Noticias

16 de enero de 2013. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado hoy que su Departamento y las Comunidades Autónomas dotarán al Sistema de Dependencia de datos más homogéneos y fiables mediante la actualización de su base de datos, para lo que se han dado un plazo de seis meses. Durante este tiempo, analizarán la información que ya obra en el modelo y sopesarán los procedimientos más adecuados para su actualización. Asimismo, se unificarán los criterios de regulación de las prestaciones y los servicios del Sistema de Dependencia y se clarificará la financiación.

 

La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha explicado los acuerdos de este Consejo Territorial, cuya estructura y funcionamiento se ha remodelado, pues se funden en un único órgano la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales y el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y de Atención a la Dependencia, que antes se celebraban por separado y que a partir de ahora, en favor de una gestión más ágil y racional, y en el ahorro de tiempo y medios para las administraciones, formarán parte de un mismo organismo. Sus convocatorias se efectuarán, como mínimo, una vez cada semestre.

 

El de hoy, por tanto, ha sido el primer Consejo Territorial de Servicios Sociales y de Dependencia del presente año, y por tal razón, la Ministra ha ofrecido un balance de cómo se cerró en 2012 el modelo de asistencia a personas dependientes en el plano estatal. Un modelo, en palabras de la Ministra, que sigue funcionando y que se aproxima a los criterios de rigor, transparencia y racionalidad que se propuso al tomar posesión del cargo.

 

El Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia acabó el ejercicio anterior con la menor lista de espera desde que comenzó la Ley su andadura, pues se ha reducido en poco más de 75.000 personas, lo que supone una disminución del 23%. Al mismo tiempo, se han cuantificado más altas que bajas (unas 129.000 por 110.000, aproximadamente) y un 94% de las solicitudes que se cursaron fueron valoradas. Todos estos datos muestran un modelo “más sostenible económicamente y más accesible para el usuario”, y por si fuera poco, más atento con el gran dependiente, al que necesita asistencia y servicios con urgencia.

 

La reforma que puso en marcha el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad junto con las CCAA está empezando a dar sus frutos después de una etapa que desfasó por completo las previsiones presupuestarias y de asistencia a las personas dependientes, aparte de revelar opacidad en los datos y algunas deficiencias, algo que recoge el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del periodo 2007-2011. Los acuerdos que se adoptaron en el anterior Consejo Territorial de julio de 2012 han sentado las bases de un modelo más equitativo, y hoy se han desarrollado algunos de esos acuerdos.

 

Tal y como ha explicado la Ministra, se ha pactado la unificación, en beneficio de una tramitación más ágil y de la homogeneización del modelo, toda la normativa sobre las prestaciones del Sistema de Dependencia. Desde ahora, quedarán recogidos en un mismo Decreto las disposiciones que regulaban los servicios y las prestaciones por grado de dependencia, los criterios para determinar las intensidades del catálogo, las cuantías máximas de las prestaciones por grado de dependencia, la regulación de los traslados de beneficiarios entre CCAA, las incompatibilidades, el reintegro de las prestaciones y la protección de los emigrantes retornados. Otro de los puntos que acoge esta única norma es la excepcionalidad de la prestación por cuidados en el entorno familiar, según la redacción de la Ley.

 

Esta medida, junto al compromiso de mejorar la transparencia del Sistema de Información y de la gestión de la Dependencia, propiciará un modelo que vigilará el curso de cada euro invertido.

 

Y que incidirá en su carácter preventivo, ya que las CCAA, con la coordinación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, plantearán Planes de Prevención de la Dependencia con iniciativas específicamente dirigidas a las personas mayores.

 

 

Ana Mato ha avanzado en la comparecencia ante los medios de comunicación que este mismo año su Departamento y las Comunidades Autónomas, en constante diálogo con las ONG´s agrupadas en el Tercer Sector y la Federación Española de Municipios y Provincias, presentarán un Plan de Acción para Inclusión Social que pondrá énfasis en el apoyo a los colectivos más vulnerables y en la lucha contra la pobreza infantil.

 

“El objetivo no es otro que mejorar la situación de las personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, y en consecuencia, alcanzar el bienestar infantil”, ha afirmado la Ministra antes de incidir en que el citado Plan abarcará hasta más allá de la legislatura actual, hasta 2016. Con financiación, en parte, de los fondos europeos programados hasta 2020, el Plan de Inclusión Social comenzará su andadura con vocación de consenso, y así, se abrirá a las aportaciones de los agentes sociales agrupados en el Tercer Sector y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El Ministerio y las CCAA se han dado seis meses.

 

 

Otro de los acuerdos de calado del Consejo Territorial ha sido la configuración de un Catálogo de Referencia de Servicios Sociales. Se trata de una recomendación, no de una norma con rango legal, que han aceptado las CCAA y que viene a erigirse en una suerte de mapa sobre los servicios que han de dispensarse en cada una de las Comunidades Autónomas. Sin menoscabar el ámbito competencial de cada uno de los territorios, el Catálogo se constituye en un elemento de “equilibrio” y de “vertebración” del país, en palabras de la Ministra. Por ello, Mato ha recalcado que el Catálogo da respuesta a la necesidad de formalizar un Pacto Estado-CCAA en materia de servicios sociales.

 

Con el Catálogo se consigue asegurar que los servicios que se ofrezcan en cada lugar del país guarde criterios de calidad y de sostenibilidad.