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• Acuerdo en el Consejo de Ministros
• El Estado manifiesta un año más su determinación para seguir trabajando en la promoción de la igualdad de todas las personas, así como en la prevención y la lucha contra cualquier forma de discriminación, odio o violencia

13 de mayo de 2016. El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,  de Asuntos Exteriores y de Justicia, ha aprobado la siguiente declaración con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, el próximo 17 de mayo:

“El 26 de junio de 2009 el Consejo de Ministros adoptó un Acuerdo para promover el reconocimiento internacional del 17 de mayo como Día Internacional contra la homofobia y la transfobia coincidiendo con la conmemoración de la desclasificación de la homosexualidad como enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud en 1990. En consecuencia, desde 2010 el Gobierno de España ha venido adoptando una declaración institucional anual coincidiendo con la celebración de este día para manifestar su absoluto compromiso con la erradicación de cualquier forma de discriminación, odio o violencia  por motivos de orientación sexual e identidad de género.

La Constitución española declara en su artículo 10 que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.” Por otro lado, el artículo 14 establece el principio de igualdad y no discriminación, y dispone que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Asimismo, el artículo 9.2 señala que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, cultural y social”.

Así, desde su compromiso con la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico, el Gobierno de España manifiesta un año más su determinación para seguir trabajando en la promoción de la igualdad de todas las personas, así como en la prevención y la lucha contra cualquier forma de discriminación, odio o violencia.

La lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual y de identidad de género es una de las prioridades de España en materia de derechos humanos, tanto en su política interior como exterior. Por este motivo, el Gobierno viene impulsando acciones concretas tanto en el ámbito nacional como internacional que contribuyen a erradicar definitivamente cualquier discriminación por estos motivos.

En el ámbito internacional, España defiende la aplicación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos que se rigen por los principios de universalidad y no discriminación y condena, en todos los foros en los que participa, las violaciones de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), que afectan a derechos como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a no ser sometido a tortura y a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como a la libertad de expresión, asociación y reunión.

La legislación y políticas de la UE establecen la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual, principios consagrados en los artículos 10 y 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El principio fundacional de la UE de igualdad de trato protege también de la discriminación a las personas transgénero.

En este sentido, el Gobierno de España desempeñó un papel muy activo durante el proceso de elaboración de las Líneas Directrices para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas LGBTI en todo el mundo, adoptadas por el Consejo de la Unión Europea en junio de 2013. Asimismo, participa activamente en el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, suscitando preguntas y recomendaciones en aquellos países en los que se detectan violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTI; y ha venido expresando su condena ante las medidas legislativas adoptadas en algunos países que penalizan las relaciones homosexuales consentidas entre adultos y criminalizan a las personas por su orientación sexual y/o identidad de género, una cuestión que, al igual que todas las relacionadas con los derechos humanos de las personas LGTBI forma igualmente parte de los diálogos políticos bilaterales de España con terceros países.

En el ámbito nacional, el Gobierno ha seguido adoptando distintas medidas para garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos por parte de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.

Por cuanto se refiere concretamente al ámbito de la educación, el Gobierno ha publicado en 2015 la guía on-line Abrazar la Diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico, que recoge las mejores prácticas en materia de identificación y prevención del acoso, junto a recomendaciones dirigidas al conjunto de la comunidad educativa y una propuesta de protocolo de actuación que pueden utilizar los centros educativos interesados en ello.

Igualmente, ha desarrollado la campaña de sensibilización dirigida a jóvenes de entre trece y veinte años Yo soy Tú, orientada a fomentar una percepción positiva de la diversidad.   

Por cuanto concierne al apoyo a personas que hayan sido víctimas de discriminación, hay que destacar la aprobación de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima de Delito, que prevé una especial valoración de las necesidades de las víctimas de los delitos motivados por su orientación sexual o identidad de género. Además, la convocatoria para 2016 de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha consolidado la posibilidad introducida por primera vez en 2014 de subvencionar programas destinados a fomentar la igualdad de trato y reforzar la asistencia y orientación a víctimas de discriminación, incluyendo la causada por motivos de orientación sexual e identidad de género. Asimismo, las mujeres transexuales se han incluido dentro de los grupos de mujeres beneficiarias de programas de formación de inserción sociolaboral.

Como complemento a los servicios de asistencia a víctimas, el Gobierno ha publicado en 2015 una Guía práctica: qué hacer ante actos de discriminación y delitos de odio, que sintetiza la información más relevante sobre qué se considera actos discriminatorios y delitos de odio, a quién acudir cuando se producen y cómo asegurar el restablecimiento de la víctima en su derecho.  

Por otra parte, y como pone de relieve el Informe del Ministerio del Interior sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España en 2015, la orientación sexual y la identidad de género continúan siendo una de las principales motivaciones de los delitos de odio registrados. Resulta por ello imprescindible redoblar los esfuerzos también en el ámbito de la prevención y la persecución a través del Derecho penal.

En este plano se inscribe la aprobación de la reforma del Código Penal por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que refuerza la persecución penal de la incitación al odio o a la violencia contra grupos o individuos que estén motivados, entre otras razones, por su orientación sexual o identidad de género, y que agrava el tratamiento penal de estos delitos de odio y discriminación cuando se cometen a través de Internet o de otros medios de comunicación social.

En la misma línea hay que destacar la delegación del Fiscal General del Estado a favor de un Fiscal de Sala de las competencias necesarias para coordinar la actuación del Ministerio Fiscal en materia de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación, y la designación de fiscales delegados en cada capital de provincia para impulsar y coordinar la actuación del Ministerio Fiscal ante los crímenes de odio y discriminación por, entre otros motivos, la orientación sexual e identidad de género.

Por último, es preciso reiterar una vez más el firme compromiso del Gobierno para incrementar sus esfuerzos en el ámbito nacional e internacional, a fin de garantizar a todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de dignidad, libertad e igualdad”.