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18 de abril de 2012. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha presidido hoy el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), al que han asistido los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas. En la reunión, la ministra ha planteado a los responsables autonómicos las medidas de reforma del Sistema Nacional de Salud que garantizan que la sanidad en España siga siendo pública, universal y gratuita. De este modo, pese a la crisis económica, Mato ha conseguido aprobar la reforma, junto a los consejeros, y ha resaltado que ha “cumplido un compromiso”, y ha enviado a los ciudadanos “un mensaje de tranquilidad y confianza en el futuro, en relación a las prestaciones que reciben”.

 

El Plan de Reforma del Sistema Nacional de Salud permitirá generar un ahorro que supere los 7.000 millones de euros. Es decir, en torno a un 10 por ciento del gasto sanitario público. Pero, sobre todo, asegurará un Sistema Nacional de Salud sólido y lo protegerá de las circunstancias económicas presentes y futuras.

 

 

 

Entre las principales medidas acordadas, se encuentran modificaciones en el sistema de aportación de los usuarios en farmacia. En primer lugar, el Gobierno excluirá a los desempleados de larga duración de pagar por los medicamentos recetados.

 

La ministra ha explicado que se establecerá, en farmacia, un modelo equitativo “más justo” que tenga en cuenta la renta, donde “aporte más el que más tiene y menos o nada los que menos tienen”. En concreto, los ciudadanos con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros anuales pasarán de pagar el 40 por ciento, de los fármacos, como hasta ahora, a aportar el 60 por ciento. Por su parte, los activos con obligación de tributación en el IRPF pagarán el 50 por ciento. Los activos que no tengan obligación de tributar en el IRPF y las familias numerosas aportarán el 40 por ciento.

 

En cuanto a los pasivos, los que tengan menor poder adquisitivo también estarán exentos de las aportaciones. Los pensionistas con rentas bajas pagarán el 10 por ciento, con un límite de ocho euros al mes.

 

La introducción de estas medidas, además, pondrá en valor el medicamento. La ministra ha señalado que España, que es el segundo consumidor mundial de fármacos, destruye cada año 3.700 toneladas de medicamentos pagados, porque han caducado o no se han utilizado. Los expertos cifran este despilfarro en un 10 por ciento del gasto farmacéutico, por lo que el Ministerio calcula un ahorro de más de 1.000 millones. Para combatir estas prácticas, además, se adecuarán los envases de los medicamentos a la duración estimada del tratamiento.

 

En materia de farmacia, además se han acordado otras medidas como la elaboración de un nuevo sistema de actualización del Nomenclator, que permitirá un ahorro de 400 millones, y el impulso al uso de genéricos y fármacos de menor precio, que facilitará un ahorro adicional de unos 350 millones.

 

 

 

Por otro lado, el Pleno del Consejo Interterritorial ha acordado también adaptar correctamente a España la normativa europea relativa a la atención a ciudadanos extranjeros en el SNS. El motivo es que se ha constatado que el SNS está asumiendo, con cargo a sus presupuestos la asistencia sanitaria de personas que la tienen ya cubierta desde su país. En concreto, casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros.

 

Para evitarlo, se llevará a cabo una clarificación armonizada de la condición de asegurado. De este modo, España podrá facturar de manera rápida y directa al país de origen, del mismo modo que sucede con los españoles que viajan al extranjero. “Queremos evitar que haya ciudadanos extranjeros con solvencia económica que puedan, mediante lagunas administrativas o recurriendo a la picaresca, beneficiarse para acceder sin derecho y gratis a los servicios sanitarios de España”, ha señalado Mato.

 

 

 

La reforma sanitaria garantizará, asimismo, una cartera básica de servicios del SNS, que asegure que todos los españoles, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que vivan, tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias, de la más alta calidad.

 

En su reunión de hoy, el Pleno ha acordado categorizar esta cartera. El objetivo es gestionar mejor la realidad asistencial, impulsar la eficiencia en su aplicación y mejorar la transparencia. De este modo, la cartera común de servicios tendrá las siguientes categorías:

 

1.      Cartera común básica de servicios asistenciales. Incluirá, como hasta ahora, los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, y que están cubiertos de forma completa por financiación pública.

 

2.      Cartera común suplementaria. Incluirá las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, y que están ya sujetas a aportación del usuario.

 

3.      Cartera común de servicios accesorios. Incluirá las actividades, servicios o técnicas que, no siendo prestación sanitaria, se consideran imprescindibles para ciertas patologías. Por ejemplo, cosméticos para pacientes con enfermedades raras.

 

La Agencia de Evaluación de Tecnologías será la encargada de determinar la ordenación de la cartera de servicios. Estas mejoras permitirán maximizar la eficiencia y generar un ahorro de unos 500 millones. 

 

Por otro lado, se ha acordado unificar el criterio de participación de los usuarios en productos farmacéuticos, ortoprótesis, dietoterápicos y transporte sanitario no urgente.

 

 

 

En lo que se refiere a Recursos Humanos, el Consejo ha acordado elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud. El objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios.

Además, se regulan las áreas de capacitación para hacer realidad las superespecialidades. Por ejemplo, la cirugía cardíaca infantil. Estas medidas permitirán una eficiencia de 470 millones de euros.

 

 

 

Por otro lado, la plataforma centralizada de compras permitirá un ahorro de entre el 15 y el 50 por ciento frente al sistema de compras individualizado para cada Comunidad Autónoma que se emplea. Esto supondrá ahorrar más de 1.000 millones. Las compras centralizadas ya se han aplicado en ciertos fármacos, como las vacunas de la gripe estacional.

 

La plataforma centralizada ya se ha puesto en marcha en proyectos concretos, como la adquisición de las vacunas para la gripe estacional para la temporada 2012-2013, a la que se han adherido 14 comunidades autónomas, y que ha supuesto un ahorro de más de 6,2 millones de euros respecto al año pasado, en el que sólo se adhirieron ocho autonomías.

 

 

 

La ministra también ha planteado a los consejeros la creación de un Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). El objetivo es, además de superar las trabas burocráticas, garantizar la cohesión y la equidad en el SNS, mediante la dotación económica suficiente para cubrir los desplazamientos entre autonomías. Además, también quedan compensadas las autonomías cuyos servicios de salud atiendan a las personas desplazadas.