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• Acuerdo en el Consejo de Ministros
• Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional manifiesta “su voluntad de seguir trabajando e impulsando todas las medidas que resulten necesarias hasta su completa erradicación en España y en la Comunidad Internacional”

25 de noviembre de 2016. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Ministerio de Justicia, ha aprobado hoy una Declaración Institucional contra la violencia de género con el fin de constatar su compromiso frente a la lucha contra este problema. Lo ha hecho con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy, 25 de noviembre, y se declara lo siguiente:

“Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno de España expresa en nombre propio y en el de toda la sociedad el rechazo de cualquier forma de violencia ejercida contra la mujer, su firme determinación de apoyar y proteger a quienes la sufren, así como a sus hijos e hijas. Asimismo, manifiesta su voluntad de seguir trabajando e impulsando todas las medidas que resulten necesarias hasta su completa erradicación en España y en la Comunidad Internacional. En este sentido, la erradicación de la violencia contra las mujeres, como forma más extrema de discriminación por razón de género y violación de sus derechos humanos, es al mismo tiempo una de las prioridades de la política exterior de España en materia de derechos humanos.

Porque, aunque la mayoría de la sociedad española rechaza el maltrato y a quienes lo perpetran, sigue siendo necesario el cambio de conciencia social que remueva todos aquellos comportamientos, estereotipos y conductas que amparan, justifican o legitiman el maltrato, no sólo en su manifestación física, sino también a través de expresiones o hábitos sociales que pueden, de manera indirecta ampararlo o justificarlo. Porque, a día de hoy, sigue pendiente que contribuyamos al cambio de conciencia social definitivo que garantice la plena igualdad entre hombres y mujeres, su trato igualitario, no discriminatorio y plenamente respetuoso con los derechos fundamentales de todas ellas y, en particular, de las mujeres especialmente vulnerables como las que tienen algún tipo de discapacidad o las inmigrantes. En la actualidad es inadmisible que la violencia que sufren las mujeres maltratadas constituya un obstáculo que les impida el pleno disfrute de los derechos y libertades.

Por ello, el Gobierno continuará promoviendo la educación en igualdad en  todas las etapas educativa. Especialmente incidiendo en la necesaria formación de la juventud en el buen uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías, convirtiendo a nuestros jóvenes en centro de especial atención por parte de los poderes públicos al tratarse de un colectivo especialmente vulnerable. El Gobierno continuará, como ha venido haciendo hasta ahora, implicando a toda la sociedad, mediante campañas innovadoras de sensibilización social que se dirigen a todos -tejido empresarial, profesionales de distintos ámbitos, sociedad civil, mundo deportivo y sociedad en general- en el reconocimiento de las primeras señales del maltrato, en el apoyo a quien sufre violencia de género, y en el rechazo al maltrato y a quien lo provoca.

Rechazo e implicación social para su erradicación que debe orientar la actuación de los poderes públicos en relación al más amplio concepto de “violencia contra la mujer”, tal y como promueven los acuerdos internacionales sobre la materia en los que España es parte, y que incluye: la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, las agresiones sexuales, el acoso sexual, el matrimonio forzoso, los crímenes cometidos supuestamente en nombre del “honor” y la mutilación genital femenina. Por ello, el Gobierno manifiesta, también, su firme compromiso de dar una progresiva respuesta a estas formas de violencia contra la mujer, desde la madurez y el esfuerzo sostenido, que desde los años noventa se viene ejerciendo respecto de la violencia sufrida en el ámbito de la pareja. Así ha sucedido con el II Plan Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual, de cuya aprobación se cumple un año y de la que dará cuenta el informe de ejecución que consignará un amplio catálogo de acciones impulsadas por distintos departamentos ministeriales y administraciones en su cumplimento.

También se atiende, de manera señalada, a hijos e hijas y a los menores a cargo de quien sufre la violencia, víctimas directas merecedoras de especial protección. Por ello, se procedió a la aprobación de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia que mejoran la atención y la protección de los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, así como de los menores víctimas de otras formas de violencia, en particular, de la trata de seres humanos e incluyen a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con el objeto de visibilizar esta forma de violencia que se puede ejercer sobre ellos.

Sobre estos sólidos fundamentos el Gobierno manifiesta, no obstante, que mientras una sola mujer sufra la violencia es necesario seguir trabajando. Y, para ello, y con las aspiraciones y necesidades de las mujeres que la sufren como premisa, el Gobierno reafirma su compromiso para, junto con el resto de fuerzas políticas, interlocutores sociales, administraciones, asociaciones e instituciones públicas y privadas, alcanzar un gran acuerdo que reconozca el logro de una España libre de violencia contra la mujer como un objetivo nacional compartido por todos. Con el liderazgo de los poderes públicos, esta meta irrenunciable en la España del Siglo XXI debe lograrse promoviendo entre todos las reformas normativas y organizativas que sean necesarias. De esta manera, el reciente acuerdo unánime de todas las fuerzas en el Congreso de los Diputados ha de servir de primer paso hacia el necesario y anhelado Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A tal efecto y antes del 31 de diciembre, se creará una Subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad que será la encargada de elaborar, en el plazo máximo de cuatro meses desde su constitución, un informe en el que se identificarán, entre otras cuestiones, los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género y un conjunto de propuestas de actuación. El informe, una vez aprobado, se remitirá al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses lo someta a acuerdo con los representantes de las comunidades autónomas, ayuntamientos, administración de justicia y asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles.

Por último, es preciso hacer hincapié en que toda esta acción se enmarca en los ámbitos internacionales en el impulso que España desarrolla en su presencia en las Instituciones Europeas y como miembro activo de la comunidad internacional que apoya y promueve los compromisos internacionales contra la violencia a la mujer.

El Gobierno, un año más, desde la convicción de que una España libre de violencia contra la mujer es posible en el siglo XXI, exhorta a toda la sociedad para que junto a los poderes públicos, lidere el cambio necesario para su consecución.”