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7 de mayo de 2013. El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, y el director de la RAE, José Manuel Blecua, han firmado hoy un convenio para la normalización y difusión de la lengua de signos española. Se trata de una “alianza”, en palabras del Secretario de Estado, fundamental para la comunidad hispanohablante, y sobre todo, para la garantía de los derechos de las personas sordas y sordociegas.

 

Valorar la lengua de signos es también valorar los derechos de las personas con esta discapacidad, así como ejercer las garantías de la propia Constitución española. Es el compromiso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pues si existe una tarea clave de este Departamento, ésa es la promoción de una sociedad incluyente, donde todos puedan comunicarse en libertad y dispongan de los medios para ello, ha señalado Juan Manuel Moreno.

 

El Ministerio tiene la colaboración de importantísimas instituciones para este fin, como el Real Patronato de la Discapacidad o la Confederación Estatal de Personas Sordas. También, por supuesto, la RAE, la entidad motor de que el castellano sea la segunda lengua en el mundo y un faro para la evolución del idioma. Gracias a este convenio, también desplegará su influencia y nociones en la lengua de signos, “que practican las personas sordas, pero también aquellas personas que por razones familiares o profesionales se acercan a ella”, ha dicho el Secretario de Estado después de la firma del convenio.

 

Acompañado por el director general de Políticas para la Discapacidad, Ignacio Tremiño, Juan Manuel Moreno ha reivindicado la función de los gobiernos para segurar que estas personas aprendan y usen la lengua de signos. Ha recordado, en este sentido, la Ley de 2007 en a que se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas. “Las barreras a la comunicación son responsables de las dificultades de integración, así que estamos ante una herramienta ineludible para la vida en sociedad”, ha remarcado.

 

Destaca el trabajo de la Confederación Estatal de Personas Sordas, cuya Fundación redactó el primer diccionario normativo de la lengua de signos españolas e incorporó el conocimiento técnico y científico de la RAE. Se afianzó entonces una colaboración que ha ampliado el campo de uso y ha fomentado su investigación.

 

Para Juan Manuel Moreno, la normalización de la lengua de signos supone también difundir el patrimonio cultura de España. “Garantizar estos derechos y ser una plataforma social para que así sea constituye un objetivo de Estado”, ha concluido.