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• Acuerdo en el Consejo de Ministros
• El Gobierno se compromete a prevenir y luchar contra “dos de las formas de odio y discriminación más extendidas” mediante acciones de información y sensibilización

14 de mayo de 2015. El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Asuntos Exteriores, la siguiente Declaración con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, el próximo 17 de mayo.

“El 26 de junio de 2009 el Consejo de Ministros adoptó un Acuerdo para promover el reconocimiento internacional del 17 de mayo como Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia coincidiendo con la conmemoración de la desclasificación de la homosexualidad como enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud en 1990, de la que se cumplen hoy 25 años. En consecuencia, desde 2010 el Gobierno de España ha venido adoptando una declaración institucional anual coincidiendo con la celebración de este día para manifestar su absoluto compromiso con la erradicación de cualquier forma de discriminación, odio o violencia  por motivos de orientación sexual e identidad de género.

La Constitución española declara en su artículo 10 que ‘la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social’. Por otro lado, el artículo 14 establece el principio de igualdad y no discriminación, y dispone que ‘Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social’. Asimismo, el artículo 9.2 señala que ‘corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, cultural y social’.

Así, desde su compromiso con la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico, el Gobierno de España manifiesta un año más su determinación para seguir trabajando en la promoción de la igualdad de todas las personas, así como en la prevención y la lucha contra cualquier forma de discriminación, odio o violencia.

La lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual y de identidad de género es una de las prioridades de España en materia de derechos humanos, tanto en su política interior como exterior. Por este motivo, el Gobierno viene impulsando acciones concretas tanto en el ámbito nacional como internacional que contribuyen a erradicar definitivamente cualquier discriminación por estos motivos.

En el ámbito internacional, España defiende en diversos foros la aplicación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos que se rigen por los principios de universalidad y no discriminación. Esta defensa resulta imprescindible en un contexto en el que la penalización de una determinada orientación sexual en algunos países lleva a intolerables violaciones de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), entre ellos el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a no ser sometido a tortura y a otros tratos inhumanos o degradantes, así como el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

En este sentido, el Gobierno de España desempeñó un papel muy activo durante el proceso de elaboración de las Líneas Directrices para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en todo el mundo, adoptadas por el Consejo de la Unión Europea en junio de 2013; participa activamente en el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, suscitando preguntas y recomendaciones en aquellos países en los que se detectan violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTI; y ha venido expresando su condena ante las medidas legislativas emprendidas en algunos países que penalizan las relaciones homosexuales consentidas entre adultos y criminalizan a las personas por su orientación sexual y/o identidad de género.

En el ámbito nacional, el Gobierno ha seguido adoptando distintas medidas para garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos por parte de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género. Así, se está trabajando para prevenir y luchar contra la homofobia y la transfobia, dos de las formas de odio y discriminación más extendidas, mediante acciones de información y sensibilización.

En este sentido, la convocatoria para 2015 de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha consolidado la posibilidad introducida por primera vez en 2014 de subvencionar programas destinados a fomentar la igualdad de trato y reforzar la asistencia y orientación a víctimas de discriminación, incluyendo la causada por motivos de orientación sexual e identidad de género. Asimismo, las mujeres transexuales se han incluido dentro de los grupos de mujeres beneficiarias de programas de formación de inserción sociolaboral.

Por otra parte, y como pone de relieve el Informe del Ministerio del Interior sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España en 2014, la orientación sexual y la identidad de género continúan siendo el primer motivo por orden de importancia de los incidentes de delitos de odio registrados. Resulta por ello imprescindible redoblar los esfuerzos también en el ámbito de la prevención y la persecución a través del Derecho penal.

En este plano se inscribe la aprobación de la reforma del Código Penal por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que refuerza la persecución penal de la incitación al odio o a la violencia contra grupos o individuos que estén motivados, entre otras razones, por su orientación sexual o identidad de género, y que agrava el tratamiento penal de estos delitos de odio y discriminación cuando se cometen a través de Internet o de otros medios de comunicación social.

En la misma línea hay que destacar la delegación del Fiscal General del Estado a favor de un Fiscal de Sala de las competencias necesarias para coordinar la actuación del Ministerio Fiscal en materia de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación,  y la designación de fiscales delegados en cada capital de provincia para impulsar y coordinar la actuación del Ministerio Fiscal ante los crímenes de odio y discriminación por, entre otros motivos, la orientación sexual e identidad de género.

En el apartado igualmente importante de la atención a las víctimas, hay que destacar la reciente aprobación de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima de Delito, que prevé una especial valoración de las necesidades de las víctimas de los delitos motivados por su orientación sexual o identidad de género, entre otras causas.

Por último, cabe recordar una vez más el firme compromiso del Gobierno para incrementar sus esfuerzos en el ámbito nacional e internacional, para garantizar que todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, puedan ejercer plenamente sus derechos con dignidad y libertad”.