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• Consejo de Ministros 
• Las cantidades integradas en el Fondo se destinarán a intensificar las actuaciones para reducir la demanda de drogas, controlar su oferta y facilitar la cooperación internacional en esta materia
• La prevención de los nuevos patrones de consumo y  de las nuevas sustancias, la atención a los menores en situación de riesgo y los programas centrados en los problemas de las mujeres drogodependientes, entre las prioridades que financiará el Fondo

11 de diciembre de 2015 .- El Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del Ministro de Sanidad, Servicios  Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, los criterios de distribución, para el año 2016, del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, regulado en la Ley 17/2003, de 29 de mayo .También son coproponentes de este acuerdo el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz y el Ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Según la Ley que regula este Fondo, el producto de la enajenación de los bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados se destina a intensificar las actuaciones realizadas en los ámbitos de la reducción de la demanda y del control de la oferta de drogas, así como de la cooperación internacional en estas materias.

El Fondo está gestionado por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, integrada por representantes de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Justicia y de Interior. El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, preside la Mesa.

El acuerdo aprobado hoy autoriza a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Fondo a sufragar en 2016 con cargo a esta partida, además de los gastos de gestión del Fondo, las siguientes actividades:

En el ámbito de la reducción de la demanda: programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos, consistentes en:

•  Programas de sensibilización y prevención, sobre todo los referidos a la prevención de enfermedades transmisibles asociadas al consumo de drogas inyectadas y a los problemas generados por las nuevas sustancias y los nuevos patrones de consumo.
• Programas asistenciales y de inserción socio-laboral dirigidos a menores afectados o en situación de riesgo, drogodependientes con problemas judiciales o internados en instituciones penitenciarias y poblaciones de alto riesgo.
• Programas de formación y reciclaje de profesionales, voluntarios y mediadores sociales en prevención, asistencia e inserción socio-laboral de las personas drogodependientes.
• Proyectos de investigación en drogodependencias.
• Proyectos sobre drogodependencias que incluyan la perspectiva de género.
• Programas y actuaciones de cooperación internacional en estas materias.

En el ámbito del control de la oferta: programas y actuaciones emprendidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en materia de lucha contra las drogas y el blanqueo de capitales, dirigidos a mejorar las comunicaciones y los sistemas informáticos, incrementar los medios materiales y promover la formación de los recursos humanos dedicados a esta actividad.

Por último, el acuerdo permite la financiación de otros programas  que, por su especial interés, deban desarrollarse necesariamente en 2016, en especial, los que se ejecuten en cumplimiento de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 y del Plan de Acción 2013-2016.