Noticias

17 de mayo de 2012. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado hoy que el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud “hace efectiva la universalidad y la gratuidad” de los servicios asistenciales incluidos en la cartera básica común para todos los españoles. Mato ha defendido así el Real Decreto Ley, de 20 de abril, que contiene las medidas de la Reforma Sanitaria del Gobierno, en el debate en el que ha sido convalidado en el Pleno del Congreso de los Diputados.

 

Se trata de una norma con la que el Gobierno “quiere garantizar que la sanidad pública en España sea universal, gratuita y de la máxima calidad, pero además, económicamente sostenible y gestionada de un modo eficiente”. Con el Real Decreto, se culmina la primera fase del Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales que propuso la ministra a las Comunidades Autónomas, con las que ha alcanzado importantes acuerdos en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

 

 

La ministra ha destacado que el Real Decreto “da continuidad a nuestro actual modelo sanitario” y avanza para conseguir la universalidad real de la Sanidad para todos los españoles y extranjeros con residencia legal en España”. Se trata de un objetivo, que hasta ahora no se ha podido conseguir y que ahora está más cerca, pues el texto recoge “todas las posibles situaciones en las que puede encontrarse un ciudadano español”, tanto laborales como familiares, para asegurar su asistencia.

 

“Con este Real Decreto”, ha explicado, “aseguramos el derecho de todos los españoles, estableciendo un único procedimiento de reconocimiento, el mismo exigible a ciudadanos de otras nacionalidades”.

 

 

En cuanto a los extranjeros que no residen legalmente en nuestro país, la ministra ha recordado la necesidad de hacer frente a los abusos del denominado “turismo sanitario”, denunciados por el Tribunal de Cuentas y que han provocado que sólo en un año España haya dejado de facturar 1.000 millones de euros a otros países por la asistencia médica y farmacéutica de 700.000 personas. Se trata de “ciudadanos que vienen, se operan y se vuelven a sus países de origen, siendo el Sistema Nacional de Salud el que debe hacerse cargo de los gastos”, ha afirmado Mato.

 

Por ello, ha señalado, se clarifican los procedimientos de acceso a la asistencia sanitaria “para evitar el descontrol que suponía que cualquier persona, sin concurrir los requisitos legales y por el mero hecho de empadronarse en nuestro país, tuviese derecho a la tarjeta sanitaria”.

 

Al mismo tiempo, la ministra ha expresado su compromiso de que el Ministerio vele porque se cumpla la asistencia sanitaria básica que reconoce la ley a los inmigrantes en situación irregular.

 

 

Uno de los principales objetivos del Real Decreto Ley es establecer una Cartera Común Básica de Servicios, partiendo de criterios de igualdad, de calidad, de eficacia y eficiencia. Se trata de un catálogo de prestaciones a las que tienen derecho todos los ciudadanos, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que vivan. De este modo, se da solución a un problema “que estaba rompiendo la cohesión de nuestro sistema sanitario”, pues en los últimos años se habían generado desigualdades en la atención en función del territorio, algo denunciado por el Defensor del Pueblo en sus informes de forma reiterada.

 

En cuanto a la cartera suplementaria, es la que regulará las prestaciones cuya provisión se realiza de forma ambulatoria, que estarán sujetas, como hasta ahora, a aportación del usuario. Entre ellas se encuentran las ortoprótesis, los dietoterápicos, el transporte sanitario no urgente y la farmacia no hospitalaria. En este punto, el Ministerio ha optado por un sistema de aportación del usuario que considera más justo y solidario.

 

Se trata de que aporte más el que más tiene y menos, o nada, el que menos tiene. Así, por primera vez, los parados de larga duración no tendrán que pagar con los fármacos, así como los titulares de pensiones no contributivas. En cuanto a los pensionistas, tendrán una aportación de un 10 por ciento en fármacos, pero con una limitación que asegurará que más del 90 por ciento de los jubilados paguen un máximo de ocho euros al mes por las medicinas. Se trata de un esfuerzo necesario, si se tiene en cuenta la situación demográfica en España, que ha alcanzado una de las esperanzas de vida más altas de Europa. A las rentas más altas se les pedirá un esfuerzo extra, y pasarán de pagar el 40 al 60 por ciento del precio de los medicamentos. De este modo, además, el Gobierno ha cumplido su compromiso de no introducir el copago en la asistencia sanitaria.

 

Asimismo, este nuevo sistema de aportaciones contribuirá a favorecer el uso racional de los medicamentos.

 

 

Por otro lado el Real Decreto Ley también se ocupa de los profesionales sanitarios y, en palabras de Mato “da respuesta a algunas de sus demandas históricas”. Para ello, en el capítulo V se han corregido situaciones que estaban generando tensiones en quienes son, para la ministra “el mejor activo de nuestra sanidad”. El Decreto garantiza la movilidad de los profesionales y regula de forma homogénea aspectos como las categorías profesionales, los criterios del sistema retributivo o la acción social.

 

Asimismo, el texto crea Áreas de Capacitación Específica para dar respuestas a las necesidades de los profesionales sobre su formación y desarrollo. Mato, además, se ha comprometido a crear el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios “que tanto tiempo lleva reclamándose”.

 

 

La ministra ha defendido la búsqueda de la eficiencia en el Sistema Nacional de Salud, para evitar el despilfarro que, por ejemplo, hace que cada año se tiren 3.770 toneladas de medicamentos en los puntos Sigre. Estas pérdidas de eficiencia, unidas a la falta de soluciones estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema, han hecho que el sistema sanitario acumule una deuda de 16.000 millones de euros con los proveedores sanitarios. Algunas cuentan con hasta 700.000 facturas sin pagar.

 

En su intervención, también ha hecho referencia al elevado gasto farmacéutico en España, que sólo en recetas, alcanza el 19,3 por ciento del gasto sanitario público total, una cifra muy superior a la de países desarrollados con sistemas de salud similares. Al mismo tiempo, en España el porcentaje de medicamentos genéricos dispensados (33,7 por ciento) está por debajo del de los países con mayor estabilidad económica de Europa.

 

Para alcanzar este objetivo, la ministra ha recordado medidas como el modelo de compras centralizadas, con las que se prevé conseguir ahorros de entre el 15 y el 50 por ciento, el fomento de los criterios de calidad asistencial, el fortalecimiento de la cohesión territorial y la consolidación del papel del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como garante del sistema sanitario público.

La ministra también se ha referido a la implantación de la llamada “E-Salud”, o la aplicación de las nuevas tecnologías de la información a la Sanidad. De este modo, ha recordado el acuerdo alcanzado con las Comunidades Autónomas para implantar la tarjeta sanitaria interoperable, que podrá ser utilizada en cualquier territorio.

 

Asimismo, ha recordado el compromiso para impulsar la implantación total de la receta electrónica y de la historia clínica digital en todo el Sistema Nacional de Salud.

 

 

Otra de las herramientas para mejorar la gestión será el Fondo de Garantía Asistencial anunciado por Mato. Su función será cubrir la asistencia prestada por una Comunidad Autónoma a personas desplazados desde otra o a pacientes de zonas limítrofes. Enmarcado en el Fondo de Cohesión, servirá para solucionar conflictos que han enfrentado a autonomías por la asistencia sanitaria a sus ciudadanos.

 

Para mejorar la eficacia y eficiencia, y para hacer frente a la nueva realidad sanitaria el Gobierno ha planteado esta Reforma. En palabras de Mato, “sería equivocado pretender que el Real Decreto se valore como resultado de un mero ajuste presupuestario”, por el contrario, se trata de “reformas para garantizar el futuro del Sistema Sanitario Público”.