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10 de julio de 2012. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que dirige Ana Mato, y las Comunidades Autónomas han acordado hoy en el seno de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales la transferencia de más de 47 millones de euros para que las corporaciones locales puedan prestar con absolutas garantías servicios sociales de atención básica.

 

El crédito supone la ejecución de una de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado de este mismo año, en concreto el Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de los entes locales. No ha sido éste el único aspecto sobre el que las administraciones han conseguido un acuerdo, ya que también se ha dado el visto bueno a la Estrategia Nacional para la inclusión del pueblo gitano, un proyecto con un periodo de aplicación de ocho años, desde 2012 a 2020; y la elección de Navarra como comunidad que albergará el Congreso Estatal del Voluntariado del año que viene.

 

Presidida por la ministra Ana Mato, la Conferencia Sectorial ha permitido la puesta en marcha de un programa presupuestario para la red de servicios sociales de las corporaciones locales. El importe se ha situado en casi 47.300.000 euros, una cantidad inferior a la de año anterior (el descenso es del 45,4%) como consecuencia del ajuste y la consolidación fiscal a la que se enfrentan las administraciones para adecuarse a los objetivos de déficit comprometidos.

 

Con todo, el Gobierno decidió que una transferencia como ésta, dedicada a la cobertura de servicios sociales básicos para el ciudadano, había que conservarla, y así, continuó con el Plan Concertado, cuyos objetivos son: dar a los ciudadanos servicios sociales adecuados para la cobertura de sus necesidades básicas; dotar de apoyo económico y ofrecer asistencia técnica a las corporaciones locales; y consolidar la red de servicios sociales municipales, con atención prioritaria a la ayuda a domicilio y la teleasistencia.

 

El dinero que llegue a las entidades locales propiciará, además, que se mantengan, o refuercen en su caso, algunos de los equipamientos municipales más importantes de su red de servicios sociales. Centros como comedores sociales, de estancia diurna, minirresidencias o pisos tutelados seguirán con sus actividades, y no sólo estos. Los albergues para personas sin hogar y los centros de acogida para personas con graves problemas de convivencia también continuarán su trabajo.

 

La distribución por comunidades autónomas, siguiendo los criterios de años anteriores, es la siguiente:

 

 

(*NOTA: A la cantidad total hay que sumar 200.000 euros como consecuencia de la ampliación del crédito a Ceuta y a Melilla en 100.000 euros cada una, según acuerdo del Consejo de Ministros).

 

 

Asimismo, el Ministerio, por medio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) cofinanciará el programa de ayuda a domicilio de los ayuntamientos de Ceuta y de Melilla. Al primero corresponden 979.480 euros y al segundo, 733.484.

 

Las comunidades autónomas, en virtud de otros de los acuerdos de la Conferencia Sectorial, recibirán 550.000 euros para llevar a cabo sus respectivos programas contra la marginación del colectivo gitano. Las actuaciones, en consecuencia, habrán de hacer hincapié en la educación, en la formación para el empleo, en la salud y en la vivienda, pues el fin consiste en la integración social de los miembros de este sector de la población, así como en la mejora de su bienestar.

 

 

 

 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas han analizado un borrador de catálogo de referencia de servicios sociales con el fin de asentar unos criterios mínimos de calidad comunes para toda la geografía nacional. El documento se estudiará también con el Tercer Sector.

 

La tarea no ha resultado sencilla habida cuenta de la diversidad de legislación autonómica que hay sobre la materia y de las variadas estructuras de los organismos que en cada comunidad gestionan asuntos sociales, pero la redacción de este borrador al final ha sido posible gracias a la colaboración de todos los implicados.

 

Ha pesado en todo el proceso un objetivo claro: enumerar todos los servicios sociales que prestan las administraciones competentes, y se ha hecho en dos grupos:

 

-          Por un lado, las prestaciones básicas: de acceso universal, son preceptos establecidos en leyes estatales, que hacen referencia a prestaciones básicas o se ofrecen de forma generalizada en todo el Estado.

-          Por otro lado, las prestaciones complementarias: las más especializadas y técnicas y las que se dirigen a determinados sectores de población. Vienen amparadas por la legislación autonómica.

 

A su vez, en el catálogo se distingue entre:

 

-          Prestaciones de servicios:

o       Servicios de información, orientación, asesoramiento y diagnóstico tanto en atención primaria como en especializada.

o       Servicios de valoración (Dependencia, Discapacidad e Inmigración).

o       Servicios de atención telefónica (a menores, a mujeres víctimas de violencia de género, atención en e domicilio…).

o       Intervención y apoyo a la familia.

o       Protección de menores.

o       Atención residencial.

o       Atención psicosocial.

o       Prevención e inclusión social.

o       Protección jurídica.

 

-          Prestaciones económicas: rentas mínimas, ayudas de emergencia, ayudas a víctimas de violencia de género, a personas en situación de dependencia, para movilidad…).

 

 

La Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales ha establecido que el Congreso estatal del Voluntariado de 2013 tenga lugar en Navarra. La decisión se ha adoptado tras solicitar la comunidad foral la organización de evento.

 

Se han celebrado hasta la fecha 14 ediciones de dicho Congreso, siempre en una comunidad autónoma diferente. La de este año la alberga Bilbao, y precisamente la Conferencia Sectorial ha aprobado en su reunión de hoy la aportación presupuestaria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 75.000 euros

 

Además, en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros del 2 de marzo de este mismo año, cuando se aprobó la Estrategia Española para a Inclusión de la Población Gitana, la Conferencia Sectorial ha presentado un texto en el que el Ministerio se reafirma en los objetivos al respecto: consolidar la participación del sector gracias al Consejo Estatal del Pueblo Gitano, informar a las CCAA del curso de las relaciones institucionales con los órganos de la UE y activar la puesta en marcha de una serie de medidas:

 

-          Conseguir la completa alfabetización del sector.

-          Luchar contra el abandono escolar.

-          Potenciar la integración en la sociedad del colectivo.

-          Impulsar su integración laboral.