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18 de julio de 2012. El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, clausuró ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander el curso “Un Estado de todos y para todos” y transmitió el compromiso ineludible del Ministerio de Ana Mato y de todo el Gobierno con la defensa de las bases del Estado de Bienestar, sobre todo en unas circunstancias económicas “difíciles” como las actuales. Las reformas emprendidas sólo persiguen ese objetivo: “Preservaremos las líneas esenciales del modelo para impulsarlo cuando haya una mejor disponibilidad económica”.

 

Durante los pasados lunes y martes acudieron a la UIMP tanto el Secretario de Estado como los Directores Generales del IMSERSO, de Políticas de Apoyo para la Discapacidad, Familia e Infancia, e Igualdad, así como los Delegados del Gobierno contra la Violencia de Género, para el Plan Nacional sobre Drogas y el director del INJUVE.

 

Tras la apertura a cargo del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, cada uno de ellos relató sus políticas, sus iniciativas y actuaciones, y coincidieron en recalcar que si hay contextos en los que las políticas sociales se hacen perentorias, esos son los de adversidad económica y financiera.

 

Sobre ello habló Juan Manuel Moreno en la clausura del curso, ayer por la tarde. El Gobierno, aseguró, tiene como prioridad irrenunciable mantener los cimientos del Estado de Bienestar frente a dos problemas: uno coyuntural, aunque ya con largo recorrido, que es la crisis económica y social; y el otro, estructural, que es la alta tasa de envejecimiento de la población y la baja de natalidad. En medio de una tesitura como ésta, la apuesta ha de ser la racionalización de los recursos y la búsqueda de su optimización.

 

Los recursos, sin embargo, no son cuantiosos. “Tenemos que decirlo: la situación económica es difícil”, corroboró el Secretario de Estado para, acto seguido, ofrecer algunos datos: “Los acreedores demandan de España un equilibrio entre ingresos y gastos, pues cerramos el año 2011 con 90.000 millones de déficit”.

 

 

 

 

El necesario esfuerzo de ajuste para que España se siga financiando protegerá, sin embargo, las políticas sociales. Es una prioridad del Gobierno, pues, como ha subrayado Juan Manuel Moreno, son actuaciones que afectan “directamente a las personas”.

 

La reforma del Sistema Nacional de Salud y la mejora del Sistema de Dependencia se enmarcan en la situación descrita por el Secretario de Estado. Tanto la Sanidad (con un déficit de 16.000 millones de euros, un retraso medio de 500 días para pagar a los proveedores y un aumento de la deuda del 173% en dos años) como la Dependencia (con un gasto 2.700 millones de euros superior a lo previsto) arrastraban desfases presupuestarios y problemas de funcionamiento, por lo que había que cambiar los modelos y hacerlos sostenibles, más en una época de “escasos recursos”. 

 

En el caso de la propuesta para la mejora del Sistema de Atención a la Dependencia, Moreno ha aportado dos aspectos: han entrado en el sistema 400.000 personas dependientes más de las calculadas, de ellas unas 200.000 son grandes dependientes, y la lista de espera para una prestación ha llegado a las 300.000 personas.

 

Según ha recalcado el Secretario de Estado, números como estos, junto a las diferencias detectadas en la gestión de las Comunidades Autónomas, han abocado al modelo de Dependencia a un colapso que había que desbloquear, de ahí la reforma puesta en marcha hace menos de una semana. “Son decisiones valientes que había que tomar, porque si no, el sistema se caía”, remarcó.

 

¿Cómo garantizar la Dependencia en un contexto de menos recursos? Juan Manuel Moreno ha precisado las líneas maestras de la reforma: dar prioridad a los grandes dependientes, personas que por regla general padecen importantes discapacidades y requieren atención urgente, meticulosa y permanente; y priorizar la asistencia de profesionales de los servicios sociales para potenciar este sector de empleo, y sin desequilibrar la asistencia del entorno familiar.

 

El Secretario de Estado ha concluido de la siguiente forma: “Iremos evaluando estas reformas para tener muy claro qué decisiones adoptar y qué actuaciones hacer, y mientras vamos superando este momento difícil, preservaremos la Dependencia y la Sanidad, y las bases del Estado de Bienestar en general, para potenciarlos cuando haya una mejor disponibilidad económica”.

 

Las intervenciones de los demás Directores Generales versaron sobre estas cuestiones:

 

 

César Antón destacó en su conferencia que la reforma del Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia tiene que orientarse hacia la asistencia profesional, incluso, y preferentemente según los casos, en el propio domicilio. Negó, por tanto, que el Gobierno pretenda acabar con la figura del cuidador familiar.

 

A su juicio, que a una persona dependiente le cuide un familiar supone una realidad que no hay que remodelar, sino ajustarla. Se trata de dotar al cuidador de la mejor formación posible y de asegurarse que la asistencia que dé al dependiente ocurra en las mejores condiciones.

 

 

Ignacio Tremiño, Director General de las Políticas de Apoyo a la Discapacidad, reivindicó el derecho a la autonomía personal plena después de recordar que la Ley de Dependencia, cuando nació, fue aplaudida por todos. No obstante, puntualizó que del mismo modo que no todas las personas mayores viven en situación de dependencia, los discapacitados no tienen que considerarse dependientes.

 

 

La delegada del Gobierno, Blanca Hernández, se centró en los esfuerzos de su Departamento por coordinar los trabajos de las administraciones autonómicas y locales, pues es así, explicó, cómo mejor se optimizan los recursos destinados a la lucha contra la violencia de género.

 

Hizo un llamamiento a la ruptura del silencio, a denunciar el maltrato, ya que “el silencio es cómplice del maltratador”, y avanzó que paulatinamente los boletines estadísticos de la Delegación se irán completando con cifras y datos para efectuar una radiografía lo más exacta posible de cómo se combate esta lacra.

 

 

Salomé Adroher, Directora General en este ámbito, planteó como desafío no lejano la redacción de un marco legal para el voluntariado, pues se trata de un sector sumamente importante para la sociedad, con “muy alta consideración”, dadas las ventajas que reporta colectiva e individualmente.

 

 

El Delegado del Gobierno, Francisco Babín, recalcó los beneficios de un adecuado sistema de prevención del consumo de drogas: “Cada euro en prevención son 30 euros de ahorro”, ilustró.

 

Asimismo, con el fin de optimizar los recursos, declaró que se redistribuirán los fondos presupuestarios para mejorar las líneas de prevención y actuación de la Delegación del Gobierno, algo en lo que el fondo de bienes decomisados resulta de gran importancia.

 

 

La Directora General, Carmen Plaza, planteó como vía de superación de la crisis la creación de oportunidades laborales y de emprendimiento para las mujeres, y en este sentido, desgranó algunas medidas de Igualdad y del Instituto de la Mujer para facilitar que la mujer culmine sus aspiraciones profesionales.

 

 

 

 

El director del INJUVE, Rubén Urosa, enumeró las líneas fundamentales en las que se basará el Plan de Emancipación Juvenil que se hará realidad el próximo mes de septiembre: facilidades para el acceso a la vivienda, la creación de empleo y la formación son los pilares de esta iniciativa con las que el Instituto quiere ayudar a un sector de la población maltratado por la crisis. También abogó por medidas para el emprendimiento y por la reforma del sistema educativo para superar el alto porcentaje de abandono escolar.