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24 de mayo de 2013. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha condenado el último asesinato por violencia de género, ocurrido esta madrugada en Santander y confirmado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

 

La víctima es una mujer de 29 años y nacionalidad española, de origen peruano, que ha fallecido a manos de su marido, del que estaba en trámites de separación. La mujer había presentado denuncias previas por malos tratos y había obtenido medidas de protección que, sin embargo, habían caducado.

 

Con esta son ya 22 mujeres fallecidas en lo que va de año a manos de sus parejas o ex parejas, la mayoría de las cuales (17) no habían denunciado. Las cuatro últimas víctimas han fallecido esta misma semana. Por tal razón, la  delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, ha comparecido hoy para transmitir “el cariño y la cercanía” del Gobierno con las familias de las cuatro fallecidas, así como con los niños y niñas “que se han quedado sin sus madres”.

 

Hernández ha asegurado que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sigue trabajando intensamente en la articulación de todos los recursos disponibles para las mujeres que sufren maltrato, y por esta razón, ha avanzado que la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género estará aprobada el mes que viene tras el estudio de los órganos preceptivos: la Conferencia Sectorial de Igualdad, que tendrá lugar a mediados del mes que viene, el Observatorio Estatal y el Consejo de Ministros.

 

Hernández ha añadido que son más de 250 medidas que abarcan todos los ámbitos de protección de la mujer y de los menores a su cargo, desde la sensibilización hasta la formación de los agentes implicados.

 

En la elaboración de la Estrategia Nacional han intervenido las administraciones central y autonómica, así como la Federación Española de Municipios y Provincias, y los agentes sociales involucrados. Tal y como ha recalcado la delegada, se trata de un “documento con altísimo grado de partición y de consenso”, precisamente los requisitos que necesita la lucha contra los malos tratos a las mujeres.