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21 de mayo de 2013. El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha asegurado hoy que el Gobierno defiende el Sistema de Dependencia a través de la reforma que acordó con las Comunidades Autónomas en julio de 2012, ya que se están sentando “las bases de un modelo viable” que llegará a las próximas generaciones. Éste era el objetivo del Ministerio cuando afrontó la sostenibilidad de un Sistema que daba muestras de agotamiento en un contexto de crisis: aparte del desfase presupuestario de más de 2.700 millones de euros en cinco años, la lista de espera había aumentado hasta las 305.000 personas y la creación de puestos de trabajo había quedado por debajo de la previsión hecha en 2007, en concreto más de 151.000 empleos menos.

 

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, Juan Manuel Moreno ha puesto énfasis en remarcar que el proceso de transparencia del Sistema sigue su curso: de los más de 12.000 expedientes aún por regularizar a primeros de año (bien por anomalías de forma, bien por estar duplicados o bien por corresponder a personas ya fallecidas –estos sumaban 5.747), según los datos del Tribunal de Cuentas, se ha completado la normalización del 98%. Una vez cerrado el proceso de clarificación, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las CCAA pondrán en marcha un nuevo programa informático que ayudará a detectar con rapidez los expedientes que se vislumbren irregulares.

 

Configurado el nuevo sistema de información, la Ley de Dependencia continuará avanzando, pues éste es el compromiso del Gobierno. “Si quisiéramos derogar la Dependencia, ya lo habríamos hecho”, ha comentado el Secretario de Estado, para quien las medidas para mejorar el modelo buscan su viabilidad “a largo plazo”. Medidas que han simplificado la maraña normativa (de seis reales decretos a tres), han puesto luz sobre la valoración (de seis niveles a tres), dirigen la financiación a los servicios profesionales para reactivar la creación de empleo y revisan la prestación por cuidado familiar con objeto de favorecer que las mujeres, el sector de población que más se dedica a la atención de dependientes, salgan al mercado de trabajo.

 

El Secretario de Estado ha rechazado que se intente desmantelar el sistema por la puerta de atrás o que se establezca un copago de hasta el 50%, como asegura el PSOE; asimismo, ha negado que los ahorros previstos para 2013, comunicados a la UE, obedezcan a nuevos recortes. Todo está acordado con las Comunidades, y sin menoscabar la tesitura de las personas con menos recursos: en la reforma se mantendrá que aquellos ciudadanos con ingresos por debajo de 450 euros al mes no tendrán que aportar nada por el servicio.

 

Las nuevas bases del modelo empiezan a mostrar resultados alentadores: la lista de espera se ha reducido un 25%, en gran medida porque se ha tenido que dar de baja a ese cómputo de expedientes irregulares, y siguen entrando beneficiarios, en concreto 132.000.

 

 

Una de las prioridades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde que Ana Mato accedió al cargo es la lucha contra la pobreza infantil, objetivo al que se ha adaptado el reciente Plan de Infancia y Adolescencia. Se trata de un proyecto para toda la legislatura, dotado de un presupuesto, entre administración general del Estado y Comunidades Autónomas, de más de 5.000 millones de euros. El texto, consensuado con CCAA y con el Tercer Sector, se sustenta en un principio que recorre cada medida: la prevalencia del interés del menor, su protección y el fortalecimiento de sus derechos.

 

Así, se revisarán las edades mínimas establecidas para contraer matrimonio y para las relaciones con consentimiento sexual, se canalizarán aquellas adopciones tramitadas con países en los que queda clara la defensa de los menores, se implantarán medidas de integración con los menores con trastorno de conducta, se reforzará la protección de los menores víctimas de violencia de género o que estén expuestos a situaciones de esta índole y se endurecerá la persecución a quienes cometan nuevos delitos relacionados con el uso de las redes sociales o las nuevas tecnologías, principalmente el acoso (ciberbullying o childgrooming).

 

Uno de los puntos clave del Plan de Infancia ya aprobado por el Consejo de Ministros consiste en la puesta en marcha de un programa de atención temprana a menores de tres años con discapacidad, consistente en la aplicación de procedimientos de detección precoz y de tratamiento. La iniciativa se verá complementada con la inclusión en el Sistema de Dependencia de un baremo específico para estos menores, precepto visible en la Ley desde su promulgación que no se ha plasmado desde entonces.

 

La consolidación de la batería de medidas del Gobierno para atajar la pobreza infantil llegará con los próximos planes de Inclusión Social y de Apoyo a la Familia, el primero previsto para la segunda mitad del año y el segundo, para finales del presente ejercicio.

 

El Plan de Inclusión Social resulta uno de los cometidos más importantes en los que se ha empeñado hasta la fecha el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por medio de la Secretaría de Estado. Creará una red de apoyo a las personas que viven en riesgo de exclusión social y albergará una serie de mecanismos para hacer viables y ágiles programas de dotación económica, orientados a paliar la situación de colectivos más vulnerables. Por su parte, el Plan de Familia ofrecerá como apartado esencial la ayuda a las familias con hijos dependientes, o mayores, a su cargo, al mismo tiempo que incorporará iniciativas para favorecer la conciliación de la jornada laboral y la expansión de la corresponsabilidad en las tareas domésticas.

 

LA IMPORTANCIA DEL TERCER SECTOR

 

La intervención del Secretario de Estado ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales ha servido también para que rinda tributo a los más de 4,2 millones de personas que ejercen labores de voluntariado y a todas las entidades del Tercer Sector, pues son las encargadas de valorar, día tras día, la relevancia de la solidaridad. Con las entidades está trabajando el Ministerio estrechamente, por un lado en la redacción de la próxima Ley, objetivo de la Comisión de Diálogo creada “ad hoc”; por otro lado, en la definición de los criterios de reparto de las subvenciones por IRPF (203 millones este año para impulsar 1.103 programas y ayudar a casi 6 millones de personas).

 

Juan Manuel Moreno ha incluido en su comparecencia varias de las medidas que está planteando para reforzar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Primero, a través del Plan de Acción que llevará a cabo la Estrategia Española hasta 2015 y que, como paredes maestras, tendrán la potenciación de la accesibilidad universal y la formación de los profesionales de los servicios sociales, de manera que conozcan exhaustivamente las necesidades de las personas con discapacidad y pueda sacar el máximo partido de sus facultades.

 

España transita en la vanguardia de las políticas de apoyo a la discapacidad, como lo prueba la concesión en próximas semanas del Premio Franklin Delano Roosevelt por la aplicación de varias medidas en defensa del colectivo. El galardón se entregará en la sede de Naciones Unidas.