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• La Secretaria de Estado de Servicios Sociales detalla en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso las partidas de servicios sociales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019
• Lima destaca el incremento del 60% en el presupuesto para la aplicación de la ley de dependencia.
• También intervienen la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, Azucena Martí, y el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Pau Marí-Klose

30 de enero de 2019.- La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, ha detallado esta mañana en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso, las partidas correspondientes a servicios sociales incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019. “Son unos presupuestos de marcado carácter social. Pretendemos con ellos que las personas más vulnerables de la sociedad no queden atrás. Son unos presupuestos honestos, que buscan la justicia social”, haasegurado.

La Secretaria de Estado ha explicado que la ambición de las cuentas presentadas es, por una parte, “recuperar el camino retrocedido en los años de crisis donde se aplicaron medidas de austeridad en los servicios sociales”. Pero van más allá. “Pretenden reforzar y garantizar los derechos a los servicios sociales. Pretendemos consolidar y reforzar el Estado de Bienestar”, ha insistido.

Las partidas que dependen de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales suman 2.751,43 millones de euros. Se trata del 86,69% del presupuesto total del Ministerio de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales previsto para 2019.

Incremento destacado en dependencia

El presupuesto previsto para Servicios Sociales registra un incremento del 54,03% en relación a 2018. Ello se debe, fundamentalmente al incremento de la financiación en Dependencia, que ha aumentado en 831 millones (un 59,50%) respecto a 2018, alcanzando 2.429,37 millones de euros.

Este aumento se reparte en los conceptos de nivel de financiación mínimo (1.723 millones), la recuperación del nivel acordado (100 millones) y del pago de la cotización de la seguridad social de las cuidadoras familiares (315 millones).

Con este reparto el Gobierno muestra la voluntad de recuperar los derechos perdidos en 2012. “Permitirá reducir la lista de espera, si las comunidades autónomas mantienen o incrementan su inversión en materia de dependencia”, ha destacado la Secretaria de Estado. Además supone un reconocimiento a las cuidadoras no profesionales. “Más de un 90% son mujeres, y a partir de ahora estos cuidados computarán como períodos cotizados de cara al devengo de futuras pensiones contributivas, por ejemplo, de jubilación”.

La Secretaria de Estado también ha señalado como causa del aumento del presupuesto en Servicios Sociales “la importante apuesta por la juventud de este Gobierno, por el empleo joven, el emprendimiento, las becas educativas o la vivienda”. En este sentido, ha destacado la incorporación del programa Cuerpo Europeo de Solidaridad, con un importe de 8,3 millones de euros, y el Plan de choque por el Empleo Joven, por importe de 3 millones.

También ha destacado la lucha contra la pobreza infantil, ejemplo del “esfuerzo transversal” de la acción de Gobierno en materia social, con la creación del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

En el ámbito de la Atención a las Familias e Infancia, se ha dotado, por primera vez, un crédito específico, de 30 millones de euros, destinado a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla, para financiar la atención a los Menores Extranjeros No Acompañados.

En total, la Dirección General de Servicios para las Familias y lnfancia contará con 244,03 millones de euros, incrementándose un 5,58% en relación con el presupuesto de 2018. Este dinero se prevé destinar a ampliar la cobertura a las situaciones de necesidad social, a través de la colaboración con otros departamentos, con las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. Asimismo, se pretende consolidar la colaboración en estas materias con el Tercer Sector.

Ana Lima también ha destacado cómo los presupuestos tienen en cuenta al tercer sector y a la sociedad civil. “Para promover la igualdad y la solidaridad, es fundamental reforzar nuestra actuación con la sociedad civil, organizada a través de entidades y asociaciones que promueven los mismos valores”, ha valorado.

Dentro de los presupuestos destinados a la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, se prevén 22 subvenciones nominativas a Entidades del Tercer Sector de acción social, por un importe de 4,25 millones de euros, habiéndose incrementado la dotación destinada al CERMI.

Por su parte, el Real Patronato de Discapacidad ha incrementado la dotación del Programa Reina Letizia para la inclusión social en un 357,23%, con la finalidad de destinar el importe de los saldos y depósitos abandonados (“cuentas durmientes”) a la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad.

