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• La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social participa en el acto organizado con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores en la sede de la Comisión Europea en España.
   

13 de marzo de 2019.- La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha defendido esta mañana que “garantizar los derechos de las personas consumidoras debe ser una prioridad para las administraciones públicas”. La Ministra ha pronunciado estas palabras en el acto organizado con motivo del Día Mundial de los Consumidores en la sede de la Representación de la Comisión Europea en España.

Carcedo ha recordado que el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores se celebra desde hace 15 años por iniciativa de la ONU, cada 15 de marzo. Es la fecha en la que, en 1962, el presidente de EEUU John Fitzgerald Kennedy pronunció un discurso en el que reconoció al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo. La Ministra ha matizado las históricas palabras del dirigente: “No sólo somos el grupo económico más grande del mercado, somos el grupo social más grande que afecta y es afectado por casi todas las decisiones, públicas y privadas, no sólo del ámbito económico, sino también del laboral, el educativo o incluso el judicial”.

La Ministra ha destacado que “las personas consumidoras son las que tienen la última palabra”. Por ello, ha insistido en que “para que sus decisiones sean libres y para que se formen de manera responsable, las instituciones deben facilitar el mejor acceso a la información y al conocimiento”.

María Luisa Carcedo se ha referido también a cómo la protección a las personas consumidoras incide en la construcción “de sociedad más igualitaria y al bienestar social de la ciudadanía”.

Políticas transversales europeas

La Ministra ha destacado los cambios que se están llevando a cabo en el Consejo de la UE, “orientados a reforzar los derechos de los consumidores, a proporcionarles instrumentos para ejercerlos, a obtener compensación y resarcimiento, a establecer sanciones efectivas y a actualizar la directiva de prácticas comerciales desleales para que las autoridades nacionales puedan evaluar y atajar las prácticas comerciales engañosas”.

España, ha asegurado, comparte estos y otros retos que el movimiento asociativo reclama desde hace tiempo, como la definición y protección del consumidor vulnerable, al uso de determinados prefijos como servicio de atención al cliente o el reto de alcanzar una protección similar del consumidor en el conjunto del Estado, entre otros.

De cara al futuro, la Ministra ha destacado que “las políticas de consumo deben evolucionar y adaptarse a la sociedad a la que sirven, para conseguir, a través del compromiso ético de los consumidores, mejorar el mundo en el que vivimos desde una perspectiva social, económica y medioambiental”.

Para la Ministra, “las políticas que refuerzan a las personas consumidoras son fundamentales para el correcto funcionamiento del mercado único europeo”. Además, según ha explicado, “generan confianza, condición necesaria para el desarrollo de la economía y de la riqueza”. Son, también, “la clave para garantizar la justicia social y garantizar una sociedad más igualitaria y el bienestar social de la ciudadanía”, ha concluido.