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20 de septiembre de 2012. El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha subrayado hoy en la apertura de una jornada sobre la evolución de la Ley de Dependencia y su incidencia en la enfermedad de Alzheimer que el Gobierno se encontró a su llegada un sistema “colapsado en lo económico y en lo asistencial” en el que urgían los cambios, tal y como demandaron casi al unísono las CCAA. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad optó por emprender reformas que salvaran el Sistema de la “insostenibilidad financiera”.

Juan Manuel Moreno ha inaugurado hoy en Madrid una jornada titulada “La evolución de la Ley de Dependencia y su incidencia en la enfermedad de Alzheimer”, organizada por Unidad Editorial, editora del diario “El Mundo”, “Expansión” o “Correo Farmacéutico”.

 

Mañana se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, por lo que el Secretario de Estado ha aprovechado la ocasión para transmitir todo su cariño a quienes padecen este mal y a sus familiares. Acto seguido, ha desgranado algunas de las actuaciones del IMSERSO en este campo, como la redacción de una Guía de orientación profesional para valorar, desde criterios comunes en todo el país, el grado de dependencia de quienes sufren Alzheimer. También ha enumerado algunas de las líneas maestras que habrán de incluir los futuros planes de tratamiento de las administraciones.

 

 

Asimismo, Juan Manuel Moreno ha agradecido el trabajo que se desarrolla en los Centros de Referencia Estatal que el IMSERSO tiene en diferentes ciudades del país, pues además de la asistencia directa a estos enfermos, se dedican a abrir líneas de investigación sobre enfermedades como el Alzheimer.

 

 

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha negado que e Gobierno pretenda con sus actuaciones derogar la Ley de Dependencia. Al contrario, lo que busca es preservarla en un contexto de “escasez de recursos como el actual”. “Hay pocos recursos, y por tanto hay que priorizar. Y nuestra prioridad es que los servicios sociales y la Dependencia se centren en aquellos que más lo necesitan”, ha recalcado.

 

A partir de una evaluación del funcionamiento del Sistema durante sus primeros cinco años de vida (evaluación que tuvo que efectuarse hace dos años, pero que no se hizo), el Gobierno advirtió una serie de problemas que cuestionaban la viabilidad del modelo:

 

-          Un gasto 2.700 millones de euros superior al previsto.

-          400.000 dependientes más de los previstos.

-          Una deuda con la Seguridad Social derivada del impago de las cuotas de los cuidadores no profesionales de más de 1.000 millones de euros.

-          Una lista de espera de 300.000 personas dependientes. Personas que estaban a la espera de su prestación.

-          Creación de puestos de trabajo inferior a la calculada, exactamente 152.000 empleos menos.

 

         Con un panorama así, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que dirige Ana Mato y las CCAA se pusieron manos a la obra para iniciar la reforma del Sistema desde estos pilares: sostenibilidad financiera, protección a los dependientes que más lo necesitan, simplificación de procedimientos, adecuación de las prestaciones a las necesidades reales y potenciación de los servicios profesionales.

 

Para Juan Manuel Moreno, una de las columnas esenciales de la reforma consiste en la atención prioritaria a los grandes dependientes o personas en situación más vulnerable. A pesar de que una medida así conlleve el aplazamiento de entrada al Sistema de los moderados más leves, el secretario de Estado ha defendido la necesidad de que sean las personas en peor estado las que más rápida y ágilmente acceda a las prestaciones y a los servicios.

 

También ha aludido a la reducción del 15% de la ayuda al cuidador no profesional, o cuidador familiar, para explicar que esta figura, recogida como una excepción en la Ley, se ha generalizado tanto en las CCAA que se han desencadenado algunas anomalías, como la falta de ocupación de los centros o las dificultades de seguimiento de la evolución de la persona dependiente. El criterio para financiar los recursos de la Ley de Dependencia en cada territorio se basará a partir de ahora en el número de prestaciones vinculadas al servicio y en la cantidad de beneficiarios.

 

El secretario de Estado ha pedido “calma” y no sacar conclusiones precipitadas sobre el funcionamiento inicial de la reforma del Sistema de Atención a la Dependencia. Los nuevos elementos incluidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y por las CCAA, requieren de más tiempo para arrojar análisis y opiniones.

 

Con todo, Juan Manuel Moreno ha ofrecido los siguientes datos para demostrar que la Ley de Dependencia no está acabada, sino que sigue en marcha: a de 1 de septiembre, y con respecto a los datos del 1 de enero, hay 21.000 solicitudes más, 27.000 resoluciones de valoración más y 43.000 beneficiarios más.