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• Acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
• El fondo se destinará a la financiación de proyectos dirigidos, a su vez, a cubrir necesidades de familias con hijos menores relacionadas con la alimentación, la higiene, la ropa o el acceso a los servicios de salud, educación o a una vivienda
• Otro de los ejes a los que se dará mayor relevancia será la conciliación, de manera que estas familias reciban apoyo para cubrir gastos derivados de escuelas infantiles, así como servicios de intervención y apoyo familiar
• El Consejo Territorial ha recibido información sobre la puesta en marcha del nuevo Fondo de Ayuda Europea para las personas desfavorecidas, según el cual, para el periodo 2014-2020, España recibirá más de 560 millones de euros
• Ministerio y CC AA han aprobado, además, que a partir de julio, una vez se incorporen al sistema las personas con dependencia moderada, se lleve a cabo un estudio sobre el grado de aplicación de la Ley de Dependencia para extraer propuestas de mejora del Sistema y asegurar su desarrollo futuro 

4 de marzo de 2015. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas, reunidos hoy en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia, han acordado el reparto del nuevo fondo de 32 millones de euros que el Gobierno incluyó en sus Presupuestos de este año con el fin de ayudar a familias en riesgo de exclusión y con hijos menores a cargo. Según ha explicado el ministro Alfonso Alonso, los proyectos a los que llegarán las cuantías  no solo estarán dirigidos a paliar y mejorar la vulnerabilidad social de las familias cubriendo necesidades básicas  tales como gastos en alimentación, higiene, ropa y acceso a los servicios de salud, de educación o vivienda, sino que, como novedad, se financiarán también aquellos programas orientados específicamente a favorecer la conciliación. Así, podrán beneficiarse de ayudas para sus gastos en escuelas infantiles o servicios complementarios, así como en servicios de intervención y apoyo familiar.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo, el ministro ha añadido que el fondo, que se enmarca en el Plan de Inclusión Social y en la recomendación de la Comisión Europea sobre “invertir en infancia”, también financiará proyectos de orientación socio-familiar o de mediación.

Para la distribución del fondo se ha recurrido al criterio que rige el reparto del Plan Concertado (factor de población) y la propia tasa AROPE, el indicador de la UE para medir los niveles de privación material severa, pobreza relativa y la baja intensidad de trabajo por hogar. El reparto es el siguiente:

Comunidad Autónoma/Ciudad	Euros	Indicador AROPE (20%) PC (80%)
Andalucía	5.345.720	16,7
Aragón	1.137.185	3,6
Principado de Asturias	1.088.072	3,4
Illes Balears	885.993	2,8
Canarias	1.593.821	5,0
Cantabria	755.126	2,4
Castilla-La Mancha	2.161.542	6,8
Castilla y León	1.828.901	5,7
Cataluña	3.747.451	11,7
Extremadura	1.380.737	4,3
Galicia	2.391.746	7,5
Comunidad de Madrid	3.086.930	9,6
Región de Murcia	1.229.053	3,8
La Rioja	480.000	1,5
Comunitat Valenciana	2.887.724	9,0
Ciudad de Ceuta	1.000.000	3,1
Ciudad de Melilla	1.000.000	3,1
Total	32.000.000	100,0

El reparto de estos créditos  se cerrará en próximas fechas una vez envíen las Comunidades sus propuestas de programas para financiar, siempre de acuerdo con los requisitos mencionados antes.

Alfonso Alonso ha indicado que dicho fondo específico de apoyo a familias en situación de pobreza o privación material es el primero que para tal fin concreto incorpora un Gobierno a sus Presupuestos. Se trata, por tanto, de una muestra del compromiso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y del Ejecutivo en su conjunto, para ayudar a las familias que peor lo están pasando, en especial las familias con hijos menores a cargo desde una perspectiva integral y de inclusión social. Además, sigue la estela de la Agenda Social a la que el presidente Mariano Rajoy ha dado total prioridad con el fin de trasladar a las familias y ciudadanos españoles la mejora de la situación económica.

El Consejo Territorial, por otra parte, ha aprobado el reparto del Plan Concertado, que se mantiene en casi 27,5 millones de euros y se dirige a las corporaciones locales para dotar servicios sociales adecuados y cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. En este caso, los programas a financiar tienen que ver con la ayuda a domicilio, alojamiento alternativo y prevención e inserción social, es decir, comedores sociales, centros de día, pisos tutelados, albergues y centros de acogida. El reparto queda así:

Comunidad Autónoma	Euros		Porcentaje
Andalucía	5.358.655,57		19,691
Aragón	942.955,74		3,465
Principado de Asturias	853.966,85		3,138
Illes Balears	525.497,13		1,931
Canarias	1.190.600,69		4,375
Cantabria	420.724,27		1,546
Castilla-La Mancha	1.434.435,71		5,271
Comunidad de Castilla y León	2.076.951,87		7,632
Cataluña	3.870.608,82		14,223
Extremadura	941.050,78		3,458
Galicia	2.276.428,51		8,365
Comunidad de Madrid	3.128.490,40		11,496
Región de Murcia	804.437,86		2,956
La Rioja	408.205,95		1,500
Comunitat Valenciana	2.708.582,55		9,953
Ciudad de Ceuta *	136.068,65		0,500
Ciudad de Melilla *	136.068,65		0,500
Total	27.213.730,00		100,000

Se ha procedido también a la distribución del Plan de Desarrollo Gitano, de más de 412.000 euros, y a informar sobre la próxima convocatoria de las subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal, cuyo monto en 2014, ya concedido íntegramente, se situó en 10,5 millones. La cantidad a repartir en 2015 será de 10,7 millones.

