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• El documento da cumplimiento a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, contribuye a impulsar en España los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
• La estrategia se articula en cuatro metas estratégicas: combatir la pobreza; generar inversión social en las personas; consolidar un sistema de servicios públicos sanitarios, educativos y sociales; y promover la eficacia y eficiencia de las políticas.
• Contempla un sistema de ingresos mínimos que permita vivir con dignidad y favorecer el incremento de la renta neta disponible de los hogares.
• En su elaboración ha participado el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. También se ha contado con los diferentes ministerios con competencias en protección social, el Consejo Estatal de ONG y los interlocutores sociales.

22 de marzo de 2019.- El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo,  la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023.

Se trata de una iniciativa con carácter participativo, en cuya elaboración ha colaborado el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. En la redacción del documento han intervenido también los diferentes ministerios con competencias en protección social, el Consejo Estatal de ONG y los interlocutores sociales.

Además, en su desarrollo, se contará con la colaboración de las administraciones autonómicas y las corporaciones locales, así como a todos los actores del sector privado, de la sociedad civil y, en particular, del Tercer Sector de Acción Social.

La Estrategia busca la cohesión y el progreso social, y trata de dar cobertura adecuada a las necesidades de la ciudadanía y especialmente a los colectivos vulnerables en situación de pobreza o exclusión. También da cumplimiento a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, al tiempo que contribuye a impulsar en España los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

El documento se construye en torno a cuatro metas estratégicas. Estas líneas de actuación se desarrollarán mediante la elaboración de planes operativos anuales, que fijarán medidas concretas, la asignación presupuestaria y las entidades responsables de cada una de las tareas descritas en la estrategia.

La primera de las metas estratégicas se centra en combatir la pobreza, especialmente de las personas más vulnerables, como niños, niñas y adolescentes. Para ello tiene como objetivo crear un sistema de ingresos mínimos que permita vivir con dignidad y favorecer el incremento de la renta neta disponible de los hogares.

La segunda meta se refiere a la inversión social en las personas y se  desglosa en dos objetivos: educación equitativa e inclusiva y atención prioritaria en formación y empleo a grupos vulnerables.

La tercera meta apuesta por consolidar un sistema de servicios públicos sanitarios, educativos y sociales, universales y de calidad, que acompañen y protejan a las personas a lo largo de su ciclo vital y profundicen en combatir las desigualdades. En particular, uno de los objetivos de la estrategia es que las personas puedan hacer frente al coste de la vivienda sin que este condicione su vida y la satisfacción de sus necesidades más básicas.

Se contribuirá a mejorar la situación de familias como las monomarentales, las personas que hayan sufrido una ejecución hipotecaria, que estén en situación de desempleo o que hayan agotado todas las prestaciones, así como las personas sin hogar.

La cuarta meta, relativa a la eficacia y eficiencia de las políticas, establece cinco objetivos. En primer lugar, la ordenación del sistema y la coordinación de los servicios, políticas y prestaciones, en favor de personas en situación de pobreza y exclusión social. También contiene la coordinación y cooperación territorial y eficiencia del conjunto del sistema, así como con la UE. Además, comprende la colaboración y participación todos los actores implicados en las políticas de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social. Finalmente, tiene como objetivo crear sistemas coordinados y transparentes de gestión de la información y el conocimiento, que den respuestas innovadoras a las necesidades sociales.