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7 de marzo de 2013. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad invirtió en 2012 alrededor de dos millones de euros para dar protección y asistencia integral a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. 40 organizaciones de toda España ya disponen de la subvención correspondiente para afrontar sus proyectos y programas, tal y como publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

 

Cada uno de los programas seleccionados se caracteriza por su marcado carácter social, ya que todos dan prioridad a la atención jurídica, el acompañamiento, la protección integral o la asistencia social de mujeres que han sido víctimas de redes de trata de seres humanos. Otros fines que el Ministerio ha apoyado son la reinserción, tanto en lo social como en lo laboral, o el respaldo de psicólogos profesionales.

 

La lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una de las tareas a la que más trabajo y recursos está destinando la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dependiente de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Aunque falta mucho por hacer, como reconocen los responsables de este Departamento, España ha experimentado una mejora notable en los programas de protección y ayuda de las víctimas. Así lo reveló un reciente informe de la Comisión Interministerial encargada de estudiar este fenómeno, así como de sentar las bases para combatirlo.

 

Gracias a la acción conjunta de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Justicia y de Interior, al igual que de la Fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial, los procesos de identificación, atención y protección a las víctimas han avanzado a buen ritmo, lo que ha repercutido en proyectos de asistencia a los menores a cargo de las víctimas.

 

En 2011, último año del que se tienen cifras a la espera del balance de 2012, se identificaron 1.082 mujeres víctimas de trata, de las que el 95% eran extranjeras (más de un 90%, mujeres), el 40% se encontraba en situación irregular y 15 eran menores de edad. La coordinación entre administraciones, y de éstas con los agentes sociales, se erige en el elemento que da consistencia a todas las actuaciones puestas en marcha. La intención del Ministerio de Ana Mato es que esta línea de trabajo continúe.