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• El juez es clave cuando las causas del fallecimiento del donante motivan el inicio de una investigación penal, como en el caso de un accidente o un posible homicidio.
• De las 2.346 donaciones de personas fallecidas en 2023, en 417 ocasiones se requirió autorización judicial: en el 95% de los casos, los jueces autorizaron la donación.
• En el proceso de las donaciones de vivo el papel del juez es indispensable: en 2023, participaron en 437 procedimientos.

Santander, 22 de febrero de 2024.-  Un total de 1.291 órganos de personas fallecidas se trasplantaron en 2023 gracias a la colaboración de los jueces.

Así se desprende de los datos que se han presentado en las XXVI Jornadas de encuentro entre profesionales de la administración de Justicia y de la comunidad trasplantadora, que se celebran estos días en Santander. Estas jornadas son organizadas cada año por la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial.

Con esta iniciativa se pretende estrechar la relación entre ambos grupos profesionales para el adecuado desarrollo de todo el proceso de donación de órganos y tejidos humanos. Del mismo modo, se aprovecha este foro para que jueces y forenses conozcan las últimas novedades terapéuticas y tecnológicas que se incorporan a la práctica diaria en el campo de la donación y el trasplante y así facilitar su labor a la hora de tomar decisiones.

A lo largo de estas jornadas, se exponen los últimos datos de donación y trasplante en España, así como la evolución de las intervenciones judiciales en procesos de donación.

Según datos de la ONT, de los 2.346 donantes fallecidos que se registraron en 2023, 417 requirieron autorización judicial, alrededor del 18%, una cifra que se mantiene estable a lo largo de los últimos años.

En función del tipo de donante, se requirió la participación judicial en el 21,2% de los donantes en muerte encefálica y en el 13,5% de los donantes en asistolia.

Con respecto a las características de los donantes que requirieron autorización judicial, la mayoría eran varones (75,9%) y su media de edad fue de 49,2 años, inferior a la del global de donantes de órganos (60 años), probablemente por sus diferentes causas de fallecimiento. De hecho, el traumatismo craneoencefálico no relacionado con accidentes de tráfico fue la causa de muerte del 42,8% de los casos judiciales y el traumatismo por accidente de tráfico del 24,4%. Dichos porcentajes son del 9,4% y del 4,7%, respectivamente, para el total de donantes fallecidos.

Los donantes judiciales permitieron trasplantar 1.291 órganos, de donantes fallecidos, en el año 2023. En lo que respecta a las actuaciones judiciales en estos casos, el pasado año se registraron 22 negativas judiciales a la donación, un 5%. En estos casos se ha considerado que la donación podría interferir con la investigación judicial.

La figura del juez durante el proceso de donación es clave en los supuestos en los que las causas del fallecimiento del donante motivan el inicio de una investigación penal (accidente, posible homicidio o fallecimiento no certificado que requiere una autopsia judicial para determinar el origen). En el resto de supuestos, el juez de instrucción no interviene.

Su participación se inicia tras la presentación de una solicitud de autorización judicial por parte del coordinador de trasplantes. El médico forense, adscrito a los órganos judiciales como perito, ha de especificar si la obtención de órganos puede interferir con el proceso de investigación de las causas de la muerte y elaborar un informe que permita al juez decidir si la donación puede o no entorpecer dicha investigación. Por eso, es imprescindible que los profesionales que participan en estos casos conozcan bien cómo se lleva a cabo un proceso de donación.

Además de los 1.291 órganos de fallecidos, en 2023, 437 personas donaron un riñón (435) o parte de su hígado (2) en vida. Para este tipo de intervenciones también se precisa la participación de los profesionales de la justicia. Interviene el juez de primera instancia y sus acciones buscan comprobar que el consentimiento que otorga el donante para la extracción de uno de sus órganos es informado, libre y expreso. El documento de cesión del órgano se concede por este magistrado tras la comparecencia en sede judicial del donante, así como de todos los médicos que intervienen en el proceso.

Estas actuaciones refuerzan la garantía y seguridad del procedimiento.