Noticias

• Lucha contra la discriminación
• Carmen Plaza ha expuesto las características de este servicio y ha insistido en reforzar las medidas de conocimiento, sensibilización y formación con el fin de erradicar cualquier forma de discriminación.
• Una red de oficinas de siete organizaciones especializadas dispensará este servicio, que constará de asistencia presencial, atención telefónica y una página web propia.

6 de noviembre de 2013. La Directora General para la Igualdad de Oportunidades, Carmen Plaza, ha presentado esta mañana el Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, un servicio estatal y gratuito de atención a posibles víctimas prestado por el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, órgano colegiado adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades.

Este servicio, que ofrece apoyo y asesoramiento independiente a las personas que sean o hayan sido discriminadas por su origen racial o étnico en cualquier ámbito (educación, sanidad, vivienda, empleo, etc.), será prestado a través de una red de oficinas desde siete organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia, y constará de asistencia presencial, atención telefónica y una página web propia. Actuará bajo un protocolo único, respaldado por el grupo de asistencia a víctimas de discriminación del Consejo.

Para la Directora General de Igualdad de Oportunidades, la implantación de este servicio supone un paso más en la consecución de una sociedad libre de discriminación, donde la igualdad de oportunidades sea una prioridad en una sociedad capaz de solidarizarse con quienes sufren discriminación y de apoyarles y protegerles. A este respecto, de acuerdo con los datos del último eurobarómetro 2012 de la Unión Europea sobre discriminaciones, la discriminación basada en el origen racial o étnico se considera como la más extendida según un 58% de los españoles; asimismo, según un 40% de los españoles,  la pertenencia a un grupo racial o étnico distinto del mayoritario supone una desventaja para encontrar un trabajo. La ausencia de conocimiento por parte de la ciudadanía en general acerca de los derechos que les asistirían en el caso de ser  víctimas de una discriminación, que se sitúa en torno al 60%, lleva a una realidad difícil de gestionar,  la del bajo nivel de denuncia, lo cual impide tener un conocimiento real de la extensión del fenómeno con el fin de articular políticas efectivas.

Frente a  estas situaciones, Carmen Plaza ha afirmado en que los poderes públicos deben adoptar una actitud activa tendente a la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación, dando cumplimiento  de esta manera al mandato contenido en el artículo 9.2 de la Constitución, que obliga a  promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Por ello, el Gobierno apuesta por las políticas de igualdad y la eliminación de toda forma de discriminación, por ser una cuestión de justicia, pero también de desarrollo y eficiencia, porque el coste social de la discriminación es un coste que no puede ni debe asumirse. En ese sentido, el servicio de asistencia a víctimas de discriminación no se limita a dar cumplimiento a una obligación de la Unión Europea sino que intenta ir un poco más allá, abordando la discriminación no solo desde un punto de vista meramente asistencial, sino como una cuestión compleja que implica sensibilizar y formar tanto a la ciudadanía como a los profesionales que dedican su esfuerzo a la lucha contra la discriminación. La correcta aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación requiere el firme compromiso de todos los actores implicados- poderes públicos, entidades y agentes sociales-,  para  lo que es fundamental:

- Generar conocimiento sobre la discriminación, contando para ello con datos fiables e investigaciones sobre esta materia.

- Ser capaces de sensibilizar y concienciar a los poderes públicos y a la sociedad en general sobre los valores y beneficios de una sociedad diversa y libre de discriminación.

- Avanzar en la formación de todo el personal de las administraciones públicas sobre las cuestiones relacionadas con la igualdad, la no discriminación y la gestión de la diversidad.

La adopción de decisiones pasa por un adecuado conocimiento de la realidad: desde la Dirección General de Igualdad de Oportunidades se está trabajando en la elaboración de un Mapa de la Discriminación que se materializará en un estudio-diagnóstico de amplio alcance, que abordará, desde una perspectiva integral, todos los motivos, situaciones,  manifestaciones y ámbitos más habituales en que la discriminación se produce. En este contexto ya se ha finalizado un estudio previo basado fundamentalmente en el análisis de las fuentes de información secundarias existentes, tanto de ámbito nacional como europeo, en materia de discriminación, y se ha realizado el trabajo de campo de una encuesta especial sobre discriminación, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas,  cuyos resultados podrán ser presentados en breve. Una vez finalizada esta fase sociológica, y en colaboración con otros departamentos ministeriales, se trabajará en la recogida y sistematización de los datos relativos a denuncias, infracciones, sanciones o sentencias referidas a actos discriminatorios. El cruce de ambas realidades, la sociológica y la empírica, dará lugar a la radiografía más real posible del fenómeno de la discriminación.

Red de Ciudades para la Igualdad de Trato y la No Discriminación

Otra de las prioridades es la sensibilización, para lo cual se está trabajando conjuntamente con la Federación Española de Municipios y Provincias en la puesta en marcha de una Red de Ciudades para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. También se pondrá en marcha un plan de actividades de sensibilización contra la discriminación y por la diversidad entre jóvenes y adolescentes, en el que se buscará, manteniendo un tono positivo y participativo, la implicación de toda la ciudadanía y, especialmente, de los agentes e instituciones sociales que, a modo de intermediarios, puedan reforzar y multiplicar estas acciones (los centros educativos, las familias, las entidades sociales y los medios de comunicación social). Asimismo, la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades ha participado en la difusión en España de la campaña Dosta del Consejo de Europa contra los prejuicios dirigidos a la comunidad Roma.

Por último, Carmen Plaza ha aludido al importante y decisivo papel que juegan las administraciones públicas en el impulso y promoción de políticas a favor de la igualdad y la no discriminación, para lo cual se está llevando a cabo el “Proyecto de formación de empleados públicos para la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y no discriminación en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas”, que tiene como objetivos mejorar los conocimientos teóricos de las personas responsables del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas sobre igualdad, no discriminación y gestión de la diversidad, para que puedan integrarlos en su práctica profesional; y, sobre todo, formar a los empleados públicos  en habilidades relacionales para sensibilizar y concienciar al personal de sus organizaciones sobre la necesidad de establecer unas relaciones igualitarias y respetuosas con la diversidad.