Noticias

• Clausura de una jornada de la Policía Nacional sobre riesgos que afectan a los menores
• La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad considera que la reforma de la legislación de la infancia llevada a cabo durante la pasada legislatura ha supuesto avances importantes en la protección de los derechos de la infancia
• Aboga por una estrecha coordinación entre administraciones, y por la implicación de la sociedad, para prevenir situaciones de violencia o acoso contra menores
• El mal uso de las nuevas tecnologías requiere nuevas respuestas, y en este sentido ha elogiado el papel de sensibilización e información de las Fuerzas de Seguridad del Estado

27 de enero de 2016. La nueva legislación de protección de la infancia, aprobada el año pasado, ha conseguido situar a la infancia en “el centro del sistema jurídico y social” español al erigirse en “un derecho sustantivo que obliga a todos, a los poderes públicos y a los ciudadanos”. Así se ha manifestado la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, durante la clausura de una jornada acerca de los riesgos que afectan a los menores, organizada por la Policía Nacional.

La reforma de la legislación de infancia que abordó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad durante la pasada legislatura ha logrado avances destacados que colocan a España en la vanguardia de atención y protección de los menores, al incorporar la defensa del interés de la infancia por encima de cualquier otro y enmarcarla como “principio interpretativo” de toda la legislación, conforme a lo establecido por Naciones Unidas en 2013.

Entre esos avances, ha precisado Camarero, hay que considerar el refuerzo de la protección ante situaciones de violencia, y así, ha citado la creación del Registro de Delincuentes Sexuales para evitar que personas con antecedentes delictivos con menores puedan, por su trabajo o por actividad de voluntariado, tener contacto con ellos. Además, gracias a la modificación de la Ley de 2004, el menor es víctima directa de violencia de género, lo que se traduce en el acceso a los servicios y prestaciones a los que tiene derecho una mujer, y derivado de ello, en la atribución de modelos de protección, asistencia y recuperación.

“Los menores sufren directamente el maltrato, además de vivir situaciones en sus casas que interiorizan y normalizan, de tal manera que pueden reproducirlo de mayores”, ha añadido la secretaria de Estado.

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN

Camarero, por otro lado, ha señalado la importancia de trabajar en la prevención desde la educación, inculcando igualdad en todos los ciclos educativos. Según ha indicado, este grupo de población no formaba parte antes de los objetivos de la lucha contra la violencia de género, pero la publicación durante la pasada legislatura de dos informes específicos ha llevado a trabajar con la adolescencia como ámbito prioritario. La razón radicó en la tolerancia mostrada por las jóvenes hacia conductas de control que ejercían sus parejas, control en su forma de vestir, amistades, etc. “Porcentajes intolerables” de permisividad que rondan el 30% de las adolescentes, en palabras de la secretaria de Estado.

Por ello, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad puso en marcha dos campañas consecutivas de sensibilización dirigidas a la juventud, ambas con los lemas “Cuéntalo”, ya que ambas pretendían implicar no sólo a las jóvenes y a los jóvenes, sino también a sus entornos de amigos y de familiares.

IMPLICACIÓN CONJUNTA

Toda la sociedad tiene que participar en la lucha contra la violencia de género. “Son muchos los responsables de detectar y de prevenir el maltrato infantil: la familia, los servicios sanitarios, los centros educativos, los círculos de amigos…”, ha asegurado Camarero. “Estamos convencidos –ha añadido – de que la participación en cualquier tipo de actividad social enseña a los niños y a los adolescentes el valor del compromiso, de la tolerancia y de la solidaridad”.

La secretaria de Estado, quien ha expresado su consternación por el caso del niño madrileño de 11 años que se suicidó hace meses debido, presuntamente, a circunstancias de acoso escolar, ha recordado la activación del Plan de Convivencia Escolar para prevenir y denunciar casos similares.

Dicho Plan es un ejemplo del resultado que puede dar la coordinación entre ministerios y entre administraciones, así como la participación de diferentes agentes. “En la protección y seguridad de los jóvenes, en procurar su bienestar, todos hemos de estar implicados. Los padres los primeros, y además educadores, asociaciones y entidades. Y por supuesto, los gobiernos de todas las esferas de las administraciones”, ha señalado antes de afirmar: “Porque el acoso escolar es un riesgo para los menores, pero hay muchos más: hay nuevos riesgos que requieren nuevas respuestas”.

Susana Camarero, en este sentido, ha mencionado el mal uso de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, y así, ha subrayado que “muchos niños y niñas se ven acosados hoy en las redes”. Para evitarlo, según sus palabras, deben implicarse padres, familiares y las administraciones, como las Fuerzas de Seguridad del Estado, cuyo trabajo de concienciación e información ha elogiado la secretaria de Estado.

Aquí residen las máximas de cualquier estrategia de prevención de los riesgos que afectan a los menores: “Prevenir, proteger e informar: y hacerlo de forma integral y coordinada”, ha recalcado Camarero.