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6 de septiembre de 2013. El informe de seguimiento del Plan Integral de Lucha contra la Trata de seres humanos con fines de explotación sexual correspondiente a 2012 pone de manifiesto la positiva evolución de las actuaciones policiales contra esta lacra, pues se identificaron menos víctimas que en 2011, y revela la mejora en la asistencia a las mujeres que la padecieron. Mejora que culmina con el derecho a recibir asistencia jurídica gratuita con independencia de su nivel de recursos, y por tanto, sin la obligación de acreditar que no tienen medios para costear el proceso.

 

Ésta es una de las novedades de la reforma de la Ley de Justicia Gratuita que ha llevado a cabo el Departamento de Alberto Ruiz-Gallardón tras la propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que dirige Ana Mato. Hasta primeros de este año, las víctimas de trata que interponían una denuncia debían acreditar “insuficiencia de recursos” para recibir la asistencia gratuita de un abogado, pero ya no será así. Independientemente del nivel económico, cualquier mujer que sufra la trata con fines de explotación sexual y denuncie la situación no pagará absolutamente nada en ninguno de los tramos del proceso.

 

El Consejo de Ministros, por tanto, ha conocido hoy el IV informe de seguimiento del Plan Integral de Lucha contra la trata con fines de explotación sexual, el cual recoge información de 21 entidades especializadas en la atención a víctimas. Dichas organizaciones poseen 43 centros con 409 plazas y con servicios que discurren desde la asistencia psicológica programas de inserción laboral. El informe se completa con los datos de otras 46 entidades de atención ambulatoria (sin alojamiento) y que, en términos totales, tienen 113 centros con una variada y amplia gama de servicios.

 

Los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Empleo y Seguridad Social, Justicia e Interior, así como la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial, aportan la documentación de la que se nutre un informe que enumera hasta los cursos de formación impartidos en cada departamento. El 89% de los integrantes de las Unidades contra las redes de inmigración ilegal del Cuerpo Nacional de Policía han recibido cursos específicos, o por citar otros ejemplos: el Ministerio de Justicia ha organizado actividades formativas para unas 1.380 personas y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha especializado a través de distintos cursos a un centenar de profesionales.

 

 

La apuesta por la formación del personal de la administración y de los profesionales se encamina a fortalecer la detección temprana, aspecto que se ha trasladado a los trabajadores de la sanidad. En diciembre del año pasado, se aprobó el Protocolo para la Actuación Sanitaria en materia de violencia de género, el cual añade un epígrafe con información acerca de la violencia extrema que pueden sufrir mujeres y niñas víctimas de trata, raptadas en muchos casos o seducidas por la promesa de una mejora en su condición de vida en otro país. Son circunstancias que pueden producir graves secuelas. El protocolo, en suma, instruye al personal sanitario y le informa de que casi siempre representan la única vía de salida para estas mujeres.

 

Además, el Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario de la asistencia sanitaria en España, con fecha del 3 de agosto, establece en su disposición adicional quinta el acceso a la sanidad de las víctimas de trata en situación irregular que ya tengan concedido el periodo de restablecimiento y reflexión.

 

 

Los sucesivos informes de seguimiento denotan una mejora de la calidad asistencial a las víctimas de trata, consecuencia, entre otras razones, de la mejora en la recogida de datos. Las actuaciones que se iniciaron en 2009, año del primer informe de seguimiento de la lucha contra la trata, han tenido continuidad por todos y cada uno de los ministerios concernidos, y no sólo eso, sino que muchos han podido racionalizar sus recursos para orientarlos a la atención y asistencia de las víctimas.

 

También es de destacar, según señala el informe, el impulso de la coordinación territorial, la formación de profesionales y la aceleración en los sistemas de prevención y sensibilización.

 

Al cabo de 2012, la administración y las organizaciones sociales contactaron con 34.532 mujeres en situación de riesgo, y de ellas recibieron atención 5.898 mujeres. 1.317 de las personas atendidas presentaron signos de trata con fines de explotación sexual o de explotación sexual, lo que se tradujo en la interposición de 192 denuncias. El 57% de dichas denuncias las ejercieron mujeres de entre 18 y 25 años. 13 eran menores de edad.

 

 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado efectuaron el año pasado 2.201 inspecciones de lugares de prostitución, sobre todo en áreas urbanas (un 38%), y 239 atestados policiales; por otro lado, se detectaron a 12.305 personas en coyuntura de riesgo y se identificaron a 976 víctimas (125 de trata con fines de explotación sexual y 851 de explotación sexual). Un total de 377 mujeres del global de víctimas se encontraba en situación irregular. A todas ellas se les ofreció el periodo de restablecimiento y reflexión.

 

 

Como novedad, el Ministerio Fiscal ha informado de las dos primeras condenas por el delito de trata de seres humanos, ambas en 2012, y de la apertura de 131 diligencias previas.

 

En definitiva, y en comparación con 2011, ha bajado el número de organizaciones criminales y de grupos contra los que ha actuado la policía, así como el de detenidos, lo que refleja las dificultades crecientes que las redes mafiosas encuentran en España para implantar su actividad.

 

Paralelamente, los servicios de la administración y de las organizaciones pueden asumir la ayuda a cada vez más mujeres porque a ellos se han orientado la mayoría de los recursos.