad española
espera y demanda que actuemos con eficacia, rapidez y rotundidad,
protegiendo a las mujeres y a sus hijos y castigando a los
agresores; en definitiva, haciendo justicia”, ha afirmado
Camarero antes de incidir en abordar los retos que se presentan,
como la prevención de la violencia de género en los
adolescentes.
