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24 de febrero de 2014.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad transferirá a las Comunidades Autónomas 9,5 millones para la lucha contra las drogas. Así se ha acordado en la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas, celebrada en el Ministerio.

 

En la Conferencia Sectorial están representadas la Administración Central (a través de los ministerios de Presidencia, Interior, Empleo, Educación, Cultura y Deporte, Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, Asuntos Exteriores y Cooperación, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y las Comunidades Autónomas. En este acto también ha estado presente el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín.

 

 

                     DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2014

En concreto, la Conferencia Sectorial ha ratificado  los criterios de distribución de los créditos a las comunidades autónomas, correspondientes al presupuesto para 2014 de la Delegación del Gobierno para el PNSD. Estos créditos, consignados en los Presupuestos Generales del Estados, ascienden a 9.519.400 euros que se transfieren directamente a las Comunidades Autónomas y se destinan a planes autonómicos de lucha contra las drogas (excepto Navarra y País Vasco, debido a su régimen de cupo), en las siguientes cuantías:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Tanto Navarra, como el País Vasco no reciben transferencias de los Presupuestos Generales del Estado debido a su régimen foral, pero sí del Fondo de Bienes Decomisados

 

La Conferencia Sectorial también ha estudiado la forma de homogeneizar la legislación sobre los centros de atención a drogodependientes, de acuerdo al proyecto de Unidad de Mercado 2014.

 

El programa de Unidad de Mercado incluye la aprobación de una Ley y un plan de racionalización normativa que tiene como objetivo eliminar dentro del Estado español trabar innecesarias para el libre desarrollo de actividades económicas. Este proyecto se basa en principios básicos como el principio de eficacia nacional, el de cooperación y el de confianza mutua, respetando plenamente las competencias de las Comunidades Autónomas. La Constitucionalidad de este proyecto ha sido respaldada por el Consejo y la Abogacía General del Estado.

 

Según ha explicado el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, existe ya un grupo de trabajo en el que participan representantes de las Comunidades Autónomas que estudia la incidencia de esta Ley sobre la normativa vigente en materia de centros o de actividades de asistencia a drogodependientes.

 

A petición de Cataluña, la Conferencia Sectorial, asimismo ha analizado la situación de los clubes y asociaciones cannábicas, sobre cuyo funcionamiento, a la vista del Código Penal, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha recordado lo siguiente:

 

·          El derecho de asociación es un derecho fundamental de las personas, avalado por la Constitución. Nadie salvo una sentencia firme de un juez puede evitar la existencia de una asociación.

 

·          La existencia de una asociación y su inscripción en el registro no implica aceptar legalmente los actos que ésta realiza. 

 

·           El Código Penal tipifica como delito la siembra, recolección, transporte y venta de cannabis.

 

·           Corresponde a la Fiscalía Especial Antidroga investigar si las actividades de una asociación constituyen un delito contra la salud pública y en tal caso, presentar cargos.

 

·           Son los jueces quiénes determinar si la actividad de una asociación o de los gestores de un club constituye o no un delito.