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• Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia
• El Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia aprueba la Estrategia que, por primera vez, establece pautas de actuación política y social para todas las administraciones
• Aprobado el sistema de acreditación en la cualificación de categorías profesionales del sistema de dependencia, que garantizará la profesionalización del sector y la calidad del empleo
• El Ministerio, en colaboración con la Comisión Europea, realizará un informe sobre los sistemas de ingresos mínimos en todas las administraciones
• Los 221 millones de euros de las subvenciones con cargo al IRPF permitirán financiar 1.270 proyectos de 470 entidades

7 de octubre de 2015. El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha presidido hoy el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. En la reunión, el Ministerio y los consejeros de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas han dado el visto bueno a la primera Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar. Un proyecto pionero que forma parte del Plan de Inclusión Social y cuyo objetivo es mejorar la atención, reducir el número de personas que viven en la calle y restaurar su papel en la sociedad.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística relativos a 2012, último año con cifras al respecto, en España hay unas 23.000 personas sin hogar que acuden a los centros repartidos por todo el territorio nacional. La Estrategia reconoce que existe fuentes dispares de información al respecto entre las CCAA y las principales ciudades españolas, si bien diferentes recuentas apuntan a que el número ha aumentado durante los últimos años. El documento que el Ministerio de sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las CCAA y el tercer sector han consensuado busca reducir la cifra, y se marca objetivos a medio y largo plazo.

Asimismo, diferentes informes sobre la cuestión indican que se han incrementado los número de personas sin hogar más jóvenes, que hay más mujeres y más personas mayores de 45 años; y que esta situación se hace crónica en muchos casos, aunque también apuntan a que sube el alojamiento en pisos y pensiones y baja ligeramente el uso de los centros destinados a ello. Asimismo, mejora el acceso a la sanidad de estas personas, su perfil se distancia de personas con adicciones a drogas o a alcohol y mejora considerablemente la valoración de los servicios a su alcance, en buena parte porque, como igualmente recalca la Estrategia, ha subido la inversión en asistencia. También apuntan los informes que se registran más delitos de odio. La Estrategia contiene medidas relacionadas con todos estos puntos.

Así, este conjunto de pautas parte de un enfoque integral, que se basa en la defensa de los derechos humanos, en la unidad de acción, en la prevención y actuación temprana y en la orientación de soluciones hacia la disposición de una vivienda. Precisamente, como ha asegurado el ministro, uno de los aspectos esenciales de la Estrategia guarda relación con este último aspecto, ya que diferentes experiencias, en especial en Canadá y en Estados Unidos, concluye que destinar a una persona sin hogar a una vivienda, dentro de un amplio programa de acompañamiento social para lograr su reintegración, arroja notables mejoras en su situación personal, principalmente en su estado de salud.

Por ello, Alfonso Alonso ha abogado por trasladar a las administraciones autonómicas y locales esta solución, que la Estrategia articula por primera vez, si bien el Ministerio que dirige viene invirtiendo desde hace dos años en proyectos de estas características a través de las subvenciones del IRPF: 1,1 millones de euros desde 2013. El programa “housing first”, en su expresión original, es una línea de trabajo de los proyectos de atención a personas sin hogar que el Ministerio financia mediante estas ayudas, cuya inversión total en 2014 llegó a 12,7 millones. Debido a ello, es uno de los pilares de la Estrategia.

Sus objetivos son cinco: la prevención, la sensibilización, la seguridad, la restauración del proyecto de vida y la mejora de la información. Entre las principales medidas destacan algunas como favorecer el acceso a sistemas de rentas mínimas, el fomento de la mediación familiar, impulsar apoyo en situaciones de pérdida de vivienda, mejorar la empleabilidad, favorecer contrataciones por las empresas de inserción o crear una Red de Recursos para estas personas, a efectos informativos.

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

En materia de atención a la Dependencia, el Pleno del Consejo Territorial también ha adoptado acuerdos. En primer lugar, ha avanzado en la acreditación de la cualificación de categorías profesionales del Sistema de Dependencia. Este sistema permitirá profesionalizar y garantizar la calidad del empleo en el sector, y se enmarca en la tendencia a derivar la atención a la dependencia a servicios profesionales, en virtud de la reforma acometida por el Gobierno. En la actualidad, más del 62% de las prestaciones reconocidas son ya para estos servicios.

Los aspectos más destacados del acuerdo alcanzado en el Pleno son los siguientes:

• Titulaciones, cualificaciones y perfiles. Se establecen unos requisitos:

-Titulación superior para directores de centros.

-Cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales para cuidadores y gerocultores que presten sus servicios en centros o instituciones sociales.

-Cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a Personas en el domicilio para quienes realicen las funciones de asistencia personal a personas en situación de dependencia, así como para auxiliares de ayuda en domicilio.

Para las categorías profesionales que no se correspondan con titulaciones universitarias, el Acuerdo indica que se fijarán los perfiles profesionales más acordes con las funciones que deban realizar y que estén basados en la cualificación, acreditada a través de los correspondientes títulos de formación profesional, certificados de profesionalidad o vías equivalentes.

