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El Gobierno manifiesta su compromiso con la igualdad y contra la discriminación por causa de la orientación sexual o identidad de género
- Acuerdo en el Consejo de Ministros
- Aprueba una Declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la homofobia y la transfobia
- El texto recuerda que la
Constitución española consagra el derecho fundamental
a la no discriminación “por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o
social”
16 de mayo de 2014. El Consejo de Ministros,
a propuesta de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y de Exteriores y Cooperación, ha aprobado hoy la
siguiente declaración con motivo de la celebración
del Día Internacional contra la homofobia y la transfobia,
mañana, 17 de mayo:
“El 26 de junio de 2009 el Consejo de Ministros
adoptó un Acuerdo para promover el reconocimiento
internacional del 17 de mayo como Día Internacional contra
la Homofobia y la Transfobia coincidiendo con la
conmemoración de la desclasificación de la
homosexualidad como enfermedad mental por la Organización
Mundial de la Salud en 1990. En consecuencia, desde 2010, el
Gobierno de España ha venido adoptando una
declaración institucional anual coincidiendo con la
celebración de este día para manifestar su absoluto
compromiso con la erradicación de la discriminación,
la violencia y el odio por motivos de orientación sexual e
identidad de género.
La Constitución Española proclama en su
artículo 10 que “la dignidad de la
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el
libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los
derechos de los demás son fundamento del orden
político y de la paz social”, declara en su
artículo 14 el derecho fundamental a la no
discriminación de todas las personas “por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o
social” y establece en su artículo 9.2 que
“corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar
la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, cultural y social”.
Desde su compromiso con la igualdad como valor superior del
ordenamiento jurídico, el Gobierno de España
manifiesta un año más su determinación para
seguir trabajando en la promoción de la igualdad de todas
las personas, así como en la prevención y la lucha
contra cualquier forma de discriminación, odio o
violencia.
La lucha contra la discriminación por razón de
orientación sexual y de identidad de género es una de
las prioridades de España en materia de derechos humanos
tanto en su política interior como exterior. Por este motivo
el Gobierno viene impulsando acciones concretas tanto en el
ámbito nacional como internacional que contribuyen a
erradicar definitivamente cualquier discriminación por estos
motivos.
En el ámbito internacional, España defiende en
diversos foros la aplicación efectiva de las normas
internacionales de derechos humanos que se rigen por los principios
de universalidad y no discriminación. Esta defensa resulta
imprescindible en un contexto en el que la penalización de
una determinada orientación sexual en algunos países
lleva a intolerables violaciones de los derechos de las personas
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), entre ellos el
derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a no ser sometido
a tortura y a otros tratos inhumanos o degradantes, así como
el derecho a la libertad de expresión, asociación y
reunión.
En este sentido, el Gobierno de España
desempeñó un papel muy activo durante el proceso de
elaboración de las líneas directrices para la
promoción y protección de los derechos humanos de las
personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales
en todo el mundo, adoptadas por el Consejo de la Unión
Europea en junio de 2013; celebró y apoyó el
lanzamiento en julio de 2013 de la campaña “Libres e
Iguales”, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos; participa activamente en el Mecanismo de
Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos,
suscitando preguntas y recomendaciones en aquellos países en
los que se detectan violaciones a los derechos humanos de las
personas LGBT; y ha venido expresando su condena ante las
últimas medidas legislativas emprendidas en algunos
países que penalizan las relaciones homosexuales consentidas
entre adultos y criminalizan a las personas por su
orientación sexual y/o identidad de género.
En el ámbito nacional, el Gobierno ha seguido adoptando
distintas medidas para garantizar el disfrute efectivo de los
derechos humanos por parte de todas las personas,
independientemente de su orientación sexual e identidad de
género.
Se está trabajando para prevenir y luchar contra la
homofobia y la transfobia, dos de las formas de odio y
discriminación más extendidas, mediante acciones de
información, formación y
sensibilización.
Por otra parte, el 20 de septiembre de 2013, el Consejo de
Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de
reforma del Código Penal, dando traslado del mismo al
Congreso de los Diputados. El Proyecto de Ley refleja el rechazo
radical a todos los actos de incitación a la
discriminación, odio o violencia de que puedan ser objeto
cualesquiera colectivos o minorías (delimitadas por la raza
u origen nacional, pero también por razones de
orientación sexual, identidad de género o motivos
políticos, incluyendo los actos de incitación al odio
o a la violencia por motivos ideológicos), modificando y
reforzando la tipificación penal de estas conductas.
Asimismo, desde el Ministerio del Interior, en
colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, se recogen desde el año 2013 datos
relativos a los delitos motivados por la orientación sexual
o la identidad de género, lo que permite contar con una
aproximación más certera a la extensión y
características de estos fenómenos.
En este sentido, es también un importante avance,la
delegación del Fiscal General del Estado en favor de un
Fiscal de Sala de aquellas competencias necesarias para coordinar,
a nivel nacional, la actuación del Ministerio Fiscal en
materia de Tutela Penal de la Igualdad y contra la
Discriminación, y la designación de fiscales
delegados en cada capital de provincia para impulsar y coordinar la
actuación del Ministerio Fiscal ante los crímenes de
odio y discriminación por, entre otros motivos, la
orientación sexual e identidad de género.
Cabe destacar, en particular, que la convocatoria para 2014 de
subvenciones con cargo a la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas incluye
entre sus novedades la posibilidad de subvencionar programas
destinados a fomentar la igualdad de trato y reforzar la asistencia
y orientación a víctimas de discriminación o
crímenes de odio, incluyendo la causada por motivos de
orientación sexual e identidad de género.
También reviste gran trascendencia el
compromiso del Gobierno en la lucha contra la intolerancia en el
ámbito escolar, conforme al mandato del artículo 27.2
de la Constitución, especialmente en los centros de
educación secundaria, con el objetivo de promover el respeto
a la diversidad sexual.
Por último, cabe recordar una vez más el firme
compromiso del Gobierno para incrementar sus esfuerzos en el
ámbito nacional e internacional, para garantizar que todas
las personas, independientemente de su orientación sexual o
identidad de género, puedan ejercer plenamente sus derechos
con dignidad y libertad.