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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las CCAA aprueban un protocolo que agilizará los desplazamientos de las víctimas de violencia de género y de sus hijos entre casas de acogida
- Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Igualdad
- El documento establece un marco común de actuación de acuerdo con las premisas de la seguridad, recuperación y confidencialidad de las mujeres víctimas y de sus hijos
- Las CCAA de origen de la propia víctima, o en su caso, si así lo acuerdan, las comunidades de procedencia y de acogida, asumirán los costes del desplazamiento. Asimismo, cuando llegue la unidad familiar al nuevo centro, los hijos serán escolarizados de forma inmediata y a la mujer se le aplicarán los recursos y servicios que su situación concreta haga necesarios, al igual que el itinerario profesional de asistencia pertinente
- La Conferencia Sectorial también ha aprobado “Las Pautas para la Intervención Individualizada” de las víctimas de violencia de género y de los menores a su cargo, lo que supondrá una mayor coordinación de los profesionales de distintas áreas (psicológica, social, educativa o judicial) desde un diagnóstico preciso de la situación familiar y con la posibilidad de que al caso se le asigne un profesional concreto encargado del seguimiento
- Las CCAA recibirán este año 5,3 millones de euros para abordar proyectos de asistencia integral a las mujeres víctimas y a sus hijos: 4,3 millones proceden de la ampliación de crédito aprobada hoy para transferir a los gobiernos autonómicos y el millón restante se enmarca en la cuantía del Espacio Económico Europeo
21 de julio de 2014. La Conferencia Sectorial
de Igualdad, que ha reunido hoy al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y a las Comunidades Autónomas, ha
acordado la ampliación del crédito destinado a la
asistencia integral de las mujeres víctimas de violencia de
género y a los menores a su cargo. Se trata de un aumento de
300.000 euros, lo que eleva el importe total de dichas
transferencias a 4,3 millones de euros. Asimismo, a instancias del
Departamento que dirige Ana Mato, se ha aprobado la
aplicación del protocolo de derivación a casas de
acogida, de modo que puedan tramitarse de urgencia desplazamientos
de las víctimas y de sus hijos entre comunidades, y siempre
en pro de su seguridad y de su recuperación.
La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
Susana Camarero, ha presidido la sesión de hoy de una
Conferencia Sectorial cuyos acuerdos, según ha manifestado
en la rueda de prensa posterior, ha calificado como
“históricos”. Por un lado, porque queda
demostrado el compromiso del Gobierno en la erradicación de
la violencia de género y en la mejora de la atención
a las víctimas de malos tratos y a los menores o personas
dependientes a su cargo. Por otro, porque medidas como el Protocolo
de derivación o la redacción de un documento de
Pautas de Actuación Individualizada con mujeres y sus hijos
reflejan la apuesta por la calidad asistencial, la mejor
garantía para denunciar los casos de violencia de
género y empezar una nueva vida.
Tal y como ha destacado Camarero, España dispone de un
“magnífico” elenco de profesionales dedicados a
que las mujeres que sufren malos tratos o que luchan por superarlos
puedan rehacer su vida. Son profesionales de los servicios
sociales, de la atención psicológica, de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la magistratura. Todo un
repertorio de personas dispuestas a volcar su conocimiento en la
ayuda a las mujeres y sus hijos. Y no sólo eso:
España cuenta con una red de recursos y servicios de
extraordinarias prestaciones.
La coordinación de todos estos instrumentos ha
propiciado la aprobación de un Protocolo de
derivación a casas de acogida de las mujeres que han sufrido
la violencia de género, así como de sus hijos e
hijas. El documento acelerará los plazos de
tramitación de desplazamiento entre centros de acogida hasta
un máximo de 15 días. La interconexión entre
comunidades y las propias casas acerca de su disponibilidad de
plazas y de los recursos que ofrece permitirá en un periodo
muy breve proceder al desplazamiento. Desplazamiento que se
efectuará sobre los principios de celeridad, seguridad y
confidencialidad, y con un aspecto a tener en cuenta: si la mujer
no cuenta con recursos económicos suficientes, la comunidad
de la que procede se encargará de los gastos del viaje. Se
abre la opción de que tanto ésta como la comunidad de
recepción acuerden el reparto de los costes.
