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• Adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
• Cuenta con representación de todos los ministerios, además del Consejo Nacional de la Discapacidad y la Comisión del Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector
• Se inicia así el desarrollo del Real Decreto aprobado el pasado 2 de marzo en Consejo de Ministros para incentivar a las empresas a desarrollar una gestión socialmente responsable

6 de abril de 2018. Hoy se ha constituido la Comisión interministerial para coordinar la incorporación de criterios sociales en la contratación pública. Con una  reunión celebrada hoy en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, presidida por el secretario de Estado, Mario Garcés, se desarrolla el Real Decreto aprobado el pasado 2 de marzo por el Consejo de Ministros para incentivar a las empresas a desarrollar una gestión socialmente responsable.

Esta Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública, tiene como objetivo avanzar hacia una contratación pública socialmente más responsable, que promueva mayores oportunidades de inclusión social, de accesibilidad y un mayor cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

Asimismo, esta Comisión se crea en el marco de la nueva Ley de Contratos del Sector Público y plantea la condición de la contratación pública como instrumento para establecer estrategias de carácter social. Adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuenta con representación de todos los ministerios, además del Consejo Nacional de la Discapacidad, cuya representación recaerá en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Comisión del Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.

Sus funciones serán el análisis, aplicación y seguimiento de las cláusulas sociales en la contratación pública y para ello podrá elaborar propuestas y recomendaciones, informes o estudios que podrán elevarse al Consejo de Ministros; igualmente, podrá colaborar con expertos, interlocutores sociales, entidades y organizaciones públicas y privadas.