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4 de agosto de 2014. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene entre sus prioridades la protección de los menores en situaciones de violencia de género, y en esta línea viene trabajando desde el comienzo de la legislatura. España, tal y como reconocen los organismos internacionales, es país puntero en la legislación y sensibilización contra una lacra que desde que hay estadísticas, hace diez años, ha costado la vida de más de 700 mujeres y que en lo que va de año ha provocado el asesinato de 33 mujeres, incluida la última en la localidad almeriense de Béjar, que la ministra Ana Mato condena enérgicamente.

 

El compromiso del Gobierno contra la lacra de la violencia de género es inamovible, y ya desde el principio comenzó a trabajar en la articulación de una Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres con el fin de mejorar los recursos que las administraciones disponen en asistencia y atención a la mujer y a los hijos o hijas menores a su cargo. Aparte de estrechar la coordinación entre las administraciones, uno de los aspectos esenciales de dicho documento era la protección de los grupos vulnerables, como las mujeres mayores, inmigrantes, con discapacidad, y también, los menores.

 

Se va a proceder a la modificación del artículo 1 de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género para que los menores sean víctimas de esta lacra y puedan quedar amparados por los preceptos de dicha norma, y además, de acuerdo con la voluntad de la ministra Ana Mato, se han acordado nuevas medidas que redundarán en una mejor protección del menor. Así, en el anteproyecto para la reforma de la legislación de protección de la infancia, se recoge la promoción de que el menor esté siempre con la madre durante y tras la instrucción de casos de violencia de género. Asimismo, a partir de ahora, los jueces estarán obligados a pronunciase sobre medidas de protección cuando tengan sobre su mesa casos de violencia de género con menores afectados. Antes lo hacían a instancias de las partes.

 

En el recientemente aprobado Estatuto de la Víctima se visibiliza a los menores como víctimas de violencia de género al garantizarles el acceso a los servicios de asistencia y apoyo, así como la adopción de medidas de protección. Todo ello con el objetivo de facilitar su recuperación integral. En este sentido, reconoce a los hijos menores y a los menores sujetos a tutela, guarda y custodia el derecho a la percepción de estas medidas. El citado Estatuto de la Víctima abre la opción de que las mujeres puedan recurrir los autos que dan lugar a determinados movimientos penitenciarios de los presos condenados por malos tratos.

 

Asimismo, en la última Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada el pasado 21 de julio, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las CCAA acordaron la puesta en marcha de un protocolo de derivación de las víctimas de violencia de género entre casas de acogida, lo que incluye a los menores, hasta el extremo de que las administraciones asumen el coste de desplazamiento de la madre y de los hijos menores, y a estos les asegura la escolarización inmediata, al igual que la aplicación de un plan de atención individualizada, en cuanto lleguen a la casa de acogida de la comunidad autónoma de recepción. También en esta Sectorial de Igualdad se aumentó el crédito de financiación de los programas de asistencia a las mujeres e hijos/as víctimas de la violencia de género, hasta los 4,3 millones de euros.

 

El Departamento que dirige Ana Mato congregó a primeros del pasado mes de abril a los ministros de Justicia e Interior para abordar mejoras en la lucha contra la violencia de género. Los ministros reunidos acordaron la modificación de los cuestionarios de detección de riesgo para incorporar a él aspectos relacionados con los hijos, entre otros factores, y gracias a la disposición de Interior, todas las comisarías y puestos de la Guardia Civil contarán con al menos un agente especializado en violencia de género. Son dos medidas que previsiblemente entren en funcionamiento antes de fin de año.

 

En la línea de mejora de la atención psicológica, se ha instaurado como requisito indispensable la especialización en violencia de género en el bagaje de los miembros de los equipos psicosociales de los juzgados, y dentro de este bagaje la atención a los menores se considera factor primordial.