También asumirá la comunidad de origen el gasto
que ocasionen los viajes de regreso por obligación del
proceso judicial o por causa debidamente justificada. En este caso,
y en atención a la máxima de la seguridad, la
comunidad afrontará también los gastos del
alojamiento.
Por otro lado, una vez finalizada la estancia en la casa de
acogida de acuerdo con los criterios de los especialistas, la mujer
podrá decidir si se instala en la comunidad que la
acogió, en cuyo caso ésta pondrá a
disposición la información sobre sus recursos y
aplicará los que le corresponda, tanto a ella como a sus
hijos. Porque ésta es también la premisa del
Ministerio y de las CCAA reunidas en la Conferencia Sectorial: la
atención a los menores y la presencia junto a su
madre.
Con esta aprobación se avanza de manera definitiva en
el establecimiento de una verdadera Red Nacional de Centros de
Acogida y se produce una mejora sustancial de la
coordinación entre las distintas redes autonómicas, y
con ello en la protección y la seguridad de las
víctimas y de los menores a su cargo, así como en
facilitar su recuperación integral
La Conferencia Sectorial ha servido también para
presentar a las Comunidades las “Pautas comunes para la
Intervención integral e individualizada con mujeres
víctimas de violencia de género sus hijos e
hijas y otras personas a su cargo”. Las Pautas, fruto de la
colaboración y las aportaciones realizadas por las
Comunidades Autónomas, se presentan con el fin de que
contribuyan a realizar una intervención personalizada y
multidisciplinar con las víctimas de violencia de
género y sus hijos e hijas. Tanto el Ministerio como las
Comunidades Autónomas pretenden, de este modo, una
atención integral acorde a las necesidades del proceso
recuperatorio. La Propuesta incide en dos elementos esenciales
para satisfacer de manera eficaz tales necesidades: la
coordinación de las intervenciones de los distintos
profesionales que participan, evitando revictimizaciones a las
mujeres, y la definición de unos objetivos hacia la
recuperación de las víctimas (mujeres e hijos) sobre
la base de la asistencia psicosociales, laboral, educativa y
sanitaria.
AUMENTO PRESUPUESTARIO
A través de una ampliación de crédito, el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
transferirá este año 4,3 millones de euros a las CCAA
para que desarrollen proyectos de atención integral a las
mujeres víctimas de violencia de género y a los
menores a su cargo. La cuantía es 300.000 euros superior a
la que se tramitó el año pasado y a la que en
principio se fijó en los Presupuestos Generales del Estado.
Incorporada este aumento de crédito, 3.100.000 euros
recaerán en los programas de asistencia a mujeres y
1.200.000 en los de atención a menores.
A dicha inversión hay que sumar el millón de
euros proveniente del Espacio Económico Europeo (los
llamados fondos noruegos) para desarrollar proyectos de asistencia
a mujeres víctimas de violencia de género. A la
espera de la validación definitiva de dichos programas, seis
Comunidades Autónomas recibirán cada una 170.000
euros para efectuar otros tantos proyectos. La inversión se
ejecutará antes de final de año, según las
previsiones de la tramitación. En total, 5,3 millones de
euros en 2014 para que las mujeres que han padecido malos tratos,
así como sus hijos, reciban la mejor asistencia posible y
rehagan su vida.
De acuerdo con los criterios de distribución pactados
con las comunidades, Andalucía, Cataluña, la
Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana son, por este orden, las
regiones que más crédito recibirán.
Asimismo y por primera vez se incluye en la agenda de trabajo
común con las Comunidades Autónomas, la
atención específica a otras formas de violencia
contra la mujer, como es la mutilación genital femenina, en
consonancia con la Estrategia Nacional para la Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres 2013–2016. Las
administraciones, en consecuencia, se coordinarán para
plasmar las actuaciones autonómicas efectuadas al respecto,
y se creará un nuevo grupo de trabajo on-line para
el intercambio de información y documentación
relevante.
