Noticias
El Gobierno aprueba los criterios de distribución para 2012 del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas
- Acuerdo en el Consejo de Ministros
- Las cantidades integradas en el Fondo se destinarán a intensificar las actuaciones para reducir la demanda de drogas, controlar su oferta y facilitar la cooperación internacional en esta materia.
- La prevención de los nuevos patrones de consumo y de las nuevas sustancias, la atención a los menores en situación de riesgo y los programas centrados en los problemas de las mujeres drogodependientes, entre las prioridades que financiará el Fondo
23 de marzo de 2012. El Gobierno ha aprobado
hoy a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, Ana Mato, los criterios de distribución,
para el año 2012, del Fondo de Bienes Decomisados por
tráfico ilícito de drogas y otros delitos
relacionados, regulado en la Ley 17/2003, de 29 de mayo
.También son coproponentes de este acuerdo el Ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro,
el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz
y el Ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón.
Según la Ley que regula este Fondo, el producto de la
enajenación de los bienes decomisados por
tráfico ilícito de drogas y otros delitos
relacionados se destina a intensificar las actuaciones
realizadas en los ámbitos de la reducción de la
demanda y del control de la oferta de drogas, así como de la
cooperación internacional en estas materias.
El Fondo está gestionado por la Mesa de
Coordinación de Adjudicaciones, integrada por
representantes de los Ministerios de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, de Hacienda y Administraciones
Públicas, de Justicia y de Interior. El Delegado
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de
Asís Babín, preside la Mesa.
El acuerdo aprobado hoy autoriza a la Mesa de
Coordinación de Adjudicaciones del Fondo a sufragar en 2012
con cargo a esta partida, además de los gastos de
gestión del Fondo, las siguientes actividades:
En el ámbito de la reducción de la
demanda: programas de prevención de
toxicomanías, asistencia a drogodependientes e
inserción social y laboral de los mismos, consistentes
en:
·
Programas de sensibilización y prevención,
sobre todo los referidos a la prevención de enfermedades
transmisibles asociadas al consumo de drogas inyectadas y a los
problemas generados por las nuevas sustancias y los nuevos patrones
de consumo.
·
Programas asistenciales y de inserción socio-laboral
dirigidos a menores afectados o en situación de riesgo,
drogodependientes con problemas judiciales o internados en
instituciones penitenciarias y poblaciones de alto riesgo.
·
Programas de formación y reciclaje de profesionales,
voluntarios y mediadores sociales en prevención, asistencia
e inserción socio-laboral de las personas
drogodependientes.
·
Proyectos de investigación en drogodependencias
·
Proyectos sobre drogodependencias que incluyan la perspectiva de
género.
En el ámbito del control de la oferta:
programas y actuaciones emprendidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en materia de lucha contra las drogas y el
blanqueo de capitales, dirigidos a mejorar las comunicaciones
y los sistemas informáticos, incrementar los medios
materiales y promover la formación de los recursos humanos
dedicados a esta actividad.
El Fondo también financiará programas y
actuaciones de cooperación internacional en estas
materias.
Por último, el acuerdo permite la financiación
de otros programas que, por su especial interés, deban
desarrollarse necesariamente en 2012, en especial, los que se
ejecuten en cumplimiento de la Estrategia Nacional sobre
Drogas 2009-2016 ydel Plan de Acción
2009-2012.
En 2011, este Fondo distribuyó cerca de 32
millones de euros. De ellos, alrededor de un 70% se
destinaron a programas dirigidos a reducir la demanda de
drogas, mientras que el 30% restante
permitió financiar actividades encaminadas a reducir
la oferta.
La mayor parte de la dotación anual del Fondo que se
dedica a programas para reducir la demanda de
drogas, se distribuye entre las Comunidades
Autónomas, las corporaciones locales y las organizaciones no
gubernamentales que desarrollan intervenciones en este
ámbito.
