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10 de julio de 2012. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha sentado hoy las bases de la reforma del Sistema de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia tras reunirse con los consejeros de las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Territorial. El Gobierno pretende con esta serie de medidas actualizar y mejorar un modelo que había quedado desfasado a los cinco años de ponerse en marcha debido a la falta de control y a un desarrollo normativo repleto de improvisaciones, tal y como ha explicado la ministra al término del cónclave.

 

La mayoría de las CCAA han manifestado su apoyo a la reforma y han destacado su compromiso con las líneas maestras del nuevo modelo, toda vez que el aún vigente adolecía de una serie de problemas en la aplicación, cuando no de un serio riesgo de declararse insostenible en un contexto económico marcado por la necesaria contracción del gasto en todos los ámbitos de la administración, según ha indicado la propia ministra en su comparecencia ante los medios de comunicación para informar sobre los acuerdos alcanzados.

 

Una de las debilidades del sistema ha sido la ausencia de una evaluación de la aplicación y de los resultados, algo que el Ejecutivo anterior prometió hacer tres años después de iniciado el sistema. Sin embargo, ha sido el Departamento que dirige Mato el que ha acometido la tarea y el que ha redactado un documento que muestra las características del modelo desde 2007 y las lagunas reconocibles en la gestión. Dicho texto se ha estudiado hoy en el Consejo Territorial.

 

Algunos datos puestos de manifiesto son: un gasto 2.700 millones de euros superior al estimado cuando se puso en marcha; la entrada de 400.000 dependientes más de los previstos (de ellos, 225.000 grandes dependientes), una deuda en la Seguridad Social de más de 800 millones de euros y una lista de espera de unas 300.000 personas.

 

Precisamente para atajar esta lista de espera, la ministra ha subrayado que uno de los pilares de la propuesta para mejorar el Sistema es la priorización del gran dependiente y del dependiente severo, pues son estas personas la que más cuidados necesitan y las que requieren una atención más exhaustiva. La medida busca, por tanto, reducir el tiempo de espera e inyectar más agilidad a los trámites para que se les reconozca el grado de Dependencia.

 

En consecuencia, el calendario para la incorporación de las personas con dependencia moderada o leve se ampliará, de modo que vayan entrando en el sistema de forma progresiva. Mientras tanto, serán atendidas por los servicios sociales, algo que, por otra parte, como ha recordado la ministra, ya viene ocurriendo.

 

Asimismo, se simplifican los grados y niveles, por lo que el reconocimiento de las personas que entren en el sistema se ajustará a tres grados, Gran Dependencia, Dependencia Severa y Dependencia Moderada, en lugar de a los seis niveles actuales. El objetivo: agilizar los trámites y descargar burocracia.

 

 

 

 

Otra de las líneas maestras de la propuesta de mejora del sistema consiste en la apuesta por una atención más profesionalizada y cualificada. Mato ha asegurado al respecto que con la orientación de recursos hacia la profesionalización de los servicios sociales “se genera empleo y actividad económica, garantizando, además, la calidad de los servicios”.

 

La ministra ha hecho hincapié en recalcar la valía e importancia de los cuidadores familiares, si bien ha comentado que esta figura, concebida en el articulado de la Ley como una excepción, se ha convertido en una norma general. Mato ha indicado que la apuesta por la atención profesionalizada trata de “aliviar la carga inmensa que muchas veces supone” su papel como cuidador. “El Gobierno reconoce y aprecia el esfuerzo de estas personas que sacrifican su vida, su tiempo y su trabajo al cuidado de sus padres, de sus hijos o de sus familiares dependientes”, ha añadido.

 

El acuerdo para la mejora de la Dependencia supone la exigencia de una serie de requisitos a las personas que cuiden de sus familiares, como el compromiso para recibir la formación necesaria.

 

Asimismo, según ha declarado Ana Mato, se va a revisar la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, que se reducirá en un 15%.

 

La ministra ha avanzado que el sistema de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social de los cuidadores en el entorno familiar se revisará “en profundidad” para establecer una nueva regulación que tenga en cuenta sus especificidades. Sin embargo, tal y como ha remarcado Ana Mato, mientras se concreta esta revisión, los cuidadores familiares que actualmente estén en alta no perderán dicha categoría, sino al contrario: la conservarán en tanto en cuanto permanezcan las circunstancias que dieron lugar al Convenio Especial.

 

                                              

 

  

 

                                      IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY

 

 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha desgranado otra de las bases del acuerdo para la mejora del Sistema, pues “ante iguales circunstancias, iguales prestaciones”, ha resumido.

 

Unos criterios mínimos y básicos, tanto en la solicitud como en la resolución del reconocimiento del grado de Dependencia y en el derecho a recibir la prestación, permitirán construir un sistema desde la equidad. En este sentido, la mejora del Sistema adecuará las prestaciones y servicios a las necesidades reales de las personas dependientes y extenderá la partida por asistente personal a todos los grados, algo que hasta la fecha no sucedía, pues ésta se aplicaba sólo a los dos niveles del grado III.

 

Sin salir de este ámbito, en pro de una mayor agilidad en la toma de decisiones, la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y el Consejo Territorial de la Dependencia se funden en un mismo órgano, que se denominará Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD.

 

 

 

 

En favor de la igualdad del sistema, la ministra ha avanzado la intención del Gobierno, compartida por la mayoría de las CCAA, de hacer un modelo “más justo, equitativo y solidario”, por lo que una vez entre en vigor el acuerdo que mejora los mecanismos de la Dependencia, el usuario que más renta tenga, aportará más al mantenimiento de los mismos.

 

Para ello, en el proyecto de Real Decreto sobre capacidad económica y participación del beneficiario se deja constancia de unos criterios mínimos y básicos para determinar la aportación en el coste de las prestaciones que reciben.

 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha felicitado del acuerdo alcanzado pues cumple con cuatro objetivos esenciales para la sostenibilidad del Sistema de Atención a la Dependencia: garantizar su viabilidad, priorizar a las personas que más lo necesitan, que son las que tienen un grado más alto de dependencia; simplificar los mecanismos del modelo y asegurar que las prestaciones se ajustan a las necesidades reales de los dependientes.