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22 de abril de 2014. “Las personas que pasan por momentos difíciles son un objetivo prioritario del Gobierno desde el inicio de la Legislatura” y la pobreza infantil preocupa de manera particular. Por eso, combatirla es un eje tanto del Plan de Inclusión Social como del Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, ambos aprobados el pasado año 2013. Así lo ha recordado hoy la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en su intervención en el Pleno del Senado, en respuesta a una interpelación sobre las medidas del Gobierno contra la pobreza.

La ministra ha afirmado que, sólo para este año 2014, el Gobierno ha dotado un fondo extraordinario de 17 millones de euros para bienes de primera necesidad para las familias. También está preparando un Plan Integral de Apoyo a la Familia y un Plan de Apoyo a la Maternidad. “Tenga la seguridad de que estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para acabar con la pobreza infantil y garantizar las mejores condiciones posibles para los niños”, ha dicho.

 

Mato ha acusado al Gobierno anterior de no actuar ante las situaciones de necesidad y ha afirmado que la mayor parte de los últimos informes sobre la pobreza en nuestro país se refieren a esa etapa.

 

En este sentido, y respecto al último informe europeo publicado por una ONG, la ministra ha explicado que “España ya cumple en buena medida las recomendaciones a los Estados Miembros”.

 

En concreto, ha detallado que, a través del Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia se asumió la Recomendación Europea de “invertir en infancia: romper el ciclo de las desventajas”. La misma recomendación también está recogida en el Plan de Inclusión Social.

 

Con este último, además, España cumple la transversalidad de las acciones de pobreza infantil que sugiere el informe.

 

Por otra parte, la reforma educativa tiene como objetivo frenar el abandono escolar, cuestión que también plantea el informe. A la vez, se garantiza la atención sanitaria.

 

Asimismo, la ministra ha asegurado que “vamos a mejorar, en la reforma tributaria, la fiscalidad de las familias con hijos”, y ha anunciado un refuerzo de la protección a la infancia a través de la nueva legislación que se está ultimando. Una reforma que garantizará el principio del “interés superior del menor”.

 

La ministra ha señalado que “si estas medidas se hubieran puesto en marcha hace años”, hoy los informes sobre pobreza infantil serían distintos. En este sentido, también ha acusado al Gobierno anterior de “no pagar las deudas” con las ONG que prestaban ayuda a quienes más la necesitaban y “por eso tuvimos que destinar 3.000 millones de euros a un Plan Social de Pago a Proveedores”.

 

Asimimso, Mato ha explicado que “estas medidas del Gobierno ya han sido evaluadas y reconocidas por las instituciones europeas”.

En concreto, en la revisión de la Estrategia Europea 2020 (objetivo número 5), Luxemburgo, país revisor, “valoró muy favorablemente las reformas para combatir las dificultades de las familias, menores y grupos de población afectados por la crisis”.

 

Por su parte, la Comisión Europea, en mayo de 2013, reconoció en su Recomendación relativa al Programa nacional de Reformas que “se han logrado avances en las medidas de lucha contra la pobreza infantil y la mejora de la eficiencia de los servicios de apoyo a la familia”, ha recordado Mato.

 

De este modo, “los indicadores ponen de manifiesto que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social no crece a la velocidad que lo hacía hasta 2011”, y ha recordado que sólo entre 2008 y 2011, el indicador AROPE, que mide estas variables, creció en España cinco veces más rápido que en la UE.

 

La ministra, asimismo, ha recordado los principales ejes del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social: empleo, con medidas concretas para los colectivos más vulnerables, como mayores de 55 años y jóvenes; la garantía de unas prestaciones sociales adecuadas y los servicios esenciales de calidad, clave para luchar contra la pobreza y la exclusión, como recomiendan los distintos informes.

 

Asimismo, ha afirmado que, por primera vez, un Plan de Inclusión contempla medidas dirigidas a todos los grupos de población vulnerables, como las personas sin hogar, para las que se elaborará la primera Estrategia Integral.