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18 de diciembre de 2013. El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha anunciado hoy que el número de contratos a personas con discapacidad ha aumentado entre enero y noviembre del presente año en un 12,9% en comparación con el mismo periodo de 2012. El incremento, según ha explicado en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso de los Diputados, obedece en gran medida al mantenimiento de todas las bonificaciones previstas para el fomento de las contrataciones de personas con discapacidad y al refuerzo de las medidas de acción positiva en el acceso al empleo público.

 

“Ambas medidas –ha asegurado Juan Manuel Moreno- han supuesto un gran avance teniendo en cuenta el contexto de restricciones presupuestarias y de consolidación fiscal concurrente”. El esfuerzo de las administraciones, por tanto, hay que valorarlo, así como el de las asociaciones y el de las propias personas con discapacidad, porque al cabo del presente año se están mostrando otros datos alentadores, como el que ofrece el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. Según ha indicado el secretario de Estado, a fecha de 30 de junio de 2013 se contaron 15.791 personas con discapacidad en dicho Régimen, un 9,2% más que en 2012, cuando figuraban como tales 14.609 personas.

 

Este guarismo, al igual que el de la subida de los contratos a personas con discapacidad (que son del Ministerio de Empleo y Seguridad Social), reflejan el compromiso del Gobierno por el reconocimiento expreso de los derechos de las personas con discapacidad, asentado en los valores de igualdad, la erradicación de situaciones de vulnerabilidad y la proliferación de la accesibilidad universal. A través de un diálogo permanente con la Comisión para el Diálogo Civil con las plataformas del Tercer Sector, estas prioridades compartidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por el tejido asociativo comienzan a esbozar algunos resultados positivos.

 

Una de las fases más importantes de esta colaboración vino de la mano del Plan de Acción Social con ONG activado por el Ministerio de Ana Mato en el marco de la segunda etapa del Plan de Pago a Proveedores. Más de 3.000 millones se destinaron a las CCAA y a los entes locales para saldar las deudas contraídas con asociaciones y organizaciones del sector, lo que, en la mayoría de los casos, ha propiciado un saneamiento de las cuentas del tejido social que trabaja estrechamente en el ámbito de la discapacidad.

 

Juan Manuel Moreno, asimismo, ha señalado que la aprobación en marzo del Convenio Especial de la Seguridad Social para personas con discapacidad que tengan dificultades de inserción socio-laboral beneficiará a 34.000 personas durante las próximas fechas, y que la reserva de plazas en al menos un 7% del total de las convocadas en pruebas para médicos y equivalentes significa una apuesta por la “acción positiva” y por el reconocimiento de los derechos de un sector de la población.

 

 

El secretario de Estado, por otra parte, ha aprovechado su comparecencia en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso para desgranar algunos de los puntos esenciales de la nueva Ley General de Discapacidad, que fusiona las tres normas vigentes hasta hace dos semanas, cuando el Consejo de Ministros aprobó la iniciativa. El texto propicia el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, de modo que se consideran titulares de los mismos y marcan el trasvase del concepto asistencial que impregnaba la legislación previa a una noción más activa.

 

Uno de los aspectos más importantes, a juicio del secretario de Estado, consiste en la definición de los diferentes tipos de discriminación, con énfasis en la discriminación múltiple, pues uno de los objetivos fundamentales de la norma pasa por fortalecer la defensa de los derechos de aquellos colectivos más vulnerables, como los menores o las mujeres con alguna clase de discapacidad. Asimismo, la Ley establece medidas de defensa jurídica frente a dichas discriminaciones, pues se aplicarán con independencia de que exista reconocimiento oficial de la situación de discapacidad.

 

 

Prioridad inamovible de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad es la lucha contra la violencia de género en todas sus vertientes, incluida, por supuesto, la que sufren las mujeres con discapacidad. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, ha recordado Juan Manuel Moreno, ha incorporado en su boletín anual un apartado sobre mujeres con discapacidad, y así, de las 52 asesinadas por sus parejas o exparejas en 2012, cinco, un 9,6%, tenían algún tipo de discapacidad. Una de las medidas específicas para este sector de población es la adaptación del servicio telefónico del 016 a  una plataforma de vídeo-interpretación.

 

Porque, de acuerdo con las cifras de Naciones Unidas, el porcentaje de mujeres con discapacidad que sufren violencia machista se sitúa en el 80%, en tanto que el riesgo de que padezcan abusos sexuales es cuatro veces mayor que el de la población en general.