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21 de octubre de 2014. La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha asegurado hoy que el Gobierno promocionará a partir de ahora que haya personas con discapacidad en los jurados u órganos de selección de funcionarios o empleados públicos en aquellos sectores en los que se registre una presencia importante de este grupo de población. Se trata, ha añadido en la apertura de una Jornada sobre empleo público y discapacidad organizada por CERMI y el sindicato CSI·F, de una iniciativa de sensibilización que buscará dar mayor calidad y seguridad en el empleo a las propias personas con discapacidad.

 

Porque ésta es, precisamente, una de las tareas que con carácter prioritario va a abordar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad durante los próximos meses: no es sólo favorecer que las personas con discapacidad accedan a puestos de trabajo, sino también desarrollar “políticas públicas que contemplen todas las fases y matices del proceso: la selección, la carrera profesional, la formación en el puesto de trabajo, la seguridad y salud laboral, la conciliación, la accesibilidad plena de estos trabajadores y la discapacidad sobrevenida”, en palabras de la secretaria de Estado.

 

Camarero, en este sentido, ha abogado por “atender y dar respuesta a nuevas necesidades y a nuevas demandas para que sea una realidad la inclusión de los empleados con capacidades diferentes”.

 

 

En la órbita internacional, España es un país que ejerce de referente en la aplicación de las políticas de apoyo, protección, inclusión e integración de las personas con discapacidad. Bajo la premisa de que la inclusión comienza con en el puesto de trabajo, la secretaria de Estado ha reconocido, no obstante, que aún queda “mucho camino que recorrer”, y por ello, “hay que dar un paso más para ser capaces de mejorar las condiciones de trabajo y la carrera profesional” de las personas con discapacidad. Se aseguraría así un “éxito efectivo” de la inclusión laboral de estos empleados públicos. “No sólo hay que franquear la entrada a la casa, sino que ésta ha de ser habitable”, ha declarado.

 

Camarero ha aportado datos para ilustrar que se está avanzando ya en la dirección adecuada: la contratación a personas con discapacidad ha aumentado un 20% al cabo del primer semestre de 2014, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Desde 2011, además, las ofertas de empleo de las administraciones públicas reservan un cupo de al menos el 7% de las vacantes, entre las que el 2% han de recaer en personas con discapacidad, y esto, ha recordado Camarero, es “algo” que “durante muchos años se ha estado incumpliendo de manera sistemática”.

 

Por otra parte, la oferta de empleo público para 2014 guarda un total de 174 plazas para personas con discapacidad, y de ellas 46 irían destinadas a personas con discapacidad intelectual, por los que sus contenidos y exámenes se adaptarían convenientemente.

 

Sin embargo, las tasas de actividad entre las personas de este grupo poblacional son bajas respecto a las del resto, y ello, en consecuencia, convierte en factor de “vital importancia” la adaptación y la accesibilidad. 

 

La secretaria de Estado, asimismo, ha recordado la labor que entidades como CERMI o la ONCE desempeñan en la promoción del empleo público. Ejemplos de ello son el premio CERMI.ES 2012 a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o el convenio entre el Instituto Nacional de la Administración Pública, el CERMI y la Fundación ONCE para el desarrollo conjunto de acciones que se dirijan a fomentar el conocimiento de la discapacidad, mejorar la formación y estimular la concienciación.