Ana Lima ha concluido su intervención destacando que los presupuestos presentados responden al compromiso y a la convicción del Gobierno de que “se trabaja para las personas”.

Plan Nacional Sobre Drogas

La Delegada del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), Azucena Martí, también ha comparecido en la comisión parlamentaria para desgranar las cuentas del organismo que dirige. “El cuidado y la construcción de la salud es el eje fundamental del bienestar individual y colectivo de las personas”, ha asegurado.

Martí ha explicado que los presupuestos presentados pretenden reforzar el valor fundamental de la tarea del Plan Nacional de Drogas: “Ser una herramienta que coordina, impulsa e integra estas acciones y políticas en torno a las adicciones, siendo esta una materia de carácter transversal”. En este sentido, la Delegada ha explicado que en las políticas del Plan Nacional sobre Drogas influyen además de las políticas y recursos concretos en materia de salud,  otros ámbitos y recursos como educación, cultura, juventud, inclusión social y laboral, vivienda, medio ambiente, las fuerzas de seguridad, justicia, instituciones penitenciarias, publicidad y comunicación, políticas de protección a la infancia y a la tercera edad.

“Todo ello repercutirá en la eficacia y el alcance de las intervenciones realizadas en el ámbito de las adicciones, bien entre los jóvenes, uno de los sectores que para nosotros resulta prioritario. O  entre la población de adictos adictos añosos con pluripatología debida a su historial de consumos y a su edad”, ha asegurado.

El presupuesto destinado al PNSD consta por una parte de 14,8 millones, incluidos en el proyecto de ley. A ellos hay que sumar el dinero que se obtenga a través del fondo de bienes decomisados, que a la espera de que se cuantifique, “no será menor de 31 millones”, ha calculado Martí. Esta cuantía se destinará al desarrollo de la estrategia nacional sobre adicciones 2017-2024, que se concreta en el Plan sobre Adicciones 2018-2020. En enfoque es preventivo y de salud pública de manera integral y universal y, en esta ocasión, ha ampliado su ámbito de actuación a las adicciones sin sustancia o comportamentales, como el juego con dinero, los videojuegos y otras adicciones a través de las nuevas tecnologías.

Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil

El alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Pau Marí-Klose, ha presentado también las partidas de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a la protección de las familias e infancia, que suponen un aumento de 266 millones de euros en los fondos destinados principalmente a combatir la pobreza infantil. “Nos encontramos, por primera vez, ante unos presupuestos sociales, que reconocen la magnitud del desafío de la pobreza infantil, e incorporan partidas importantes para mejorar la protección social de la infancia”, ha manifestado.

En primer lugar, Pau Marí-Klose ha destacado el incremento en la prestación por hijo a cargo. Los PGE arrancan el despliegue gradual del Ingreso Mínimo Vital, elevando la cuantía de las prestaciones por hijo a cargo en un 17% con carácter general (de 291 € a 341 € por hijo/menor a cargo, para unos 1.263.000 menores sin discapacidad), y en un 101% para aquellos niños y niñas que se encuentren en situación de pobreza severa (hasta 700.000 menores, que pasarían a percibir 588 €). “Una medida que nos permitirá reducir la pobreza infantil severa en un 12%, alcanzando aproximadamente a 82.000 niños y niñas en nuestro país, y que representa un punto de inflexión en una asignación que llevaba congelada desde 2002 y cuyo valor real había descendido notablemente”, ha señalado.

Además, la Dirección General de Servicios para Familias e Infancia contará con un aumento de 25 millones de euros para programas de atención a la pobreza infantil, incremento que permitirá, entre otras cosas, financiar actuaciones como el Programa VECA de ocio inclusivo vacacional, y que garantiza una alimentación completa y equilibrada durante el periodo estival para aquellos menores en riesgo de exclusión.

Son, entre otras, dos de las principales medidas para luchar contra la pobreza infantil de unos presupuestos que representan un punto de inflexión en la atención a este problema.