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Ana Mato anuncia una profunda reforma del marco jurídico de protección de la infancia
- Clausura del I Congreso del Interés Superior del Niño
- La modificación normativa incluirá una regulación estatal de las situaciones de riesgo y desamparo, especificando la intervención adecuada en cada caso
- La “guarda voluntaria” a petición de los padres, no podrá sobrepasar los dos años
- La reforma flexibilizará el acogimiento familiar, que tendrá prioridad sobre el residencial, y agilizará los procesos de adopción
- Más de 14.000 niños en España viven en residencias mientras esperan una familia
20 de noviembre de 2013. En España hay
14.000 niños viviendo en residencias mientras esperan una
familia. Sin embargo, el acogimiento familiar y los procesos de
adopción, tanto nacional como internacional, son lentos. A
finales de 2012 eran más de 10.000 las familias con
expedientes abiertos esperando un niño. Ante esta
situación “la necesidad de una reforma urgente
y profunda del marco jurídico de protección de la
infancia en este ámbito es evidente”.
Así lo ha asegurado la ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, en la clausura del I Congreso del
Interés Superior del Niño, celebrado en el
Ministerio, coincidiendo con el Día Universal del
Niño, y organizado por la Asociación Estatal de
Acogimiento Familiar (ASEAF) y la Asociación de Acogedores
de Menores de la Comunidad de Madrid (ADAMCAM).
La ministra ha detallado algunas de las principales medidas
contenidas en esta reforma, que se llevará a cabo a
través de dos Anteproyectos de Ley en
colaboración con el Ministerio de Justicia, las Comunidades
Autónomas y las ONG dedicadas a la Infancia. Se trata de una
profunda revisión del sistema español de
protección a los menores, por el que se modificarán
diversos artículos de la Ley Orgánica de
Protección Jurídica del Menor, Código Civil,
Ley de Adopción Internacional y Ley de Enjuiciamiento
Civil.
En primer lugar, Mato ha señalado que se plantea
“una regulación estatal más completa de
las situaciones de riesgo y desamparo”,
especificando la intervención adecuada en todas las
situaciones en que puedan encontrarse los menores.
La ministra ha explicado que la llamada “guarda
voluntaria” se limitará a dos años. Se
trata de la figura mediante la cual los padres biológicos
ceden voluntariamente la guarda de sus hijos, que pasan a ser
acogidos, ante situaciones graves que lo justifiquen. Transcurrido
ese plazo, el menor deberá regresar con sus padres o
será dictada una nueva medida de protección
permanente. Se pretende evitar así que se hagan
crónicas situaciones de guardas voluntarias en las que los
padres ceden el cuidado de sus hijos a las administraciones
públicas “sine die”. Por ello, se
considerará que existe desamparo cuando, transcurrido el
plazo de guardia voluntaria, sus responsables legales,
encontrándose en condiciones de hacerse cargo del menor, no
quieran asumirlo. Sin embargo, nunca se considerará
que existe desamparo por la situación económica de
los padres o tutores.
La ministra también ha destacado como novedad la
intención de “dar una oportunidad a los
menores tutelados por una institución de crecer en una
familia”. Por ello, en la reforma legislativa se
planteará flexibilizar el acogimiento familiar,
dándole prioridad frente al residencial, y agilizar los
procesos de adopción. En concreto, no se
acordará el acogimiento en residencias de ningún
menor de tres años, salvo supuestos de
imposibilidad debidamente acreditada.
Además, se facilitará la gestión
administrativa del acogimiento familiar, sin que sea necesaria la
intervención judicial. Por otra parte, se regula
por vez primera el estatuto del acogedor familiar, es decir el
conjunto de derechos y deberes de los
acogedores familiares.
En cuanto a la adopción, se agilizará el
procedimiento, estableciendo por primera vez la guarda con fines de
adopción, para evitar que el menor tenga que
permanecer mientras duran los trámites en un centro de
protección. En relación a la adopción,
además, se evitará por ley que padres que tengan un
hijo tutelado por las administraciones sean declarados
idóneos para adoptar. Es decir, se incluirá la
previsión que familias que hayan “devuelto” un
niño adoptado no puedan optar a una nueva
adopción.
Todas estas medidas se tomarán “con el
objetivo de garantizar el interés superior de los más
pequeños y reforzar la búsqueda de la mejor familia
para cada niño”.
La ministra ha concluido su intervención asegurando que
“los niños y niñas representan nuestra
esperanza y son nuestro futuro”. Por ello, la voluntad del
Gobierno es trabajar para garantizarles un entorno adecuado:
“Ellos serán los que hagan un país y un mundo
mejor. Nosotros, dándoles los medios para ello, lo estamos
haciendo también”.