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Las asociaciones de consumidores, claves para informar a los ciudadanos de sus derechos
- Jornada conmemorativa de los 30 años de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios
- La secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, recuerda el mandato de la Constitución a los poderes públicos de garantizar la defensa de la seguridad, salud y legítimos intereses económicos de los consumidores
- Los consumidores y usuarios han sido “auténticos protagonistas” en un año en el que se ha aprobado la Ley que regula las transacciones a distancia y limita el spam telefónico
- La Junta Arbitral Nacional de Consumo ha resuelto, en un año, más de 128.000 expedientes relacionados con las preferentes
24 de junio de 2014. Las asociaciones de
consumidores y usuarios son una pieza clave porque “si los
consumidores no conocen sus derechos no podrán exigirlos. Y
si no saben cómo y ante quién, tampoco la
protección y defensa será efectiva”. Así
lo ha asegurado hoy la secretaria general de Sanidad y Consumo,
Pilar Farjas, en su intervención ante el Consejo de
Consumidores y Usuarios, en la inauguración de la Jornada
Conmemorativa de los 30 años de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Farjas ha recordado el mandato de la Constitución a los
poderes públicos, de garantizar la defensa de los
consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos
eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses
económicos de los mismos. Por este motivo, y por el
importante papel de las asociaciones de consumidores, el
Gobierno ha mantenido en los últimos años el
presupuesto en ayudas a estas entidades, “para que puedan
seguir trabajando por y para la defensa de los
consumidores”.
En este sentido, Farjas también ha resaltado que,
en el último año, los consumidores han sido
“auténticos protagonistas”, por la
aprobación de la Ley por la que se modifica el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los
Consumidores y Usuarios, que regula todas las
transacciones a distancia, ampliando los derechos de los
ciudadanos.
La norma, que se aprobó en Consejo de ministros el
pasado mes de octubre, a propuesta de la ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y el 27 de marzo
salió del Parlamento, entró en vigor el pasado 13 de
junio. Adapta a la legislación española la Directiva
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
derechos de los consumidores. Su objetivo principal es
reforzar la seguridad jurídica, tanto de estos como del
empresario que formalizan transacciones a distancia, por
lo que introduce medidas encaminadas a reducir la desigualdad de
posiciones entre ambas partes, evitando situaciones de
desprotección de los consumidores.
En la tramitación parlamentaria, además, se han
introdujeron importantes modificaciones y mejoras, encaminadas, por
un lado, a eliminar el “spam” o
“acoso” telefónico de los consumidores por parte
de compañías que les hacen ofertas no deseadas, fruto
del compromiso adquirido por la ministra. También
se legitimó a los fiscales para representar a los
consumidores en reclamaciones colectivas ante cláusulas
abusivas y se acordó que la emisión de las facturas
electrónicas requiere el consentimiento expreso de los
consumidores quienes tienen en cualquier caso el derecho a la
factura en papel sin coste adicional.
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