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• Conferencia  en el Fórum Social Pere Tarrés, en Barcelona
• La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad recalca que “proteger y apoyar” a familias y ciudadanos en situación más vulnerable es una obligación de los poderes públicos, especialmente en momentos en los que se siguen notando los efectos de la crisis económica
• La Agenda Social es el compromiso del Gobierno para fortalecer el Estado de Bienestar
• Familias e infancia, igualdad y lucha contra la violencia de género, dinamización del Sistema de Dependencia y apoyo a la discapacidad son los principales cimientos de dicha Agenda Social
• Camarero defiende la estabilidad política para que la recuperación económica siga su firme camino y llegue a todos

3 de julio de 2015. La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha destacado hoy que “proteger y apoyar” a las familias y ciudadanos en situación más débil es una obligación de los poderes públicos, especialmente en momentos en los que se siguen notando las consecuencias de la crisis económica. Para ello, el Gobierno ha articulado la Agenda Social: al principio para construir “un dique de contención” que evitara que a los sectores más desfavorecidos de la sociedad les siguiera perjudicando el contexto de dificultad económica, y ahora, cuando España está en la senda del crecimiento, para “fortalecer el Estado de Bienestar” y recuperar cotas de atención y asistencia.

Se trata de que los datos y hechos que arroja la recuperación económica española en todos los ámbitos lleguen a los ciudadanos y a las familias, ha añadido Camarero durante su conferencia ante el Fórum Social Pere Tarrés, en Barcelona. Una conferencia ante el sector social catalán que ha llevado por título “Garantizando el futuro. La nueva Agenda Social”.

La secretaria de Estado ha comenzado su intervención con una panorámica sobre las circunstancias que han marcado una legislatura que arrancó con una tasa de paro en constante aumento y con un ritmo imparable de destrucción de empresas, sin obviar los porcentajes de déficit que dificultaban las opciones de financiación de las administraciones. La situación, cuatro años después, aparece muy mejorada: España es hoy el país de la zona euro que más está creciendo y los porcentajes de desempleo apuntan a la esperanza: hay más de 302.000 parados menos registrados, en comparación con el número de diciembre de 2011; se están creando empresas, hay más autónomos y más interés por invertir. “El camino iniciado es el correcto y tenemos que seguir avanzando por él; salirse ahora de este camino puede tirar por la borda muchos esfuerzos y sacrificios”, ha apostillado.

Las reformas y medidas dirigidas a sanear una economía deteriorada se han desarrollado en paralelo a una serie de políticas centradas “en las personas”. Esas políticas se han concentrado y se seguirán hilando dentro de la Agenda Social. Porque, como ha dicho Camarero, no se puede ser triunfalista aún. “Tenemos que seguir trabajando; sigue habiendo muchas personas en graves dificultades”.

Si hay un país donde la solidaridad se ejemplifica como en ningún otro, es en España. La tarea que han llevado a cabo las entidades del Tercer Sector de Acción Social ha sido encomiable, al igual que la implicación de los ciudadanos: “En los últimos años, los más duros y de mayores adversidades económicas, hemos comprobado la magnífica contribución de la ciudadanía en el mantenimiento de la cohesión y bienestar social. La intervención aquí de las entidades sociales ha sido clave”, ha asegurado.

Sobre esta base, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad redobló el esfuerzo social a través de la Agenda Social, que se ha estructurado en los siguientes ámbitos:

FAMILIAS E INFANCIA

Tanto el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, como el Plan Nacional de Inclusión Social, ambos aprobados en 2013, dibujaron el marco de las políticas sociales del Gobierno con medidas que incidían en la protección de los menores y de las personas más vulnerables.

De forma transversal, se activaron medidas contra la pobreza infantil: dos fondos para las comunidades autónomas (de 17 millones de euros en 2014 y de 32 millones este ejercicio) con el fin de financiar proyectos de inclusión que consistieran en dotar de alimentación, ropa o ayudas para la vivienda a las familias con hijos que lo necesitaran; la articulación de las subvenciones sociales del IRPF (211 millones de euros en 2014 y 220 en este ejercicio) para que las organizaciones sociales desarrollen programas de inclusión y asistencia a sectores en pobreza o riesgo de pobreza (principalmente familias con menores a cargo) y los propios Presupuestos de este año, que en el Ministerio se plasmaron con un aumento del gasto en políticas de familia e infancia (un 20,5% más).

A todo ello, como ha recordado la secretaria de Estado, hay que unir el Fondo Europeo de Ayuda a las Personas Desfavorecidas, más de 560 millones de euros hasta 2020 para entregar ayuda alimentaria a familias y personas en exclusión y para generar proyectos individualizados de integración socio-laboral.

También la reforma fiscal ha propiciado “cheques familiares” para familias con hijos o ascendientes dependientes, familias monoparentales y familias numerosas.

El reciente Plan Integral de Apoyo a la Familia se construye sobre los cimientos del apoyo a familias numerosas, monoparentales, las que tienen menos recursos y requieren necesidades específicas, y además consolida la garantía de acceso a sanidad y educación públicas, a las prestaciones económicas, al sistema de recursos asistenciales y a la ayuda a la maternidad.

