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21 de noviembre de 2013.- El Consejo de Europa, que representa a 47 países europeos, celebra en Madrid durante los días 21 y 22 de noviembre la Convención MEDICRIME contra la falsificación de medicamentos y otros delitos similares que suponen una grave amenaza para la salud pública. Los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, han inaugurado la sesión, junto a los directores generales del Consejo de Europa Susanne Keitel y Jan Kleijssen.

 

Autoridades y expertos en la materia de 18 países han analizado medidas de prevención y protección de la salud de los pacientes ante los riesgos de actividades que MEDICRIME tipifica como delito, tales como: el suministro, oferta de suministro y tráfico de productos médicos falsificados; la falsificación de documentos relacionados con los medicamentos (como los prospectos y recetas); la fabricación o el suministro sin autorización de productos medicinales y el marketing de dispositivos médicos que no sean conformes con los requisitos técnicos previstos.

 

El Consejo de Europa creó en diciembre de 2010 la denominada Convención MEDICRIME como marco legal para la cooperación nacional e internacional entre las autoridades sanitarias, la Policía y los responsables de aduanas en la lucha contra la falsificación de productos médicos. MEDICRIME dota a los Estados de una herramienta muy potente para combatir esta lacra: la introducción de unos estándares comunes mínimos sobre Derecho Penal y Procesal en todos los países suscriptores del Tratado. También establece puntos de contacto en los Sistemas Nacionales de Salud, en los laboratorios de referencia, en la Policía y las autoridades aduaneras para asegurar el intercambio de información y la cooperación transfronteriza.

 

Este tratado internacional está abierto a países miembros y no miembros del Consejo de Europa. Hasta el momento lo han firmado 23 países (3 de ellos no miembros: Marruecos, Guinea e Israel) y dos lo han ratificado (España y Ucrania).

 

 

El alcance de la “industria” ilegal que mueve la falsificación de medicamentos ha convertido el tráfico de estos productos en una actividad 25 veces más rentable que la venta de drogas y que, como esta, está vinculada ya al crimen organizado y a los paraísos fiscales. Según el Instituto de Seguridad Farmacéutica, el porcentaje de beneficio que se obtiene –con pocos riesgos si se compara con otros delitos- es enorme: el coste de un Viagra producido en China o India es de unos 0,05 dólares; por internet puede llegar a venderse por unos 3 dólares, aportando así un beneficio del 6.000%, que sería más del 20.000% si se consiguiera introducir el producto en el canal de distribución regular.

 

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha tenido en cuenta esa comparación con el tráfico de drogas para explicar que paradójicamente la falsificación de medicamentos tiene “un riesgo menor para el delincuente, así como un menor reproche social, porque tienen menos reproche penal”. Por ello, en su intervención anunció que en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de reforma del Código Penal se incluirán algunas modificaciones para mejorar la persecución penal de esta conducta en España.

 

Según los datos de las autoridades aduaneras de la Unión Europea, entre 2006 y 2009 se triplicó el número de productos médicos aprehendidos en las fronteras comunitarias, hasta alcanzar los 7,5 millones. El porcentaje de medicamentos falsos, según las autoridades de algunos países en desarrollo, puede ascender al 60% de todos los productos en circulación. Así, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más del 50% de las medicinas compradas por Internet que ocultan su verdadera dirección son falsificadas. O lo que es lo mismo, según los datos que publica la Central Humanitaria Médico-Farmacéutica (CHMP) en su estudio “Una nueva mirada sobre el medicamento”, las posibilidades de que un internauta sea engañado en sus compras de medicamentos es de aproximadamente un 90%.

 

 

Durante el año 2012 todas las actuaciones que se realizan habitualmente en España en la lucha contra los medicamentos ilegales y falsificados experimentaron un notable incremento, según los datos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). Así, respecto a 2011, aumentaron un 87% las muestras remitidas a los Laboratorios Oficiales de Control; un 79% las actuaciones en colaboración con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un 71% el número de páginas web investigadas y procedimientos de cesación iniciados por la venta ilegal de medicamentos por internet (ver más datos en el cuadro adjunto).

 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha resaltado que España “concede la máxima importancia a la lucha contra la falsificación de los productos médicos”. De este modo, a lo largo del año 2013, se han incorporado los preceptos de la Directiva 2011/62/UE de medicamentos falsificados. Asimismo, se ha actualizado la normativa de distribución de medicamentos de uso humano, y se ha aprobado un nuevo Real Decreto que regula los requisitos de venta legal de medicamentos a través de sitios web. “Todas estas medidas contribuirán a mejorar la protección de la salud pública frente a los medicamentos falsificados”, ha señalado. Sin embargo, ha destacado que “en España, la incidencia del problema de los medicamentos falsificados en la cadena legal de distribución y suministro de medicamentos es nula”.

 

 

La Convención que se ha celebrado estos días en Madrid forma parte de una serie de conferencias regionales que el Consejo de Europa quiere celebrar en distintas zonas del mundo para sensibilizar a las autoridades y a la ciudadanía de los peligros del uso de productos médicos falsos y de la necesidad de suscribir los principios de la Convención MEDICRIME, cuya eficacia se amplía con la incorporación de nuevos miembros.

 

En el marco de la UE, la aprobación de la Directiva 2011/62/UE -por la que se modificaba la Directiva 2001/83/CE-, estableció un código comunitario sobre medicamentos de uso humano para prevenir la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, así como una serie de nuevas actuaciones encaminadas a la protección de la salud de los ciudadanos que pudieran llegar a consumir este tipo de productos.

 

El Ministerio de Justicia forma parte de esta estrategia comunitaria en el desarrollo, junto a la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios, de una propuesta para que las penas relacionadas con los medicamentos falsificados se incrementen en base al elevado riesgo que su consumo supone para la salud de los ciudadanos.

                                                                                                       Datos en España

(Fuente: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios)