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31 de mayo de 2013. Unas entidades sociales fuertes, ágiles y dinámicas, pegadas a la realidad y en contacto directo con los ciudadanos y las administraciones. Así serán las entidades sociales del futuro y así quiere el Gobierno que sean, tal y como ha recalcado hoy el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno. Durante su conferencia en el Fórum Social Pere Tarrés, titulada “La inteligencia social: hacia el reto del siglo XXI”, ha avanzado los pilares de la nueva Ley del Tercer Sector, en la que está enfrascado el Ministerio: la garantía de las ayudas, el acceso de cualquier ciudadano, viva donde viva y sea cual sea su circunstancia, y el fortalecimiento de las entidades sociales construirán un Tercer Sector renovado y moderno.

 

Para reforzar el papel de las entidades, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene previsto incluir en la nueva norma la figura de las “Entidades Colaborativas del Tercer Sector”, un estatus novedoso que asegurará la viabilidad de las asociaciones, allanará su colaboración con las administraciones y las colocará en primera línea de las atenciones que demanden los ciudadanos en situación más vulnerable.

 

El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha subrayado, además, la necesidad de afianzar las subvenciones que se reparten por todo el país con cargo al IRPF, previa inscripción de la “X” en la casilla solidaria de la declaración de la renta. Tras animar a los ciudadanos a que rellenen dicha casilla, Juan Manuel Moreno ha desgranado los porqués de la necesidad de apostar por las subvenciones con cargo a este impuesto. En 2012 un total de 203 millones de euros se distribuyeron por todo el país, también en Cataluña, donde 318 proyectos y programas sociales de hasta 131 entidades han podido salir adelante, o bien consolidarse. Los colectivos de personas mayores y de personas con discapacidad han resultado, en Cataluña, los más beneficiados.

 

Por tanto, y no sólo por la recaudación del ejercicio anterior (o de todas las anteriores), el modelo de subvenciones es “ejemplar”. No obstante, hay sentencias del Tribunal Constitucional que abogan por cambiar algunos de los criterios en los que se apoya el reparto, algo que el Ejecutivo anterior no llevó a cabo y que, ahora, debe afrontar la actual administración. El sistema que catapultará el Gobierno, según ha explicado el Secretario de Estado, garantizará la permanencia del mismo sin debilitar a las entidades y adaptado a los requerimientos del alto tribunal. Habrá más coherencia y mayor operatividad en los principios generales del reparto, y siempre dentro de los plazos para lanzar las cuantías de financiación.

   

 

El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha dedicado gran parte de su intervención a explicar los motivos que han llevado al Gobierno a reformar el Sistema de Atención a la Dependencia. El diagnóstico que efectuó el Ministerio de Sanidad en 2012 arrojó unas conclusiones preocupantes, pues enseñaban un modelo desfasado en su financiación, con una deuda de 1.000 millones de euros con la Seguridad Social, con menos puestos de trabajo de los previstos cuando se promulgó la Ley y con una lista de espera de más de 305.000 personas, de los que la mayoría se encuadraban en el nivel de gran dependencia, los más graves. “Hubiera sido sencillo derogar la Ley, pero ése no es ni mucho menos el objetivo del Gobierno”, ha afirmado.

 

Los pilares de la reforma procedieron, ha reseñado, de la necesidad de agilizar los trámites, dar preferencia a los grandes dependientes y de encauzar una financiación sostenible. Un año y medio después, “el Sistema sigue funcionando”, toda vez que ha bajado la lista de espera un 28% desde enero de 2012 y la entrada de beneficiarios continúa produciéndose.

 

 

El reciente anuncio de la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres y el inminente Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades son, desde el primer minuto, prioridades del Ministerio, y es ahora cuando comienzan a materializarse. El primero, compuesto por 258 medidas, dotado de 1.539 millones de euros y con una vigencia para cuatro años, “aislará al maltratador y reforzará la protección de las mujeres y de sus hijos”. El segundo, cuya puesta en marcha se prevé para los próximas fechas, incidirá en la lucha contra la discriminación, abogará por una mayor presencia de mujeres en puestos de dirección y combatirá “horarios improductivos”. “Hay que acabar con el prejuicio de que la mujer dedica más tiempo a las tareas del hogar y el hombre, a las responsabilidades laborales. Es urgente”, ha sentenciado.

 

La lucha contra la pobreza y la inclusión de las personas más vulnerables, a las que la crisis afecta de manera más intensa, verán respuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad antes de fin de año. El Plan de Inclusión Social, con un eje en la promoción del empleo en las personas en riesgo de exclusión, y el Plan de Familia sentarán las bases de una sociedad inclusiva y solidaria.