Por otra parte, la reforma de la legislación de protección de la infancia, en trámite en el Senado, además de consagrar en España el interés superior del menor, abarca amplios ámbitos para reforzar sus derechos, como en los trámites de adopción, acogimiento, en la lucha contra los abusos sexuales o en la asistencia ante situaciones de violencia de género.

IGUALDAD Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Camarero ha señalado que “la igualdad no es una bandera que ondee según sople el viento por la derecha o por la izquierda”, sino que es, ante todo, “un derecho” de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Para que este derecho sea efectivo, hay que adoptar planteamientos realistas, y eso fue lo que motivó un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades que destina 7 de cada 10 euros de su dotación económica al empleo y la conciliación. Porque, según sus palabras, “el empleo es la principal herramienta para luchar contra la desigualdad”. El descenso del paro femenino, de casi un 2% según los datos de junio recientemente conocidos, es una muestra de que la apuesta está dando resultado.

La conciliación como eje que sustenta las políticas de igualdad se ha reflejado en medidas como creaciones de bolsas de horas, la ampliación de la reducción de jornada para padres y madres con hijos de hasta 12 años (antes se fijaba en los 8 años) y en la firma de convenios con ayuntamientos, empresas y entidades con el objetivo de mejorar la flexibilidad laboral y racionalizar los horarios, entre otros fines.

Tal y como ha indicado la secretaria de Estado, en próximos meses se seguirá avanzando en esta prioridad gracias al Plan de Igualdad Salarial en el ámbito laboral y al Plan de Apoyo a la Mujer en el medio rural.

La Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, aprobada en 2013, y que ya cuenta con un alto grado de ejecución, condensa las líneas de trabajo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, si bien, como ha manifestado Camarero, existen tres campos fundamentales:

• Conocer mejor la violencia de género para combatirla de modo más eficiente, lo que se ha traducido en la redacción de distintos informes, como los que han puesto en relieve la tolerancia hacia conductas de violencia de género en la juventud.

• Sensibilización a través de nuevas y más campañas que ayuden a las víctimas de malos tratos a denunciar y a salir de la espiral de violencia junto a sus hijos.

• Más coordinación para mejor protección y asistencia.

• E inclusión de los hijos e hijas como víctimas directas de la violencia de género.

DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

El sistema de Dependencia se encontraba a finales de 2011 con una lista de espera de más de 300.000 personas y con una deuda contraída con la Seguridad Social de más de 1.000 millones de euros. Era un modelo que requería una agilización, lo que se ha logrado por la creación de un nuevo sistema informativo que subsana de modo eficaz posibles irregularidades, y sobre todo, medidas de sostenibilidad.

Hoy, el sistema atiende a más de 745.100 beneficiarios (6.500 más que en 2011), la lista de espera se ha reducido un 57%, da una cobertura del 85% y crea puestos de trabajo. Además, desde el 1 de julio entrarán los dependientes moderados y se dotará para su atención de la financiación que sea necesaria.

La secretaria de Estado ha recalcado que el Plan de Acción de la Estrategia de Discapacidad, aprobado en septiembre del año pasado, permite blindar para los próximos tres años la dotación económica de las políticas de atención a las personas con discapacidad, unos 1.000 millones de euros anuales.

Acompañando a esto, el Gobierno ha desarrollado medidas para fomentar la contratación, que en 2014 aumentó un 20% respecto al año anterior, y por satisfacer reivindicaciones históricas, como la creación de una tarjeta común de estacionamiento, válida para todo el territorio.

APOYO AL TERCER SECTOR

Primero a través del Plan de Pago a Proveedores, que cubrió las deudas de la administración con las entidades sociales para facilitar que sus proyectos siguieran en marcha, y luego por medio de la creación de la Mesa del Diálogo Civil, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha marcado como objetivo preferente la interlocución fluida con el Tercer Sector de Acción Social para diseñar políticas sociales más eficaces, y pegadas a la realidad.

Según ha explicado la secretaria de Estado, así han nacido las leyes del Voluntariado y del Tercer Sector, a punto de entrar en vigor en cuanto termine el trámite parlamentario, y así se articulan las subvenciones sociales con cargo al IRPF.

Susana Camarero, en este sentido, se ha referido a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado nulo el Real Decreto de concesión de subvenciones a entidades de ámbito estatal del Tercer Sector, colaboradoras con la Secretaría de Estado que dirige. Tras manifestar su preocupación por sus posibles consecuencias en la viabilidad de muchas organizaciones, ha hecho hincapié en subrayar que desde este Departamento se está trabajando codo con codo con las propias entidades, y poniendo toda la entrega posible, para encontrar una solución y salvaguardar a muchas organizaciones.

Camarero ha cerrado su intervención con una defensa de la estabilidad política. “Para que la recuperación económica sea firme y sólida, y para que la Agenda Social desarrolle todo su potencial, es necesaria la estabilidad política”