 Por otro lado, se ha dado vía libre a la financiación del próximo Congreso del Voluntariado, que en 2015 se celebrará en Cantabria. Aragón acogerá la edición de 2016. Asimismo, se ha informado sobre la convocatoria los premios estatales al Voluntariado Social 2015.

FONDO EUROPEO PARA LAS PERSONAS DESFAVORECIDAS

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha señalado, además, que en el Consejo Territorial se ha dado información a las Comunidades Autónomas sobre el Fondo de Ayuda Europea a las personas más desfavorecidas, que viene a reemplazar al Plan de Ayuda Alimentaria, vinculado éste a la Política Agraria Común.

Esta partida, que es independiente del Fondo Social Europeo, abarcará el periodo 2014-2020, y según su Reglamento, a España llegarán más de 563 millones de euros. Los beneficiarios, ha explicado Alonso, serán aquellos individuos, familias, hogares o grupos que se encuentren en situación de pobreza económica, como las personas sin hogar o familias en una coyuntura de vulnerabilidad social.

Un informe de los servicios sociales públicos o de las entidades participantes en el programa, siempre que estas cuenten con trabajadores sociales o profesionales que efectúen funciones asimiladas, determinará si concurren las circunstancias mencionadas. De acuerdo con el reglamento del Fondo, han de concretarse, además, medidas de acompañamiento, por lo que no sólo se dispensarán alimentos, sino también información y orientación sobre la prestación directa de servicios o proyectos de inserción socio-laboral.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad preparará un mapa de recursos y un listado de las entidades que ofrecen tales servicios de inserción, y en un plazo previsto de tres o cuatro meses se distribuirán folletos con esta información segmentada por provincias.

Con el fin de avanzar en la preparación del reparto de este Fondo de Ayuda Europea, el Consejo Territorial ha aprobado la creación de un grupo de trabajo con los siguientes objetivos: establecer un protocolo de coordinación para la gestión de la ayuda alimentaria, homogeneizar en lo posible la derivación a los servicios sociales de las familias y personas valoradas y fijar unos patrones comunes para la redacción de los informes de los profesionales sociales.

INFORMACIÓN SOBRE ÚLTIMOS PROYECTOS LEGISLATIVOS

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha informado a las comunidades autónomas acerca de los anteproyectos de Voluntariado y del Tercer Sector, ambos aprobados por el Consejo de Ministros y a la espera de los informes preceptivos para que se aprueben como proyectos.

El primero ofrece un marco regulatorio adecuado y ajustado a los tiempos actuales, dado que se trata de un campo que ha evolucionado mucho en los últimos años. Aparte de configurar un marco jurídico, el anteproyecto refuerza la capacidad de las entidades del Tercer Sector de Acción Social como interlocutores con la administración general del Estado y define medidas para su sostenibilidad. El segundo, en cuya redacción participaron intensamente las propias Comunidades Autónomas y las ONG a través de su Consejo Estatal, ordena la acción solidaria de este país, incorpora nuevas modalidades, establece un régimen jurídico y, entre otros aspectos, promueve la participación de la empresa y el papel de las universidades.

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA

El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha acordado, por una parte, la modificación del acuerdo sobre criterios comunes de acreditación de calidad de los centros y servicios del Sistema de Dependencia, de modo que quede reforzada y garantizada. Por otra parte, comenzará a funcionar a partir de hoy un Grupo de Trabajo para que, en un plazo de tres meses, se determinen las actuaciones a realizar por las administraciones competentes. El objetivo consiste en certificar la cualificación profesional de los cuidadores y auxiliares de ayuda a domicilio.

Publicadas las estadísticas oficiales sobre la evolución del Sistema de Dependencia al cabo de 2014, lo que ha exigido la acomodación de las bases de datos de las Comunidades Autónomas a la nueva herramienta informática acordada para asegurar la transparencia y evitar irregularidades, el Consejo ha visto el balance del año pasado, que arroja las siguientes cifras.

•    Hay actualmente 745.585 personas beneficiarias con prestación efectiva, lo que supone el 83,4% del total de personas con este derecho reconocido y el 88,7% de los grandes dependientes y dependientes severos.

•    El 40% de los beneficiarios con prestación efectiva se han incorporado como nuevos beneficiarios en los últimos tres años.

•    La lista de espera se sitúa en 148.137 personas, un 51% menos que la cifra de diciembre de 2011.

•    El 77% de las personas que han causado baja del Sistema estaban cobrando la prestación (en este apartado conviene recordar que el 72% de los beneficiarios tiene 65 años o más; en tanto que el 53% es mayor de 80 años).

•    El reconocimiento de servicios profesionales representa el 59,7% de las prestaciones reconocidas, mientras que las económicas alcanzan el 40,2%.

Durante la reunión con las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha recordado que en el calendario de implantación progresiva de la Ley de Dependencia 2015 figura como el último del periodo de implantación, lo que culminará con la incorporación de los dependientes moderados.

Por ello, el Ministerio que dirige Alfonso Alonso y las Comunidades Autónomas han acordado la redacción de un estudio sobre la aplicación de la Ley en estos años y sobre la relación de ese grado de cumplimiento con las previsiones que recogía la Memoria Económica de la propia Ley. Del análisis de dicho estudio, se plantearían propuestas y medidas de mejora necesarias para seguir desarrollando la Dependencia.