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25 de junio de 2012. “¿Estado del bienestar o sociedad del bienestar?”, “¿recortes o reformas?” “¿Debería la situación de crisis que vivimos suponer el fin de nuestro modelo social?” Éstas son algunas de las preguntas a las que hoy ha dado respuesta la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. Así lo ha hecho durante su intervención en el Foro Ideas+Diálogo de Europa Press, patrocinado por Farmaindustria, en el que ha pronunciado la conferencia titulada “Recuperando el bienestar: el camino hacia un Pacto Sociosanitario”. En ella, la ministra ha desgranado las principales reformas que está acometiendo su Departamento y ha defendido la austeridad y el reformismo como “único” mecanismo para salir de la crisis.

 

A su juicio, “la crisis y sus desafíos” han acelerado las “debilidades del modelo de bienestar europeo”. En Europa y en España, ha dicho, “tenemos claro que queremos conservar este gran instrumento de solidaridad, no sólo en tiempos de bonanza, sino también en tiempos de crisis”. Para ello, ha considerado necesario hacer algunas reflexiones.

 

La primera de ellas, si debemos hablar de “Estado de bienestar, donde sólo el Gobierno y las Administraciones son responsables del bienestar de los ciudadanos, o sociedad del bienestar, en la que los ciudadanos participan de su cuidado”. Entre estas dos opciones, Mato ha dicho inclinarse por la segunda, pues del modelo de bienestar “debemos ocuparnos todos, asumiendo responsabilidades individuales”.

 

La segunda pregunta que se ha hecho es si debería la crisis suponer el fin de este modelo de bienestar. La ministra considera que esto no es aceptable “bajo ningún concepto”. Para evitarlo, “los buenos gobiernos europeos” han planteado reformas. “Lo peor para la sociedad del bienestar y para afrontar la crisis es la pasividad”, ha afirmado.

 

Y aquí aparece una tercera cuestión: “¿Recortes o reformas? Para Mato, “el recorte es la mala terapia del que no se ha ocupado de las reformas”, “simples parches”. Las reformas, en cambio, “buscan resolver los problemas presentes y salvaguardar el bienestar futuro”.

 

La ministra ha reconocido que “las reformas significan sacrificios”, pero ha recordado que el Gobierno “insiste en que sean equitativos”. “Bajo ningún concepto –ha puesto como ejemplo– se le puede pedir el mismo esfuerzo a una persona que está en el paro o que percibe una pensión mínima que a una persona que tiene empleo o percibe rentas altas”.

 

 

Por lo que respecta a uno de los principales pilares de la sociedad del bienestar, la Sanidad, Mato ha dicho que la protección a la salud supone en España casi un tercio (31%) del gasto público. Sin embargo, ha reconocido que los ciudadanos están preocupados por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

 

Para ilustrarlo, ha enumerado algunos de los principales problemas con los que se encontró al llegar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: “Las prestaciones sanitarias habían evolucionado de forma distinta en cada Comunidad Autónoma, dando lugar a una falta de equidad en el acceso”, además, “no se había abordado la siempre pospuesta coordinación entre los servicios sociales y sanitarios”, había “una escasa penetración de las nuevas tecnologías” y la política de Recursos Humanos estaba “atascada”.

 

Pero, sin duda, el mayor problema era la deuda sanitaria de 16.000 millones de euros, que en los últimos dos se ha disparado un 173%. Mato ha destacado el caso de alguna Comunidad Autónoma, que tenía 750.000 facturas sanitarias sin abonar. Con esta deuda, “se ha puesto en riesgo de forma irresponsable el suministro de medicamentos”.

 

Por ello, de los 35.000 millones de euros del Plan de Pago a Proveedores, un total de 12.110 se han destinado a la Sanidad.

 

 

Una vez abordada la urgencia, la ministra ha explicado cómo se gestó la Reforma Sanitaria. Y se hizo bajo tres principios: la cohesión, la igualdad en el acceso a las prestaciones y la eficacia de los servicios de salud y su coordinación con los servicios sociales. Éstos son los principios que han estado en el origen del Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales, que Mato ha propuesto a las Comunidades Autónomas.

 

El primer acuerdo, por la Sanidad, ya se ha alcanzado, y se ha materializado en el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. La ministra ha explicado que la norma “consolida el principio de universalidad” sin cambiar el modelo, sino garantizando su mantenimiento y a su vez “protege a los más desfavorecidos”.

 

Entre las principales medidas, Mato ha destacado la “cartera común de servicios básicos para todas las autonomías, manteniendo el compromiso electoral de una asistencia sanitaria gratuita, sin copago”. Asimismo, ha recordado que, por primera vez, los parados de larga duración no pagarán nada por los medicamentos”. La puesta en marcha de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías, el freno al turismo sanitario, que costaba 1.000 millones al año y la tarjeta única interoperable son algunas de las novedades destacadas. “En definitiva”, ha afirmado, “con este Real Decreto hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos marcado: devolver a los ciudadanos la tranquilidad y la confianza en el futuro del Sistema Nacional de Salud”.

 

En materia sanitaria, además, la ministra ha destacado su intención de “dar estabilidad y seguridad jurídica a los mecanismos de fijación de precios y financiación del sistema, desarrollando nuevas fórmulas de colaboración que animen a nuestras empresas a seguir invirtiendo en I+D+i”. “Lo haremos –ha dicho- porque sabemos que la investigación, la creación de valor y la innovación son las palancas necesarias para volver a la senda del crecimiento y al empleo”.

 

 

 

 

En su conferencia, la ministra también ha hecho referencia a las políticas de igualdad y de servicios sociales, que también formarán parte del Pacto. En este sentido, ha asegurado que, al igual que se ha hecho con la Sanidad, “queremos garantizar el cuarto pilar de la sociedad del bienestar: la Dependencia”.

 

Por otro lado, Mato ha recordado que “hay un millón de familias sin ingresos hoy en España”, y ha destacado la importancia de la institución familiar, que ha sido “la primera y la última red de protección frente al paro y la exclusión social”. Para atender a sus necesidades, el Ministerio trabaja en un Plan Integral de Atención a la Familia.

 

La ministra también ha reconocido la labor de las organizaciones sociales “en estos momentos de dificultad”. Por ello, ha explicado “queremos dotarlas de un marco regulatorio estable que facilite su actuación y fomente su colaboración con la Administración”, para lo que pretende extender la Ley de Mecenazgo al ámbito social.

 

En materia de igualdad, ha subrayado la apuesta “decidida” por medidas para conciliar la vida familiar y laboral, pero ha tenido un recuerdo para las 25 víctimas de la violencia de género que han muerto en lo que va de año, y ha condenado el último asesinato, ocurrido este mismo fin de semana en Gijón. También ha recordado que, de las 25 mujeres fallecidas, 21 no habían denunciado nunca a su agresor. Esta es, a juicio de la ministra, “una batalla que debe ser compartida por toda la sociedad”, por eso el Ministerio trabaja en “una estrategia frente al silencio”.

 

 

La ministra, al cierre de su conferencia, ha reconocido, en suma, que “la sociedad española ha evolucionado mucho en los últimos 30 años”. Por ello, también en materia sanitaria y social “es imprescindible un cambio de mentalidad que nos lleve a cuidar de nuestra sociedad del bienestar”. La seguridad de contar con una buena sanidad pública, una educación pública, unas pensiones o un seguro por desempleo “requiere que los ciudadanos entendamos que los servicios y prestaciones tienen un coste que no podemos ignorar”.