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10 de octubre de 2012. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha respondido hoy en el Congreso de los Diputados a dos interpelaciones. La primera, del Grupo Socialista, sobre el aumento de la pobreza. La segunda, de CiU, sobre las actuaciones para apoyar al Tercer Sector de acción social. En ambas intervenciones, Mato ha manifestado el compromiso del Gobierno para luchar contra la exclusión social, especialmente en lo que afecta a los menores, y favorecer a las entidades que apoyan a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

 

La ministra ha adelantado que en los próximos meses se presentará un plan de acción para la inclusión social. En él, ha señalado, “impulsaremos medidas específicas para luchar contra la pobreza, y en especial contra la pobreza infantil”. También en el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 se abordarán medidas concretas para “proteger a la infancia más vulnerable”, junto con políticas “de protección a la familia y al bienestar infantil”.

 

Mato ha mostrado su preocupación por las últimas cifras de personas en riesgo de exclusión. Además de recordar los cinco millones de parados y los casi un millón y medio de hogares con todos sus miembros sin empleo, ha detallado que, entre 2007 y 2011, el número de personas atendidas en los Servicios de Acogida y Asistencia de Cáritas pasó de 370.000 a 1.015.174.

 

El Gobierno, ha dicho “se rebela” contra estas cifras. Por ello, Mato ha asegurado que “tenemos una hoja de ruta con medidas de urgencia para la situación en la que nos encontramos”. Por ello, ha recordado que, en los Presupuestos Generales para 2013, el 63% del gasto es social. Pero, sobre todo, ha asegurado que el Gobierno plantea, como estrategia contra la pobreza, “medidas estructurales que consigan cambiar el rumbo de la evolución económica”.

 

 

En cuanto a las ONG entidades de acción social, la ministra ha tenido un especial reconocimiento para su papel, pues “llegan allí donde no llega la Administración”. La ministra ha dicho ser consciente de la importancia de este sector, que engloba a unas 29.000 entidades, cuya actuación proporciona servicios sociales a más de cinco millones de personas. Estas entidades, además, tienen una notable relevancia económica, pues dan empleo a unas 500.000 personas y representan casi el 2% del PIB. Pero, lo más importante es “su papel como vehículo de cohesión social y garante de los derechos de aquellos que afrontan situaciones excepcionales de vulnerabilidad”.

 

Para salvaguardar esta tarea, ha señalado, el Ministerio trabaja ya “en un nuevo marco normativo que dé estabilidad y confianza a las entidades de acción social y les permita seguir prestando una labor tan fundamental”. También en esta línea, ha explicado, “seguimos impulsando la Estrategia de Voluntariado 2010-2014.

 

Mato ha asegurado que “la pobreza no entiende de fronteras”, por lo que ha defendido la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF (este año, de 125 millones iniciales) como un “instrumento básico de cohesión social y solidaridad interterritorial”. La ministra ha recordado que muchos de los programas sociales tienen un carácter supramunicipal o supraautonómico, por eso, ha abogado por “centrarnos en lo que realmente importa, que es ayudar a quien lo necesita, y no en quien reparte el dinero”.