El Acuerdo contempla una habilitación excepcional para los mayores de 55 años (a 31 de diciembre de 2015), en las categorías profesionales de Cuidador/Gerocultor, de Auxiliares de Ayuda a Domicilio y Asistente Personal que cuenten con una experiencia de al menos tres años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en esa categoría profesional en los últimos 10 años.

• Calidad de los servicios. Los requisitos y estándares sobre recursos humanos irán dirigidos a garantizar la adecuada prestación del servicio, tanto en número de profesionales, como en su formación y actualización para el desempeño del puesto de trabajo.

• Calendario. Los requisitos relativos a las cualificaciones profesionales serán exigibles a 31 de diciembre de 2017, y en todo caso, cuando finalicen los procesos de acreditación de la experiencia laboral que se hayan iniciado antes de esa fecha.

• Estabilidad del sector. Hasta que finalice dicho plazo, la falta de acreditación no tendrá efectos sobre los trabajadores que estén participando en estos procesos o en un programa formativo que le habilite, ni sobre las empresas o entidades prestadoras de la atención, ni afectará a las Administraciones Públicas.

Por otra parte, el Pleno del Consejo también ha acordado crear un grupo de trabajo para evaluar los resultados de la aplicación del baremo de dependencia aprobado en febrero de 2011, cuyas conclusiones se presentarán en los próximos meses.

SERVICIOS SOCIALES

En la reunión del Pleno del Consejo, el Ministerio y las Comunidades Autónomas han abordado también las propuestas de entidades sociales para culminar el documento base de la Atención Sociosanitaria, sobre el que se han recibido propuestas de las entidades consultadas. Una vez se incorporen estas consultas, se volverá a presentar a las comunidades autónomas este documento, con el objetivo de constituir un marco básico de actuación para ofrecer una atención integrada a quienes requieran asistencia social y sanitaria.

El documento es el resultado del trabajo de cinco grupos, uno por cada eje de la Estrategia Sociosanitaria:

-El perfil de las personas usuarias.

-El catálogo de servicios.

-Los instrumentos de gestión.

-Los requisitos de acreditación de centros, unidades y servicios.

-Y los sistemas de información (base de datos común).

Se trata de un documento estratégico, dado que ocho millones de españoles son ya mayores de 65 años. Una cifra que va en aumento y que tiene una relación directa con la mayor incidencia de la cronicidad y la necesidad de cuidados de larga duración.

Por otra parte, se han presentado en esta reunión dos informes de seguimiento. El primero sobre la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España 2012-2020, que prevé la realización de un estudio sobre las condiciones de vida de la población gitana y la celebración en Mérida, el próximo mes de noviembre, de un seminario sobre la financiación de las actuaciones en favor de este grupo.

El segundo es del Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016, una evaluación de las 240 actuaciones que contempla esta estrategia y que se colgará en la página web del Ministerio una vez sea revisada por las comunidades.

Otro de los puntos tratados ha sido el proyecto “Revisión de los sistemas de ingresos mínimos en España desde la perspectiva de su efectividad 2015-2017”, que tendrá un coste de 251.000 euros y estará financiado en un 80% por la Comisión Europea.

El objetivo es revisar los sistemas de garantías de ingresos mínimos para conocer el nivel de prestaciones que ofrecen todas las administraciones, las diferencias existentes, determinar su efectividad y mejorar el nivel de cobertura con una propuesta viable.

Para concluir la reunión, los asistentes han abordado, en el turno de ruegos y preguntas, la situación de los afectados por la talidomida en España. En este sentido, el ministerio ha solicitado a las comunidades autónomas su colaboración para apoyarlas, sobre todo en la valoración de la discapacidad para que tengan acceso a las prestaciones derivadas. El Imserso ya ha incorporado en la codificación para esta valoración el código específico “síndrome malformativo debido a talidomida” y, además, ha posibilitado a los afectados el  acceso a la edad de jubilación en edad reducida.

SUBVENCIONES IRPF

Alfonso Alonso, además, ha anunciado la conclusión del trámite para proceder al reparto de las subvenciones sociales con cargo al IRPF. El importe es de casi 221 millones de euros, que propiciarán la financiación de más de 1.270 proyectos de 470 entidades de toda España, lo que beneficiará a unas 6 millones de personas.

El ministro ha recalcado la apuesta por desarrollar programas de apoyo a familias con hijos menores cargo, lo que se traduce en programas para combatir la pobreza infantil. Así, a iniciativas de Urgencia Social (alimentación, ropa o ayudas en gastos derivados del hogar) se dirigirán casi 24 millones de euros; los programas de Apoyo a Familia e Infancia recibirán 27,7 millones, en tanto que los proyectos para apoyo a personas mayores suben hasta los 47,6 millones de euros. En los tres casos, se registran ligeros incrementos respecto a la distribución anterior.